Julio Miranda, el gobernador tucumano que por su desidia e incapacidad para aplicar políticas de contención social es responsable de la muerte de 11 niños por desnutrición, analizaba anoche la “posibilidad” de presentar la renuncia a su cargo. La razón, según fuentes del gobierno nacional, surgió luego de que ayer el juez Víctor Pérez solicitara su destitución por medio de un juicio político. El magistrado lo considera responsable del pago de coimas a 27 legisladores para que aprobaran la reforma constitucional con la que pretendía obtener su reelección. Todo esto ocurre mientras el área de salud de su gestión está virtualmente intervenida por el operativo sanitario que Hilda “Chiche” Duhalde conduce personalmente, y donde el mandatario no tiene siquiera participación.
Es el momento de mayor debilidad política de Miranda. Los hombres del presidente Eduardo Duhalde lo comparan con “un boxeador grogui, arrinconado en una esquina del cuadrilátero”. Hasta ayer, el mandatario consideraba como una de las alternativas para descomprimir la crisis de su gestión un adelanto de los comicios provinciales para el 27 de abril. Pero el pedido de destitución del juez Pérez es considerado por colaboradores de Duhalde como un escollo difícil de superar.
Anoche, la Comisión de Juicio Político de la Legislatura tucumana (el Parlamento provincial es unicameral) tenía previsto analizar los dos pedidos de juicio político que pesan sobre Miranda. El justicialismo pretende archivar ambos pero no le será tan fácil como pensaba. Si bien el PJ cuenta con el número suficiente para que la comisión sesione con quórum, no logran sentar a los dos legisladores ex bussistas que en más de una oportunidad funcionan como aliados. Ambos son imprescindibles a la hora de obtener los dos tercios requeridos para el archivo del juicio. Dicha incapacidad es una muestra de la debilidad en que se encuentra el otrora hombre fuerte del PJ.
No es la primera vez que le sucede a Miranda. El sábado pasado la comisión debía considerar el juicio político solicitado por un grupo de organizaciones no gubernamentales tucumanas y la reunión fracasó también por la ausencia de los ex bussistas Javier Lobo Aragón y Julio Topa.
A pesar de que hay cuestionamientos a los argumentos jurídicos por los que el juez pretende investigar a Miranda, la debilidad del mandatario los transforman en una verdadera espada de Damocles que provocó que el gobernador se reuniera con un estrecho grupo de colaboradores a considerar su renuncia. Tal vez no sea inmediata, pero ayer funcionarios del gobierno nacional consideraban que Miranda se estaba quedando sin alternativas. “Tiene más de 60 causas judiciales. Está muy complicado el hombre”, comentó a Página/12 un integrante del gabinete nacional.
En caso de concretarse la dimisión, el reemplazante sería el vicegobernador Sisto Terán. Este neoperonista surgido de las filas de la UCeDé y que llegó al PJ de la mano de Ramón “Palito” Ortega, también enfrentó un pedido de juicio político por la misma causa que hoy ahoga a Miranda. En esa oportunidad la comisión archivó el juicio político de Terán sin siquiera revisar la solicitud del juez Pérez.
El caso que investiga el magistrado comenzó el 22 de febrero pasado cuando el diputado nacional Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Bussi, denunció que el legislador de su partido Jorge De Faveri le había confesado que “el oficialismo había ofrecido plata para aprobar la reforma” constitucional. Hace cuatro meses, el juez solicitó el desafuero de los 27 legisladores sospechados de haber recibido la dádiva que asciende a dos millones de pesos. De este grupo, la mayoría es justicialista, el resto son bussistas (que luego de la denuncia debieron abandonar velozmente el partido) y un solo radical. El caso cobró fuerza cuando Alejandra Ducca, esposa del hasta ese entonces diputado bussista Mariano Poliche, declarara ante el fiscal anticorrupción Esteban Jerez que fue el propio Miranda quien autorizó el pago de los dos millones. Hoy, el testimonio de Ducca está cuestionado judicialmente por considerar que Jerez no tenía jurisdicción en el caso.
De todas formas, el juicio a Miranda es poco probable que prospere. Sobre todo si se tiene en cuenta que los legisladores que lo deben enjuiciar están involucrados en la misma causa.
Con Miranda debilitado, el peronismo tucumano se encuentra dividido y, como sostienen los pocos duhaldistas vernáculos, “sin conducción”. Así las cosas y frente a un radicalismo inexistente, el campo queda prácticamente despejado para el retorno de Bussi. Sin embargo, el duhaldismo considera que todavía hay una alternativa: el senador José Alperovich, el hombre que tiene una imagen positiva del 50 por ciento y que cedió una de sus casas para que Chiche Duhalde viva durante la semana que durará el Operativo Rescate de Tucumán.