Por una u otra razón el nombre de Mauricio Macri aparece y reaparece en la causa del espionaje. Esta vez fue en el testimonio de Susana Saint Torres, una de las víctimas de las escuchas digitadas por el ex policía y asesor del Ministerio de Educación porteño Ciro James. La mujer, un ama de casa de 49 años, responsabilizó por las pinchaduras a su esposo, un importante anticuario con quien está en proceso de divorcio. Saint Torres advirtió que su marido “tiene mucho dinero” y que tiempo antes de que a ella le intervinieran el teléfono, él hizo aportes para la campaña de Macri para jefe de Gobierno porteño. Entretanto, el juez Norberto Oyarbide, a cargo de la investigación, le prohibió la salida del país a la secretaria de uno de los juzgados de Misiones que ordenaban las escuchas ilegales. A los dos jueces de Posadas imputados, que faltaron ayer a la indagatoria, les pediría el desafuero el lunes próximo.

La mujer dio a entender que su esposo –que se llama Valentín Hugo Breitman y es dueño de HB Antiques– había contratado servicios de espionaje en más de una oportunidad. “Tiene mucho dinero y conoce a mucha gente. Tenía mucho contacto con gente poderosa, quien a cambio de buenas sumas de dinero le hacían cualquier tipo de trabajo, incluido el de intervenir teléfonos o realizar seguimientos”, dijo en su testimonio, al que accedió Página/12. Aclaró, de todos modos, que no sabía a quién había contratado en concreto. Breitman, acotó ella, “tiene una personalidad psicópata” y supone que también le intervino el teléfono de su casa.

Saint Torres y Breitman se separaron a fines de 2007 –siempre según el relato de ella– y el divorcio está en trámite. De acuerdo con la información que tiene el juzgado, su celular estuvo intervenido durante un mes, entre el 14 de noviembre y el 14 de diciembre de ese año. Un dato que coincide con ese mismo año, apuntó la mujer al dar su testimonio, es que su marido “aportó dinero para la campaña de Mauricio Macri para las elecciones en las que resultó electo jefe de Gobierno” porteño. Después de la separación, añadió a su relato, ella recibió “llamadas anónimas de teléfonos públicos donde le decían que su marido estaba poniendo mucho dinero para amenazarla de muerte”.

La metodología con la cual se hicieron las escuchas a la ex mujer de Breitman es la misma que se utilizó en otros nueve casos ya corroborados por el juez Oyarbide: James y un grupo de policías misioneros introducen el nombre de la persona a la que quieren espiar en una causa judicial por robo u homicidio, un juez de Posadas ordena la escucha y James retira las grabaciones de la SIDE.

El nombre de Macri apareció también la semana pasada en la declaración de su cuñado, Daniel Leonardo, otra de las víctimas comprobadas del espionaje. Cuando dio su testimonio ante el juez la semana pasada adjudicó las escuchas a su suegro, Franco Macri, y agregó que suponía que el jefe de Gobierno porteño habría colaborado con la operación. Franco, dijo Leonardo, quería separarlo de su hija a toda costa y hasta le ofreció dinero para eso. En los últimos días, en un reportaje con este diario y después de que lo balearan en un confuso episodio, suavizó sus comentarios sobre Mauricio, con quien dijo que se lleva muy bien. En el juzgado y en la fiscalía detectaron una coincidencia llamativa: a los pocos días que comienza la intervención telefónica a Leonardo, James fue contratado en el Ministerio de Educación porteño.

A Mauricio Macri lo mencionó ayer también el juez Oyarbide, cuando dijo públicamente que su juzgado está “trabajando en el entrecruzamiento de las llamadas telefónicas para detectar posibles comunicaciones de Palacios, Ciro James y otras autoridades policiales del señor Macri”.

Los dos jueces de Posadas que están acusados de disponer ilegalmente las escuchas, José Luis Rey y Horacio Gallardo, faltaron por segunda vez a la citación a indagatoria. Oyarbide no los puede mandar a detener porque sus fueros de magistrados los protegen, pero el lunes firmaría un pedido de desafuero que deberá tramitar en Misiones ya que son jueces provinciales. Rey presentó ayer un escrito donde dice que no se presenta porque se niega a reconocer que la investigación tramite en la Justicia porteña. A la secretaria de Gallardo, Mónica González, Oyarbide le concedió la eximición de prisión pero le prohibió la salida del país.

El lunes, además, se presentaría a dar su testimonio el empresario Jorge Navarro (hermano de Juan Navarro, del Exxel Group), otro de los espiados. Allegados a la causa señalaron que esta escucha podría llegar a tener algún punto de contacto con la que se hizo sobre el teléfono del abogado Francisco Castex (del poderoso estudio Iribarren). La mayoría de las personas espiadas son figuras públicas o ligadas a importantes empresas. El Fino Palacios aparece hasta ahora como uno de los principales sospechosos de estar detrás de la organización de espías. Intercambió 150 llamados con James.