Secretarios y empleados de la Corte Suprema cuchicheaban ayer en los rincones y tras las cortinas aterciopeladas del cuarto piso del Palacio de Justicia. Algunos estaban aterrados; otros hacían apuestas sobre el posible culpable. El alto tribunal se había convertido en un hervidero desde el momento en que el ministro Carlos Fayt anunció que acababa de promover una investigación sobre quién filtró a la prensa una copia de su propuesta para declarar la inconstitucionalidad de la pesificación. Ahora, dijo Fayt, modificará ese borrador en parte pero no en su esencia. De modo que siguen en pie las cinco voluntades necesarias para la firma de un fallo que dispondrá la devolución de depósitos en moneda de origen. En cuanto a los efectos, los supremos pedían ayer tranquilidad al Gobierno: incluirían una cláusula para limitar los alcances de la resolución.
La propuesta de Fayt apareció publicada, íntegra, por el diario Ambito Financiero. “Jamás en mis años en la Corte anticipé un voto, esta vez tampoco, no he sido yo”, aseguró el ministro. “Yo había entregado a mis pares un proyecto, que contenía cuestiones técnicas. Ni si quiera era un voto. Era un planteo para debatir. No hay juez que haya dado a un periodista un proyecto como si fuera un fallo. Esto confunde a la gente. Así que dispuse que el Cuerpo de Auditores proceda a detectar quién fue el responsable”, explicó furioso a Página/12. Este escenario de escándalo planteado por Fayt alimentó las especulaciones en el tribunal.
–Me consta, por relatos confiables, que el texto de Fayt lo entregó el ministerio de Economía –decía un funcionario.
–No, yo estoy convencido de que fue un ministro de acá, uno que viene defendiendo a los bancos (en alusión a Antonio Boggiano) –retrucó otro.
“No creo que hayan sido los ministros”, dijo Fayt, consultado por este diario. “Es regla de oro entre nosotros que no se filtra un voto antes de firmar el fallo”, añadió. El martes próximo planteará el tema en la reunión plenaria. “Y a quienes me acusan de haber cambiado de opinión (se había sumado, y luego se arrepintió, a un proyecto de Boggiano y Augusto Belluscio para frenar los amparos) les digo que se equivocan, esta va a ser la primera vez que me expida sobre la cuestión de fondo”, remató.
Hasta la semana pasada en la Corte había cuatro ministros –Guillermo López, Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Eduardo Moliné O’Connor– intentando apurar la firma de un fallo que declare inconstucionalidad de la pesificación y el corralón, tal como anticipó este diario. Faltaba un voto para lograr la mayoría necesaria y esa voluntad se confirmó esta semana cuando Fayt puso a circular entre sus colegas una propuesta que apuntaba en el mismo sentido. La ausencia del presidente del tribunal, el riojano Nazareno, quien está en México, impidió que el pronunciamiento se concretara, pero a la vez sirvió para testear las reacciones.
El ministro de Justicia, Juan José Alvarez, y otros funcionarios de la Casa Rosada seguían ayer manteniendo reuniones con gente de la Corte y con juristas amigos, entre ellos Carlos León Arslanian, buscando fórmulas frenar el inminente fallo, postergarlo, o acotar sus efectos. Ante la situación que se planteó con Fayt, ayer a la tarde circuló una versión que sugería que en el Gobierno y en los bancos estaban pensando en recusarlo, con lo que podrían al menos extender los tiempos. “Si eso ocurre, la Corte puede rechazar el planteo y, si no, elegir otro expediente, que los hay a montones, para resolver lo mismo”, se jactó un alto funcionario del tribunal supremo. Un asesor del Poder Ejecutivo sugería: “Al menos Fayt debería excusarse o cambiar categóricamente su voto después de lo ocurrido”.
Aprietes van, aprietes vienen, en la Corte tres ministros daban por hecho ayer que la resolución saldrá, y sin mucha demora. Descartaron estar previendo, por lo pronto, audiencias con los bancos u otras estrategias dilatorias. “Hay que firmar esto antes de fin de año, no se puede tener ala gente sumida en el suspenso, y mejor hacer esto antes de que cambie el Gobierno”, coincidieron dos funcionarios de la Corte.
Lo que no está definido es si el fallo determinará en qué plazos y de qué manera se deberá restituir los fondos. Al menos Vázquez y López se inclinarían por limitarse a evaluar la legalidad de las normas y dejar librado a los otros dos poderes los mecanismos de devolución. Nazareno y Moliné podrían acompañarlos. Fayt, en principio planteó que los jueces de grado debían determinar los plazos de devolución, contemplando la diferencia entre ahorristas e inversionistas. Una de los temas que ahora este ministro intentaría dejar en claro en su nuevo proyecto es que primero debería haber un acuerdo entre los bancos y los clientes y, si no se logra, recién entonces sería remitido al juez.
Entre los mayores temores que el presidente Eduardo Duhalde expresaba ayer entres sus colaboradores, aludía a que el inminente fallo habilite interpretaciones que lo hagan extensivo a las deudas y contratos pesificados. En el Banco Central, insistían con la posibilidad de hiperinflación si la devolución fuera inmediata y proclamaban el bono compulsivo, mientras en Economía se mostraban más calmos analizando otras alternativas. En la Corte replicaban: “no va a pasar nada, no se va a caer el país, como tampoco se cayó con el fallo Smith”. Y aclaraban, en tono de concesión, que la resolución llevaría una cláusula que limitaría sus alcances al expediente bajo análisis, “para que se entienda que no comprende otras situaciones”. El caso en el que resolverían la redolarización es el de María Ester Beratz, una ahorrista de Bahía Blanca que reclama 13.096,16 pesos. Nazareno, aparentemente, llegaría al país este martes. El 10 de diciembre podría aún ser un día de definiciones.