El candidato del Gobierno para integrar la Corte Penal Internacional de La Haya podría ser acusado de ser un “testigo reticente”. El juez de la Corte Suprema Antonio Boggiano se negó a ser interrogado en una causa en la que se investiga la supuesta extorsión a un empresario italiano durante la tramitación de un crédito millonario. Es uno de los pocos casos que permanece abierto derivado de la megacausa conocida como la “Tangente” (coima), pero estuvo desactivado varios meses mientras paseó por varios juzgados y fiscalías. En la denuncia original, la Oficina Anticorrupción (OA) mencionó al canciller Carlos Ruckauf, al ex ministro de Economía Domingo Cavallo, a Emir, Omar y Karim Yoma, y a Giorgio de Lorenzi, ex representante del Banco Ciudad en Roma. De Lorenzi no está imputado formalmente pero es el principal acusado del caso. Sin embargo, sigue dando conferencias sobre las virtudes del intercambio comercial con Italia como si nada hubiera pasado.
A principios de 2001 la OA denunció una maniobra desplegada por ex y actuales funcionarios públicos para desviar un préstamo otorgado en el marco del tratado entre la Argentina e Italia para la creación de la Relación Asociativa Particular. El organismo anticorrupción describió que en septiembre de 1988 se firmó un convenio de construcción entre la empresa italiana MAT y la Amcta (Asociación Mutual de Conductores de Taxis y Afines) para la instalación de 50 estaciones de gas natural comprimido en todo el país, y un contrato de financiación con el Banco Hispanoamericano por 110 millones de marcos alemanes, que fue garantizado por la Sezione Speciales per l’Assicurazione por el lado italiano, y por el Ministerio del Interior argentino.
Según publicó en su momento el diario Río Negro, los dueños de MAT se negaron a pagar una “tangente” (coima) y por eso habrían sido presionados para ceder el negocio a otros empresarios italianos, los CastiglioniBraghieri de la Corimec, conocidos por haber regalado una Ferrari al ex presidente Carlos Menem. Los investigadores de la OA viajaron a Milán para interrogar al empresario italiano Vittorino Serri (MAT) y a su socio argentino Armando Torres (Amcta). Serri afirmó que el ex representante del Banco Ciudad en Italia Giorgio De Lorenzi le pidió una suma de dinero, si no se bloqueaba el crédito. “De Lorenzi me dijo que debía desembolsar 40 millones en cuanto servían para las exigencias de un influyente personaje político argentino de nombre Manzano, ex ministro del Interior (...) que venía directamente a Italia para el negocio MAT-Amcta para forzar al embajador Ruckauf que debía emitir un parecer positivo o negativo sobre el proyecto”, declaró Serri en Milán el 13 de noviembre de 1998 ante el director de Investigaciones de la OA, Manuel Garrido. “Pocos días después de los pedidos de De Lorenzi, el embajador Ruckauf emitió un documento en el cual declaró que el proyecto era de prioridad nacional”, completó.
El inversor parmesano se negó a pagar, pero Amcta “consideró oportuno ceder” porque habían invertido mucho. Así lo reconoció Torres ante Garrido el 19 de octubre de 1998. “Sé que a De Lorenzi se le entregó la suma de 50 millones en efectivo en el hotel Ambasciatori de Roma, a través de un correo en dos sobres”, completó. Serri se quejó frente a los funcionarios de la OA de haber sido conducido por De Lorenzi “a una situación desesperada, para inducirme a ceder toda la operación a la Corimec”. El empresario perdió el anticipo de materiales para las estaciones y muchos de sus bienes porque MAT quebró. Y decidió demandar al Estado argentino.
“Admito que de parte de Domingo Cavallo existió un pedido de 200 mil, aunque no dirigido a mí, pero esa suma debía servir para facilitar la operación y corromper funcionarios y empleados en varios niveles para obtener facilidades fiscales”, aseguró Serri en otra parte de su declaración. “Cavallo me pidió que los trabajos de construcción de las estaciones de servicio fueran realizados por una empresa de su hermano(Jorge Cavallo), fue así que firmé un acuerdo con el hermano del ministro que me prometió que así no nos haría pagar el arancel por las máquinas que enviáramos al país”, agregó el empresario en una entrevista publicada en Data 54. En el expediente consta que Serri manifestó haberse reunido varias veces con integrantes de la familia Yoma, y que Emir le solicitó el 10 por ciento del monto del negocio para que no se frustre la operación.
El convenio financiero exigía una opinión legal que el banco Hispanoamericano solicitó al estudio Marval O’Farrel. Antonio Boggiano, que aún no era ministro de la Corte Suprema, y Miguel O’Farrel firmaron un dictamen favorable. En medio del trámite, el estudio volvió sobre sus pasos y envió una nota al banco para que no tomara en cuenta ese dictamen. Incluso devolvieron los honorarios que habían cobrado. El entonces codirector del Hispanoamericano Giorgio Solighetto, que también denunció la maniobra y fue despedido, se comunicó con Boggiano, quien le manifestó que estaba totalmente ajeno a esa carta y que ratificaba la validez de las garantías, según consta en la denuncia de la OA.
Paseo y reticencia
La causa pasó por las manos de los jueces Gabriel Cavallo y Norberto Oyarbide. Ese magistrado la delegó en la fiscalía de Eduardo Freiler y Federico Delgado, quienes ordenaron una serie de medidas pero luego determinaron que debía pasar al juez Jorge Ballestero que investigaba hechos similares pero a partir de una denuncia anterior. Sin embargo, el expediente volvió al juzgado de Oyarbide, quien lo delegó de nuevo en los fiscales Freiler y Delgado, para que sea agregado a la causa madre sobre la “Tangente”. En abril del año pasado la OA solicitó la reactivación de la causa e insistió en pedir medidas de prueba.
En su primera intervención los fiscales accedieron al pedido de la OA para interrogar como testigo a Boggiano, que presentó un pliego de preguntas, pero no pudieron concretarlo. “A todos los intentos por lograr contar con su versión opuso reparos de frágil justificación”, escribieron los fiscales en el mismo dictamen con el que avalaron la denuncia de la OA. El 15 de noviembre ese organismo reiteró la necesidad de escuchar a Boggiano como testigo. “Más allá de su función y jerarquía el doctor Boggiano, como ocurre con cualquier testigo, tiene la obligación de declarar ante el requerimiento formulado en este caso por el fiscal”, expresaron Garrido y Sergio Rodríguez en su escrito. “Es menester poner de resalto que no se requiere la intervención del ministro de la Corte Suprema en su carácter de tal”, agregaron. Los denunciantes criticaron que los fiscales hayan dejado “pendiente” la declaración de Boggiano “por voluntad del propio testigo”. Y anunciaron que podrían iniciar una demanda por negarse a prestar testimonio ante la Justicia, delito establecido en el Código Penal y penado con 15 días a un mes de prisión. Sin duda, una mancha en el currículum del postulante a la Corte Penal Internacional.