El ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, ratificó su denuncia para que sea investigada la presunta participación de policías, jefes policiales en actividad, retirados y exonerados en el reclutamiento de menores para cometer crímenes que desestabilicen su gestión y la del gobernador Daniel Scioli. Lo hizo frente al fiscal platense Marcelo Romero, quien quedó a cargo de la investigación. Precisamente, manteniendo el detonante dentro del perímetro de la Bonaerense, Romero deslizó a los medios que citará a testimoniar para hoy a la cúpula policial, empezando por el jefe, Juan Carlos Paggi. Según el fiscal, en la audiencia Stornelli “aportó documentación útil para la causa”. Entretanto, el comisario Andrade, ex jefe de la cuestionada Dirección Sustracción de Automotores, quedó o debería haber quedado en situación de relevo, esto es, según la reglamentación vigente, sin arma reglamentaria, sin despacho, con medio sueldo y en su casa.

La investigación que debería desarrollar Romero es tratar de descubrir si existe un hilo entre los asesinatos de tres mujeres y graves heridas a una cuarta, cometidos a partir del 17 de noviembre pasado, un día después de que, según la denuncia de Stornelli, él mismo interviniera sobre los negocios ilegales que había detectado en el área de automotores. La deducción de Stornelli, a partir de descripciones de supuestos anónimos, es que los crímenes de Renata Toscano, en Wilde; Sandra Almirón, en Derqui; y Ana María Castro, en Lanús; y las graves heridas provocadas a Claudia Pitti, en Villa Bosch, es que se trató de “maniobras” encubiertas como supuestos “robos de automotor” con el fin de desatar críticas mediáticas, conmoción social, para desestabilizarlo y provocar su renuncia.

La audiencia de ratificación se extendió aproximadamente durante una hora y media, en el despacho del propio ministro, donde Romero concurrió junto con dos abogados de la fiscalía. Según revelaron fuentes cercanas a la investigación, Stornelli presentó documentación que habría reunido el reemplazante de Andrade en la polémica dirección, Carlos Alejandro Catalano, comisario inspector, de mayor jerarquía que Andrade, y notas periodísticas, entre ellas una que hacía referencia a una denuncia mediática del ex gobernador Felipe Solá y el entonces ministro de Justicia y Seguridad Juan Pablo Cafiero, en agosto de 2002, quienes aseguraban la existencia de “bandas mafiosas que agravan la inseguridad” entre las que no se descartaba la participación policial. En aquel momento, el gobierno bonaerense vinculaba dos casos, el del prestamista Marcelo Penna (que apareció esposado y asesinado de dos tiros en el parque Pereyra Iraola, el 11 de julio de 2002) y la aparición de tres hombres acribillados y decapitados, en el asiento trasero de un auto en José Ingenieros, con antecedentes por robo y narcotráfico. En ambos casos, la información oficial vinculaba los crímenes con una mano negra policial. Inclusive, en aquel momento no se descartaba la existencia de una “cúpula policial paralela”.

Los hechos parecen calcados. Entre los allegados a Stornelli lo que se buscó subrayar es que se trató de la primera vez que se judicializa una denuncia de semejante tenor desde el mismo ámbito ministerial.

En todo caso, desde los sectores críticos a la gestión de Stornelli se apuntaba que “la investigación quedó en manos de un fiscal (por Marcelo Romero) que archivó varias causas en las que fue denunciada la policía por reclutamiento de menores”, confió un funcionario judicial a este diario. “¿Por qué no presentó la denuncia hace quince días, cuando desplazó a Andrade, y esperó a que tomara el turno Romero?”, preguntó el mismo funcionario. Y agregó dos causas en las que le tocó competencia a Romero, “la IPP 22834-09 y la 11805-09, en las que se presentaron denuncias contra funcionarios gubernamentales y policías, en las que las víctimas resultaban ser menores de edad, y fueron archivadas”.

Desde Seguridad, en cambio, aseguran que Stornelli esperó a reunir datos para presentar la denuncia. Parte de la documentación presentada ayer, según fuentes ministeriales, la reunió Carlos Alejandro Catalano, un comisario mayor designado a mediados de noviembre en reemplazo de Andrade en la cabeza de Sustracción de Automotores. Según rememoran en la Bonaerense, Catalano ya conocía a Andrade: hace unos cinco años trabajaron juntos en la Brigada de Investigaciones de La Matanza. Catalano como jefe operativo y Andrade como jefe de judiciales. Ambos estaban bajo las órdenes de otro ex jefe de Sustracción de Automotores, Osvaldo Seisdedos, a quien muchos señalan como uno de los actuales asesores ministeriales.

En su denuncia, Stornelli detalla ocho decisiones tomadas por él que habrían provocado la reacción mafiosa. La primera fue el relevo del jefe (Andrade) y toda su cúpula, además de unos 15 peritos verificadores. Además, evitar que “cada jefe de planta tuviera su propio manual de procesamiento de vehículos”, lo que facilitaba las verificaciones truchas. Los peritos fueron enviados a tareas operativas en la calle y se trató de impedir que realizaran las verificaciones “externas”. Se ordenó colocar cámaras de seguridad (seguramente Romero solicitará los videos como pruebas) lo que, según consta en la denuncia, “permitió percibir un gran descontento en parte del personal del área”. Se limitaron a casos excepcionales las verificaciones fuera de las plantas oficiales. Se aseguró la venta de formularios dentro de las plantas y al precio fijado por ley, cuando eran vendidas al doble de su precio en los comercios de la zona.

En su denuncia, además, Stornelli recordó que Sustracción de Automotores “conglomera el control de las distintas plantas de verificación”, por las que pasan, en total, “miles de rodados por día” y que “deben funcionar como filtro para la legalización de todo tipo de trámites” indispensables “para transferencias de dominio o créditos prendarios”. También describió a los peritos verificadores como “los únicos responsables del tecnicismo de la verificación, aprobación o judicialización en caso de irregularidades, y de todo trámite ante el Registro de la Propiedad Automotor, resultando a las claras ‘los dueños de la situación –aseguró Stornelli, destacando en bastardilla– cuando la voluntad de la conducción así se lo permite’”.

Se sobreentiende que al menos los 15 peritos desplazados habían quedado en la lupa como parte de “los dueños de la situación”, y que la cúpula desplazada de la polémica Sustracción de Automotores vendría a ser la “conducción” que aportó su “voluntad”.

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