Veintiséis senadores opositores llevaron ayer ante la Corte Suprema un documento en el que solicitan que se los considere “amicus curiae” (amigos del tribunal) cuando los supremos deban resolver cualquiera de las causas iniciadas por las provincias en reclamo al Gobierno por deudas de recursos coparticipables. El pedido, que lleva la rúbrica de 35 senadores, afirma que “nos encontramos legitimados para actuar como amigos del tribunal, por el rol institucional que la Constitución nos concede en defensa y salvaguarda de los derechos e intereses de las 21 provincias, a las que con el voto del pueblo representamos”. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, consideró el encuentro como “una audiencia institucional”, explicó a sus interlocutores que “el proceso judicial es lento” y les advirtió que se estudiará “caso por caso” y no en bloque. “No se puede soportar más que los gobernadores sean rehenes del kirchnerismo, por ello vamos a luchar por las autonomías provinciales”, afirmó el radical Gerardo Morales al término del encuentro, en las escalinatas de Tribunales. Adentro, en la reunión que se realizó en la flamante sala de teleconferencias del cuarto piso, los términos del diálogo fueron otros.

“Sabemos que es un tema político y central del Congreso, pero hablamos de un tema que tiene cuestiones de inconstitucionalidad en la que no se cumple con el piso del 34 por ciento que establece para las provincias la ley de coparticipación”, abrió el fuego Morales frente a Lorenzetti y los ministros Elena Highton y Juan Carlos Maqueda.

En el pedido, los senadores incluyeron reclamos por la aplicación de la coparticipación federal y la distribución del impuesto al cheque, los ATN, las retracciones sobre el IVA, a las Ganancias, Bienes Personales y otros gravámenes, además del financiamiento de la Anses.

Lorenzetti primero hizo una aclaración: “Es la primera vez en toda la historia que un grupo tan importante de senadores llega hasta la Corte Suprema, y esto causa conmoción. Por eso hay que explicar en qué contexto se hace frente a la comunidad”. Luego explicó que separaron las causas vinculadas “con temas que pueden englobarse dentro de la coparticipación y el federalismo”, pero que el “proceso se resolverá caso por caso”.

Una decisión que respaldó Adolfo Rodríguez Saá: la causa iniciada por San Luis es una de las más avanzadas. Las otras corresponden a Córdoba, La Pampa, Chubut, Santa Fe y Corrientes. “No vamos a delegar responsabilidades, venimos a compartir angustias”, aseveró Luis Juez. Highton advirtió que “no hay que crear expectativas en los ciudadanos”. El socialista Rubén Giustiniani afirmó que mantendrán “el tema federal en la agenda parlamentaria”, pero insistió en que “mientras en 2003 sólo dos provincias tenían déficit, según el presupuesto 2010 sólo dos de las 24 provincias no afrontarán ese problema”.

Aunque no dio una respuesta concreta, Lorenzetti sostuvo que “hay que mantener el diálogo como instrumento institucional”. Para la oposición fue una demostración de fuerza, que incluyó a aliados K como la chubutense Graciela Di Perna y los pampeanos Carlos Verna y María Higonet, que aunque no adhirieron a la iniciativa harán un presentación similar por separado. En tanto, el jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Pichetto, y Eric Calcagno acusaron a la oposición de “ejercer una presión insostenible sobre el máximo tribunal, con esta pretendida presentación como ‘amicus curiae’”, y consideraron el pedido como “totalmente inviable”.