La Sala I de la Cámara Federal dobló la apuesta en la causa de las escuchas ilegales y advirtió que la trama que involucra al ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios y al ex policía y empleado porteño Ciro James, revela “la posibilidad cierta de estar frente a un aparato paraestatal de espionaje de dimensiones por el momento desconocidas”. El tribunal decidió “exhortar” al juez Norberto Oyarbide a que “extreme los esfuerzos” en la investigación acorde con “la gravedad de los hechos”. La definición surge de un fallo firmado ayer en el que el tribunal confirmó los procesamientos de Palacios y James e indicó que deben seguir con prisión preventiva. No fue la única noticia adversa que recibieron en un mismo día: la otra es que la Corte Suprema resolvió por unanimidad que el expediente deberá quedar a cargo únicamente de Oyarbide y no, como pretendían el policía favorito de Mauricio Macri y otros imputados, en manos de la justicia de Misiones, de la que esperaban mayor benevolencia.

El fallo de la Cámara Federal, al que accedió Página/12, le señala al juez que no debería detenerse en cada pinchadura telefónica en forma asilada porque todo hace suponer que se habría partido de una estructura de espionaje. Dice que “fue acertada la primera impresión” de Oyarbide “sobre la gravedad de los hechos” al abrir la investigación, pero sostiene que las primeras escuchas detectadas muestran “solo una arista de una maniobra delictiva de contornos mucho mayores”. El tribunal rechazó así los intentos de Palacios por anular lo actuado por el juez, con el argumento de que lo que había era un delito “acción privada”.

Según los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, existen “pruebas contundentes” que incriminan a Palacios y James, pero deslizan que se debería seguir subiendo en la escala de responsabilidades. “La posibilidad cierta de estar frente a un aparato paraestatal de espionaje de dimensiones por momento desconocidas que se haya servido del sistema nacional de inteligencia y sus recursos para funcionar”, advierte el texto, “obliga a extremar los esfuerzos pesquisitivos, pero también aquellos que hacen a la orientación y decisión judicial para abarcar en su justa medida la conducta de los responsables de tamaña maniobra ilícita”.

Palacios está implicado en al menos tres escuchas ilegales antes, durante y después de su paso por la jefatura de la Policía Metropolitana: la escucha a Sergio Burstein, de Familiares de las Víctimas del atentado a la AMIA, la del empresario Carlos Avila y la del gerente de Supermercados Coto, Rodrigo Blas Velazco. Siempre aparece en coordinación con James, con quien había trabajado en la Policía Federal y fue contratado el año pasado por el Ministerio de Educación porteño en un cargo de asesor legal que para el juzgado fue pantalla de sus actividades de espía. A James, que pasaba muchas más horas en el Ministerio de Seguridad, donde está la Metropolitana, se le imputan una decena de pinchaduras.

La resolución de la Cámara confirma los procesamientos de Palacios, James y los policías misioneros Diego Guarda, Raúl Rojas y Rubén Quintana por los delitos de intercepción indebida de comunicaciones y falsedad ideológica de documento público, entre otros. También convalida los embargos iniciales de 10 mil pesos. Los camaristas aún no se pronunciaron sobre los procesamientos por asociación ilícita y defraudación a la administración pública que se sumaron la semana pasada.

La detención preventiva de Palacios y James es para el tribunal “necesaria, razonable y proporcional” en relación con los hechos. El fallo fundamenta que deben seguir presos porque, como sostuvo Oyarbide, cuentan con posibilidades –ya que manejan sofisticado equipamiento para hacer espionaje– de entorpecer el expediente. En el caso de Palacios el juez aludió también a sus “contactos políticos”.

De la resolución se desprende que aún hay que desentrañar la posible existencia de una organización de espionaje y –aunque no lo explicita pero lo sugiere– su eventual vinculación con el Gobierno de la Ciudad. La escucha ilegal a Leonardo –por la que él mismo apuntó a su suegro Franco Macri y a su cuñado– y la designación de James en Educación justo cuando se produjo esa pinchadura, son dos pistas claves. También el nombramiento de una veintena de ex agentes de inteligencia de la Federal en la Metropolitana y la supuesta designación de ex agentes de la SIDE en áreas de gobierno.

La participación de dos jueces misioneros y cuatro secretarios judiciales en la trama de las escuchas explica sus intentos por lograr sacarle la causa a Oyarbide y mudarla a sus propios tribunales, donde en estos meses cosecharon muestras de protección. El juez Fernando Verón hasta abrió en Posadas una causa paralela a pedido de una de las imputadas. Sin embargo, la Corte Suprema de la Nación en un fallo unánime le ordenó ayer cesar en su intervención y dejar todo el expediente a cargo del magistrado porteño. El tribunal tomó como base un dictamen de la Procuración que decía que la causa debe seguir en Capital Federal, donde “se consumaron las intromisiones ilegales y se habría pergeñado el espionaje”.