EL PAíS › OPINIóN
› Por Pablo Imen *
El pensamiento flamígero de Abel Posse lo terminó hundiendo en los fuegos del exilio.
Sus declaraciones reivindicando el terrorismo de Estado, demonizando a los jóvenes y a los desocupados, así como sus llamamientos a resolver el conflicto social por la vía represiva consiguieron unificar a un amplio abanico de fuerzas democráticas que repudiaron su nombramiento y su “método pedagógico” pretoriano.
Mauricio Macri dijo en campaña electoral: “el mejor intendente que tuvo la ciudad fue Cacciatore”, y esa frase se reveló tanto en sus políticas como en sus nombramientos.
En su proyecto de “ciudad para pocos”, el Poder Ejecutivo avanzó en el vaciamiento de lo público, en procesos de privatización, y se completa con políticas autoritarias y represivas, cuya avanzada pretoriana es la tristemente célebre Unidad de Control del Espacio Publico (UCEP) y que se destacó en prácticas violentas y humillantes contra sectores literalmente expuestos a la intemperie.
¿Se trata esta decisión de un error de cálculo? Creo que, más bien, responde a una concepción del mundo elitista y autoritaria. Primero, la política educativa conducida en la gestión de Mariano Narodowski tuvo un sesgo devastador sobre (y contra) la educación pública: recorte de las becas estudiantiles, quita de las jornadas de reflexión docente, prohibición a los docentes de expresarse por medios de comunicación, solicitud de elaboración de listas negras de huelguistas, cambios en la vianda escolar, reducción del presupuesto educativo, incremento de la transferencia de fondos públicos al financiamiento de la educación privada, hostigamiento a las organizaciones sindicales docentes. Los efectos de estas políticas están a la vista: se amplió aún más la brecha de la desigualdad educativa. Se trató de una política neoliberal-conservadora, en consonancia con la política pública del macrismo. Y fue así más allá de los editoriales del house organ del Ministerio de Educación –revista Plural– en los que el doctor Narodoswki citara a Michel Foucault o Paulo Freire.
Segundo, el mismo día en que juró Abel Posse asumió como nuevo jefe de la policía Eugenio Burzaco, quien cuenta entre sus méritos más significativos con haber asesorado en materia de seguridad al ex gobernador Jorge Omar Sobisch, responsable político del asesinato del maestro Carlos Fuentealba.
Tercero, el nombre de Esteban Bullrich no es inocuo, y expresa la voluntad férrea de continuar una misma política de desmantelamiento de lo público, privatización y autoritarismo en el modelo de gobierno.
El joven diputado estuvo presente en el debate de la Ley de Educación Nacional y él mismo presentó un proyecto propio denominado “Ley Federal de Educación”. En aquel proyecto se retomaban y profundizaban los lineamientos de las políticas neoliberal-conservadoras de los años noventa. La educación allí no era definida como “derecho social” y se puso en el centro la perspectiva tecnocrática de calidad educativa. No se trataba de formar hombres y mujeres libres, completos, ciudadanos, sino repetidores eficaces de un paquete pedagógico que para el educando y para el educador expresaron una imposición escasamente significativa para la relación de enseñanza aprendizaje.
Para ello proponía crear una Auditoría Federal de Evaluación Educativa, que debía leerse en clave de privatización con algunas definiciones muy significativas: “asegurar en el nivel secundario la enseñanza de los principios de la iniciativa económica (...) y de la organización empresaria” (artículo 13 inciso e); la libre elección de los padres “con el derecho inalienable a decidir en los asuntos relativos a la educación de sus hijos conforme sus propias convicciones éticas y religiosas” (artículo 4º, inciso 6). Agregaban sus fundamentos que “con respecto al financiamiento proponemos un viraje sustancial mediante el cual podamos determinar el costo de la educación por escuela y por alumno”, mientras advertía a los sindicatos sobre “el deber ineludible de los docentes de comprometerse en que el ejercicio de su profesión sólo puede interrumpirse en casos de fuerza mayor: los alumnos no pueden ser rehenes de demandas sindicales. (...) Queda pendiente en esta materia la formulación de una ley marco que regule la carrera docente”.
En suma, el avasallamiento del macrismo contra los derechos ciudadanos y por el desmantelamiento de la educación pública continúa en una misma dirección, aunque ahora bajo una figura –el sonriente Esteban Bullrich– que se presenta como aideológica y eficientista. Es un botón de muestra del proyecto que la derecha política está plasmando. ¿Será éste el basamento de la nueva ley de educación de la ciudad?
La comunidad educativa sigue en pie, resistiendo, imaginando y ensayando una escuela pública emancipadora e igualitaria contra las propuestas exclusivistas y excluyentes que el macrismo ofrece como presente y como futuro.
* Coordinador del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
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