Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez serán nuevamente juzgados el año próximo en Tucumán por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, cuando eran dueños de vidas y muertes en el norte argentino. El Tribunal Oral Federal de la capital tucumana los juzgará a partir del 17 de febrero por privaciones ilegales de la libertad, torturas y homicidios en perjuicio de veintidós víctimas que pasaron por el centro clandestino de detención que funcionó en la jefatura de la policía provincial, ubicada en pleno centro de San Miguel, donde hoy funcionan dependencias del Ministerio de Educación y de la Brigada de Investigaciones de la policía.

Se trata del segundo juicio celebrado en Tucumán por violaciones a los derechos humanos. El primero concluyó el 28 de agosto del año pasado con las condenas a prisión perpetua de Bussi y de Menéndez por la desaparición del ex senador peronista Guillermo Vargas Aignasse. El secuestro ocurrió días antes del último golpe de Estado, cuando Bussi estaba al frente de la V Brigada de Infantería que dependía del Tercer Cuerpo de Ejército, con asiento en Córdoba, comandado por Menéndez.

A diferencia de Menéndez, que ya protagonizó dos juicios históricos en Córdoba junto a sus subordinados del Destacamento de Inteligencia 141 y del Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial, el ex gobernador tucumano sólo fue juzgado junto a su superior. Esta vez tendrá compañía: también se sentarán en el banquillo el general retirado Alberto Luis Ca-ttáneo (segundo de Bussi en su carácter de segundo comandante de la subzona militar 32 y jefe de la “comunidad informativa” local), el ex jefe de la policía coronel Albino Mario Zimmerman y los ex policías Roberto “El Tuerto” Albornoz (subjefe de policía y jefe del Servicio de Inteligencia de esa fuerza) y los agentes Luis de Cándido y Carlos de Cándido.

El proceso que comenzará en un mes y medio, a cargo de los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi, es el producto de la unificación de trece expedientes que tramitaron por separado durante la instrucción y que fueron acumulados a instancias de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación. El mismo criterio se aplicó con los sesenta y cinco expedientes que ahora conforman la megacausa conocida como Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde funcionó otro centro clandestino y donde al menos hasta el mes de junio se alojaron como presos VIP Cattáneo y Zimmerman.

A pesar de la condena, Bussi goza del privilegio del arresto domiciliario en su country de Yerba Buena, en las afueras de Tucumán. El Tribunal Oral decidió diferir la revisión del lugar de ejecución de la pena para cuando la sentencia quede firme. Por el mismo artilugio continúan en libertad el general Jorge Olivera Róvere y los brigadieres Hipólito Mariani y César Comes, con condenas simbólicas del TOF5 porteño. Distinta es la situación de Menéndez, con prisión efectiva desde 2008 por decisión del TOF de Córdoba.

El defensor de Menéndez, Horacio Guerineau, solicitó la citación como testigos de Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, ex ministros de Economía y de Trabajo de María Estela Martínez de Perón, por haber refrendado el decreto 261/75, que además de haber dispuesto el Operativo Independencia en Tucumán ordenó “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos”. La fiscalía federal, en tanto, ofreció los testimonios del escritor Ernesto Sabato y de la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, que integraron la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que elaboró el informe denominado Nunca Más.