El dudoso testigo C, un ex alto funcionario de la inteligencia iraní, ratificó ayer que el régimen de Teherán le pagó diez millones de dólares al ex presidente Carlos Menem seis o siete meses después del atentado contra la Embajada de Israel, ocurrido en marzo de 1992. El acuerdo consistía en que, a cambio del dinero, Menem diluiría las acusaciones contra Irán. Sin embargo, Abolgashem Mesbahi, el verdadero nombre de C, no pudo identificar al funcionario menemista que supuestamente viajó cuatro veces a Teherán para negociar ese pago, pese a que le mostraron 29 fotos de hombres que rodeaban a Menem cuando éste habitaba en la Casa Rosada. El testimonio de C fue tomado ayer por el juez Juan José Galeano y el fiscal José Barbaccia, quienes actúan en la causa AMIA y viajaron a la ciudad alemana de Karlsruhe porque Mesbahi es un testigo protegido de la Justicia teutona.
C ya declaró tres veces en la causa AMIA: en 1998 y en 2000. La tercera empezó ayer y terminará hoy. Los alemanes lo consideran un arrepentido valioso, ya que, después de desertar del régimen de los ayatolas, les ayudó a esclarecer la llamada matanza del Café Mikonos, un asesinato de opositores iraníes ocurrido en Berlín. El juez Galeano ha ido ahora a Karlsruhe para tomarle esta última declaración a C y prácticamente tiene redactado un fallo por el cual le adjudicará la responsabilidad del atentado a Irán y le atribuirá la mano de obra a la organización libanesa, financiada por Irán, Hezbollah.
Según trascendió ayer, el testigo ratificó lo dicho en el año 2000: que un funcionario menemista viajó a Teherán cuatro veces y que se acordó un pago en una cuenta cifrada en Suiza, en un banco de Ginebra, el Banco de Luxemburgo, ubicado a 200 metros del Hotel D’Rohne. Allí se le habrían depositado los diez millones de dólares a Menem.
Hasta el momento, el testigo C mostró escasas evidencias de que sus aportes son veraces:
- Respecto del atentado contra la AMIA, dijo generalidades difíciles de verificar como, por ejemplo, que el ataque fue resuelto en una reunión del gobierno iraní, más precisamente por el Consejo Supremo de Seguridad, que incluía al presidente Rafsanjani, al ministro de Inteligencia Ali Fallahiyan y al líder espiritual, el ayatola Alí Jameini.
C no dio precisiones: no dijo, por ejemplo, dónde se armó la camioneta en la Argentina, de dónde salieron los explosivos, cómo ingresaron al país los terroristas, quiénes fueron los cómplices en el país.
- Para colmo, el testigo mencionó que el pago de los diez millones de dólares se hizo seis o siete meses después del atentado contra la Embajada de Israel, por lo cual no queda claro cómo se pagó también para que se aplacaran las críticas contra Irán por el atentado contra la AMIA, ocurrido dos años más tarde.
- El Banco de Luxemburgo, señalado por C, no existe y tampoco hay una entidad bancaria que incluya la palabra Luxemburgo a 200 metros del Hotel D’Rohne. Se ha gestionado un viaje de C a Ginebra para que, in situ, diga de qué banco se trata, ya que supuestamente él supervisó el pago.
Hay dos elementos que tienen coincidencia con lo que afirma C:
- El primero es que la Justicia suiza ha dicho que existe una cuenta en ese país, que no está a nombre de Menem sino de una sociedad, Red Sparks Foundation, creada por el todopoderoso secretario Ramón Hernández, en la que originalmente había diez millones de dólares. En Tribunales creen que ese dinero no viene del caso AMIA sino por la venta ilegal de armas.
- El segundo dato es que hubo un momento en el cual sorpresivamente Menem dijo que no había suficientes elementos contra Irán. Sin embargo, fue una sola declaración y tanto antes como después Menem, en sintonía con Washington y el gobierno israelí, imputaron a Irán. La debilidad del testimonio de C no está sólo en que no aporta datos que puedan probarse sino que hasta el momento las demás partes del caso AMIA, incluyendo los familiares de las víctimas y los defensores de los imputados, nunca pudieron hacerle una sola pregunta. En algún momento los fiscales pidieron que viniera a declarar a la Argentina, pero el testigo se mantiene guardado. Sólo accedieron a él, hasta ahora, el juez, los fiscales y la DAIA.