Mientras los diputados del oficialismo miran para otro lado, la actitud del ministro de la Corte Carlos Fayt de ocultar a sus pares un plazo fijo por 205.280 dólares en el Banco Nación no pasó desapercibida para algunos de los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. El tucumano Ricardo Falú, integrante del denominado grupo Talcahuano, presentó a primera hora de ayer un pedido de juicio político contra el magistrado, por mal desempeño. Además de impulsar una iniciativa similar a la de Falú, la frepasista Nilda Garré formuló ayer un pedido de informes en el que les pregunta al Banco Central y a la AFIP si los restantes jueces del máximo tribunal también tienen en su haber plazos fijos o depósitos acorralados en alguna entidad financiera.
Cuando todavía están frescas las heridas que dejó en el bloque oficialista la movida impulsada por el duhaldismo para sepultar el reclamo de enjuiciar a los integrantes de la Corte, el tema promete reabrir la polémica. No por casualidad los legisladores del oficialismo, que suelen estar tan atentos a los titulares de los medios, desde que trascendió primero el contenido del fallo en el que Fayt sugería la devolución de los depósitos en dólares y posteriormente cuando se supo que tenía a su favor un plazo fijo, se excusaron de formular declaraciones. Mucho habían comprometido políticamente para desestimar los cargos que existían contra los miembros de la Corte como para hacer peligrar ahora la actual pax duhaldista. Desde que se conoció la voluntad redolarizadora de la mayoría de los miembros de la Corte, el gobierno apostó a las negociaciones reservadas. Y precisamente es el titular del cuerpo, el quilmeño Eduardo Camaño, uno de los encargados de esas gestiones.
El contraste lo marcaron los legisladores que impulsaron el anterior pedido de juicio político. “Esto revela cuán equivocados estaban quienes impulsaron absolver a un juez, como Fayt, que teniendo un interés personal en el caso no se excusó ni el caso Smith, ni en el caso Kiper”, le dijo Falú a este diario. Para el diputado tucumano, Fayt tendría que haberse excusado “como anteriormente lo habían hecho Enrique Petracchi y Gustavo Bossert”.
El escrito de Falú fue acompañado por la totalidad de los Talcahuano. En el destacan que el magistrado de 84 años “mintió por omisión, y su silencio tenía interés para sí y para las partes (ahorristas, banco y Estado nacional). La presentación sostiene que de acuerdo con los artículos 18 y 30 del Código Civil debía excusarse. El no hacerlo, afirman, lo considera “incurso en la causal de mal desempeño”.
También consideran “extraña y sospechosa su excusación indeclinable”. En este punto Falú es contundente y se pregunta: ¿Por qué no se preocupó por su honor antes, y lo hace ahora? El escrito incluye la respuesta a este interrogante cuando dice que “hay que poner fin a estas conductas sinuosas”.
“Me parece increíble que el doctor Fayt no haya entendido la demanda ética de la sociedad. Sus argumentos son inconcebibles en un hombre de derecho”, señaló Garré en diálogo con Página/12. El santacruceño Sergio Acevedo, que acompañó a Falú en su pedido de juicio político, también puso su firma al lado de la rúbrica de la legisladora frepasista en el pedido de informes en el que se le pregunta al Ejecutivo si Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Antonio Boggiano, Augusto Belluscio o sus familiares tienen depósitos en plazo fijo. En el entorno de la legisladora se preguntaban si el ocultamiento de estos depósitos no explicarían “la tenacidad de los miembros de la Corte en no entregar sus declaraciones juradas”.
La acusación de la diputada también se formula por “mal desempeño”. Transita por argumentos muy parecidos al reclamo de Falú y los diputadosTalcahuano. A última hora de ayer, Garré trabajaba contra reloj en el escrito que pensaba entregar en la mesa de entrada de la Cámara. Su pedido de informes adelanta argumentos de su pedido de juicio político. En él se señala que “no obstante la clara prohibición legal, de que los jueces intervengan en casos en los que ellos o sus consanguíneos y afines puedan tener interés o en los que la decisión pueda ser sospechada de parcialidad, el doctor Fayt emitió su voto en las causas Kiper y Smith y era evidente su voluntad de hacerlo en el caso Beratz –lo que se corrobora en su voto exhaustivamente fundado y filtrado a los medios-hasta que la difusión de su depósito y la obvia repercusión del tema le generaron un estado de perturbación que determinó su excusación indeclinable”.
Otros caminos
Junto a estas dos presentaciones, ayer ingresó a Diputados otro pedido de enjuiciamiento. En este caso fue formulado por el abogado Ricardo Monner Sans (ver recuadro aparte).
En Diputados muchos se preguntaban ayer por qué Fayt no retiró pesificados sus depósitos acogiéndose al beneficio que le cabía a los mayores de 75 años. Claro que el espíritu de la norma buscaba beneficiar a los jubilados. Garré encuentra respuestas para ello. Afirma que el supremo quiso evitar el descrédito político que esto le hubiera ocasionado, cuando precisamente se estaba discutiendo el pedido de juicio político contra los entonces nueve miembros del alto tribunal. “Además de sus ahorros, tiene ingresos mensuales de más de 20 mil pesos, ya que es uno de los que mayor antigüedad tiene en la Corte, amén de una renta de por vida”, concluye Garré. El tema recién comienza, aunque en esta ocasión la finalización del período ordinario de sesiones, le juega a favor al oficialismo.