La suerte del Fondo del Bicentenario sigue indefinida en tribunales, una situación que amaga con dilatarse. Dos hechos alimentaron ayer este escenario: la sala de feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo quedó desintegrada, con un solo juez en funciones, por una recusación planteada por el diputado Federico Pinedo (PRO); pero además la jueza María José Sarmiento volvió a bloquear las reservas del Banco Central al hacer lugar a una medida cautelar planteada por legisladores del PJ disidente, lo que inauguró un nuevo trámite que deberá ir cumpliendo todos los pasos legales. El tribunal de alzada, en cambio, no tendría trabas para avanzar con el caso de la destitución de Martín Redrado.

Pinedo, quien impulsó junto con tres legisladores de la Coalición Cívica (CC) el primer amparo para suspender el decreto de necesidad y urgencia que disponía reservas para pagar la deuda, recusó al camarista José Luis López Castiñeira. Lo hizo utilizando una modalidad, la recusación “sin causa”, que obliga al juez a apartarse del expediente sin más. Es una facultad a la que pueden recurrir las partes una única vez a lo largo del trámite judicial. Anteayer, la Cámara ya había perdido a un integrante, cuando Carlos Grecco –el juez que había aceptado la apelación del Gobierno durante le fin de semana– decidió excusarse por razones de decoro. De este modo, el planteo del diputado de PRO provocó la parálisis de la Cámara al dejarla con un solo miembro.

Frente a estas circunstancias, López Castiñeira y Buján convocaron a una reunión informal a los diputados de la oposición –concurrieron Pinedo y Patricia Bullrich (CC)– y al procurador general del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, junto con otros dos abogados del Gobierno. Los jueces hicieron un intento por evitar que la polémica siga estirándose y propusieron una salida política.

Según relató Bullrich a Página/12, plantearon convocar a una audiencia de conciliación con los presidentes de ambas cámaras legislativas, Julio Cobos y Eduardo Fellner, con el objetivo de que llamaran a sesionar al Congreso, como instancia revisora de los DNU. “A cambio –relató la diputada– nos pedían que retiráramos la recusación contra López Castiñeira, pero les dijimos que no. ¿Por qué? Porque Fellner va a decir que no puede convocar a sesionar, que lo tiene que hacer el Ejecutivo. Esta es la postura que el oficialismo ratificó hoy (por ayer). Si no hay disposición del Congreso y nosotros retiramos la recusación, nos quedamos en Pampa y la vía, así que preferimos que continúe la causa.” Los camaristas insistieron: “Si ustedes no aceptan esta salida, no sabemos qué puede pasar”. Los legisladores mantuvieron el no.

Como hacen falta por lo menos dos votos iguales para resolver la apelación del Estado, la Cámara tendrá que pedir la intervención de otros magistrados. El tribunal podría integrarse hoy con dos jueces de feria de la Cámara en lo Civil y Comercial, en la que esta semana están de turno Ricardo Guarinoni, Graciela Medina y Francisco Carreras. Esta Cámara es la que semanas atrás sacó un comunicado avalando a un juez cuestionado que había dictado la inconstitucionalidad de la Ley de Medios.

De todos modos, su función duraría apenas hasta el lunes, ya que la semana próxima la Cámara en lo Contencioso volverá a integrar otras dos juezas designadas para la feria: Clara Do Pico y Marta Herrera. Habrá que ver si los jueces que podrían asumir hoy están dispuestos a resolver, con una fugaz participación en el caso, qué hacen con la medida cautelar que congeló las reservas del BCRA, que ayer fue elevada por la jueza Sarmiento al tribunal de alzada. El tema tiene muchas aristas: de acuerdo con las objeciones planteadas por los abogados del Estado, el tribunal de alzada tendría que estudiar desde la decisión de “ordinarizar” el trámite hasta si los legisladores tienen legitimación para impulsar estas causas, o si no habría que unificar los expedientes.

El abanico de posibilidades que se abren parece interminable. Aun suponiendo que este tribunal provisorio (de dos días de duración) se “abocara” y resolviera de manera urgente –como pidió el Gobierno– suspender la medida cautelar y liberar los fondos, estará en pie la nueva cautelar concedida ayer por la jueza Sarmiento a pedido de los diputados del PJ disidente Graciela Camaño, Felipe Solá, Alfredo Atanasof, Manuel Amor Morejón y la senadora Graciela Agustina De Perna. Es decir, las reservas del BCRA seguirán paralizadas. Más aún: sea cual fuere la definición, una nueva integración del tribunal la semana próxima bien podría tener un criterio diferente. O sea, hasta podría haber decisiones distintas sobre la medida cautelar.

La Cámara, que ayer estuvo en estado deliberativo durante todo el día, hasta el atardecer, también convocó a una reunión informal a los abogados de Redrado. Uno de ellos, Gregorio Badeni, le dijo a este diario que en la causa donde se discute la validez del DNU con que el Poder Ejecutivo expulsó a Redrado de la presidencia del Banco Central el camarista López Castiñeira no está recusado. Como Sarmiento también ya elevó la apelación, la Cámara sí tiene la chance de resolver este tema. En este caso, será una condición sine qua non que los dos camaristas que siguen –por ahora en pie– compartan el mismo criterio, si no van a tener que convocar a un tercer juez para desempatar. A esta altura, todo parece bastante impredecible. La semana que viene tampoco estará Sarmiento, que será reemplazada por Ernesto Marinelli.