Desde 1983 María Paula Viñas y María Victoria Lois ven, en cada elección, el nombre de sus padres desaparecidos en los padrones. Ayer, ambas reclamaron a la Justicia que los datos sean modificados. Pero no pidieron que sus papás sean desterrados de los documentos sino que allí figure que son desaparecidos. “No queremos la solución facilista y despiadada de que hagan ‘desaparecer’ nuevamente a nuestros padres borrándolos de los padrones. Por el contrario, allí queremos seguir viéndolos y soñar con ellos. Pero la irrefutable verdad es que están desaparecidos”, afirmaron las jóvenes en un escrito presentado por su abogada, Alicia Pierini, ante la jueza María Servini de Cubría.
María Paula Viñas es hija de Lorenzo Ismael Viñas y Claudia Allegrini. Nació el 28 de mayo de 1980, un mes antes de que su papá fuera secuestrado. María Victoria Lois es hija de Ricardo Omar Lois y Luisa Graciela Palacio. Nació el 15 de agosto de 1976, dos meses antes de que desapareciera su papá. Ellas fueron quienes hicieron la demanda a Servini, por ser la jueza con competencia electoral que se ocupa de la actualización y confección de las listas de las personas habilitadas para votar.
“El Estado tiene un deber de verdad –afirmaron ambas en el escrito–. Si no pudo dilucidar la suerte de cada desaparecido, por lo menos no debería continuar mintiendo, porque es mentira repetir en los padrones la existencia del ciudadano Lorenzo Viñas en un domicilio que ya no está ocupado por él; es mentira repetir en los padrones la existencia de Ricardo Lois en un domicilio que no habita, y el Estado lo sabe porque el propio Estado los secuestró y quienes los secuestraron no han dicho dónde están ni qué destino les dieron a sus vidas.”
El reclamo de las jóvenes es que, en el caso de las víctimas del terrorismo de Estado, figure en el casillero correspondiente al domicilio actual la inscripción “desaparecido según Conadep” o “desaparecido ley 24.321”. Esa norma fue la que estableció, durante la gestión de Pierini como subsecretaria de Derechos Humanos, la figura legal de “ausente por desaparición forzada”, para que, entre otras cosas, los familiares pudieran hacer trámites sucesorios sin declarar la muerte de los desaparecidos.
“La realidad argentina, cuyo derecho civil registraba a los vivos o a los muertos y no tenía tercera opción, a partir de 1976 ha debido incorporar la figura del ‘desaparecido’, palabra tristemente célebre en el mundo a partir de la masividad de la masacre perpetrada por las dictaduras en el continente latinoamericano”, se afirma en la presentación.
En la Ciudad de Buenos Aires existe una norma que contempla la situación de quienes fueron secuestrados durante la última dictadura militar. La ley 632 establece que los organismos oficiales en certificaciones, listados o partidas, cuando deba mencionarse si un padre o madre o cónyuge vive, quien registra no sólo pueda contestar sí o no, sino que se pueda optar por anotar la palabra “desaparecido”.
Pierini, en nombre de Viñas y Lois, recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó en 1991 poner en ejecución un programa de desagravio en relación con la violación de los derechos que el Estado había cometido mientras los militares usurparon el poder. “Parte de ese desagravio es la petición que efectuamos, en el sentido de que se respete la realidad de este status de desaparecido en los padrones y se los reconozca como tales, no sólo porque ésa es la verdad de la situación, sino porque así los padrones mostrarán una vez más al pueblo la realidad de una ausencia hasta hoy no modificada, ni esclarecida ni justificable”, aseguraron Viñas y Lois.