El día no pudo ser peor para los Zanola. Tal vez para Juan José, el número uno de la Asociación Bancaria, era previsible que la Cámara de Casación confirmara que tiene que quedarse en prisión. Pero el regreso a la cárcel de su esposa, Paula Aballay, seguro que fue inesperado. El juez Norberto Oyarbide se basó en un dictamen fiscal en el que se afirma que se depositaba dinero en efectivo en las cuentas de la droguería Multipharma y la Asociación Bancaria, a cambio de esa plata se libraban cheques a la droguería San Javier y esos cheques los cambiaba el financista –vinculado con la causa del triple crimen de General Rodríguez y la mafia de los medicamentos– Ibar Pérez Corradi. El fiscal Raúl Plee y el propio Oyarbide sostienen que esos movimientos están sospechados de lavado de dinero, lo que agrava la situación de Aballay y, por lo tanto, motivó la orden de detención.

La defensa de Zanola había apelado la prisión preventiva dictada por Oyarbide y confirmada por la Sala II de la Cámara Federal. Ayer, la Casación ratificó que debe seguir preso porque consideró que existe peligro de que se fugue o que influya en la investigación. Ese había sido el criterio tanto del juez como de la Sala II de la Cámara Federal, que, de hecho, criticó a la otra sala por haber excarcelado a Aballay. Esa decisión causó un escándalo porque, entre otras cosas, los jueces necesitaron apenas dos horas para resolver a favor de la esposa de Zanola, ordenando su excarcelación el mismo día en que se fueron de vacaciones.

Ayer, Oyarbide argumentó que la situación de Aballay se complicó porque se incorporaron nuevos elementos al expediente. Se refirió al dictamen de Plee, a cargo de la fiscalía que se ocupa de los delitos relacionados con lavado de dinero proveniente, por ejemplo, de la corrupción. Esa es, precisamente, la imputación. Además de las maniobras con los medicamentos, Oyarbide afirma que Aballay, como cabeza del Policlínico Bancario, participaba de maniobras con dinero. En el escrito, el juez habla de sobres en los que hay pedidos de giro de dinero en efectivo, transacciones hechas a cooperativas que aparecen cambiando cheques y aprovechando un status jurídico que les permite hacer la maniobra y se enumeran operaciones que, para el magistrado, son altamente sospechosas.

Oyarbide incluye en su resolución dos o tres datos de enorme repercusión: que la Obra Social Bancaria le pidió a la Presidenta el concurso preventivo, que registra una deuda de 500 millones de pesos, un déficit mensual de cinco millones y que es falsa la cantidad de afiliados: no es cierto que tenga 170.000, sino que tiene 117.000.