Doscientas treinta y una mujeres, varias de ellas niñas y adolescentes, fueron asesinadas a lo largo de 2009 por su esposo, novio o ex pareja, algún miembro de su círculo familiar cercano o un extraño en el marco de un ataque sexual. Una cada día y medio. Los datos surgen del relevamiento que realiza la Asociación Civil “La Casa del Encuentro” en base a los hechos publicados en la prensa. Muchas más mujeres, claro, sufrieron lesiones y quedaron con secuelas o siguen soportando el maltrato machista en el anonimato de sus hogares. A pesar de la magnitud del fenómeno, muy pocas veces la violencia de género y los femicidios llegan a la tapa de los diarios. Salvo que tengan el condimento de clase (Nora Dalmasso), de morbo o de fama –y otras curiosidades– como en el caso de la compañera del baterista de Callejeros, Wanda Tadei. Varios medios todavía confinan los crímenes sexistas a las páginas policiales –como hechos aislados– y los siguen tildando de homicidios “pasionales”, como si el amor pudiera ser el motor de la bestialidad. En esa operación encubren el patrón común que los atraviesa: la violencia contra las mujeres es una de las caras más dolorosas de la discriminación y tal vez la violación más frecuente, silenciada e impune de los derechos humanos. No sólo en la Argentina. Pero esta inseguridad, que ocurre puertas adentro, que se sustenta en la desigualdad histórica de poder entre varones y mujeres, conmueve poco en las esferas de decisión.

Hay que destacar que en 2009 el país dio un paso significativo para combatirla. El Congreso aprobó la Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. La norma consagra el derecho de las mujeres “a vivir una vida libre de violencia y sin discriminación en todos los órdenes de la vida” y establece un abanico de medidas importantes. Pero a casi un año de su sanción, todavía no fue reglamentada.

El país requiere una política de Estado contra la violencia machista. Asumió compromisos internacionales en ese sentido. Es una deuda con las mujeres, con la sociedad. Se han hecho avances, aunque por el momento sólo hay políticas sectoriales. Entre ellas se destaca el programa “Las víctimas contra las violencias”, en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con brigadas móviles de intervención en urgencias en el territorio de la ciudad de Buenos Aires.

Hay otras iniciativas. El Ministerio de Trabajo creó la Oficina de Violencia Laboral; y el de Desarrollo Social, el Programa Juana Azurduy de Fortalecimiento de Derechos y Participación de las Mujeres. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por su parte, abrió en septiembre de 2008 una Oficina de Violencia Doméstica (OVD) para recibir denuncias y brindar asesoramiento: pero también es para el ámbito porteño. Son respuestas insuficientes para un fenómeno tan extendido.

Algunas estadísticas pueden ayudar a dimensionar el problema. La OVD, en su primer año de funcionamiento, recibió 6746 denuncias y detectó 8354 personas que sufrieron maltratos familiares: ocho de cada diez afectadas son mujeres; entre los varones, 6 de cada 10 son niños y adolescentes. Casi 9 de cada diez denunciados son hombres. La mitad de los agresores son parejas de la víctima y casi un tercio, ex parejas.

En las comisarías de la Mujer y la Familia de la provincia de Buenos Aires se recibieron 50.549 denuncias entre enero y septiembre de 2009, en el 80 por ciento de los casos fueron presentadas por mujeres, según información de la Dirección General de Coordinación de Políticas de Género, del Ministerio de Seguridad. La amplia mayoría de los denunciados, varones. Los números asustan. Como asustan la violencia psicológica, los maltratos y las golpizas. Sin embargo, en el principal distrito del país, las políticas oficiales hacen agua. Una red de casi veinte ONG que trabajan en la temática en territorio bonaerense (entre ellas, ADEM-Mujereando, Casa de la Mujer Azucena Villaflor, Mujeres al Oeste y Fundación Propuesta) denunciaron a Página/12 la falta de pago de parte del Ministerio de Desarrollo Social de fondos que se comprometió a entregarles por convenio para tareas de prevención y atención a víctimas de violencia machista. Las deudas se acumulan desde 2008. Las ONG trabajan a pulmón, cubriendo los baches del Estado. Y el Estado se desentiende del problema y las deja en banda. Hace dos años se implementó el Programa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en la Secretaría de Derechos Humanos provincial y aún hoy –denuncian las ONG– funciona sin estructura; además, apuntan, “resulta alarmante la falta de personal en todas las comisarías de la Mujer y la Familia, para atender la enorme cantidad de denuncias que se presentan diariamente”. En 2009, los femicidios fueron 66 en el territorio bonaerense.

De las 231 mujeres víctimas de femicidios registradas el último año en el país, seis murieron incineradas. El fuego, al parecer, no es el aliado más común entre los femicidas: la mayoría prefirió asesinar –a la mujer que se suponía amaban– a puñaladas, balazos o golpes.

Se acerca el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha en que muchos funcionarios y funcionarias encabezarán actos y harán anuncios rimbombantes, seguramente vinculados con la problemática de la violencia de género. Sería bueno que no se queden sólo en palabras.