La utilidad de los psicodiferentes es que dicen antes y más claro que otros lo que todos los miembros de la especie piensan. Esta semana fue el turno del presidente de Fiat Auto, Cristiano Rattazzi Agnelli y del secretario de la Unión Industrial José Ignacio de Mendiguren, quienes hicieron públicas sus opiniones sobre la inflación y las negociaciones salariales, que por supuesto vinculan. Rattazzi Agnelli vive en la Argentina porque su poderosa familia entendió que aquí podía hacer menos daño a los intereses comunes. De Mendiguren es el encargado de las tareas sucias en la UIA. Hace ya muchos años liquidó todas sus inversiones productivas y sólo se dedica a las financieras, pese a lo cual sigue actuando como vocero de los industriales.

La preocupación de Rattazzi Agnelli son los presuntos “desbordes salariales”, que atribuyó tanto a la reactivación brasileña que sostiene la demanda de vehículos producidos en la Argentina como a las negociaciones sindicales de aumentos. Dijo que habría problemas “a mediano plazo” debido a “la cadena de pedidos salariales año a año tan altos”. Agregó que había que copiar el ejemplo de Brasil, Uruguay y Chile para controlar la inflación. El gobierno debería controlar las expectativas del sector laboral, que a su juicio sería el motor de la inflación. De Mendiguren, ministro de Devaluación y Pesificación Asimétrica durante el interinato del ex senador Eduardo Duhalde, durante el cual se produjo la mayor transferencia instantánea de ingresos de la historia argentina en contra de los trabajadores, ofrece con gesto magnánimo mantener los niveles de empleo a cambio de una pauta salarial decreciente. Acéptenla con cuentagotas porque si no viene con manguera, implica. La impaciencia del sector hacia un gobierno que ha seguido el rumbo opuesto es tal que el diario La Nación publicó el domingo 14 una columna en la que se atribuye a cinco “encumbrados ejecutivos” que dialogan sobre “los pares que han acompañado al kirchnerismo” esta frase ejemplarizadora: “No hay que perdonar a nadie –dijo a este diario uno de ellos–. Esto fue inédito desde la dictadura: acá tiene que haber un Nuremberg argentino”.

Desagregados

Esta discusión se reitera desde hace varios años, cada vez que los ingresos del trabajo se acercan al nivel que tenían antes de la catástrofe de 2001, que para los entrevistados por La Nación opera como una declaración de principios, un Nunca Más Patronal. Luego del golpe de furca de 2001/2 durante algunos años fue posible mantener altos índices de crecimiento, con mejores salarios y sin altos grados de inflación. Pero a medida que el costo de vida corroe los ingresos populares, se repite el mismo dilema: una nueva devaluación que recupere competitividad a expensas de los niveles populares de vida o medidas de transferencia de ingresos en sentido contrario que consoliden la recuperación y el cambio de modelo. El gobierno nacional es consciente de la estrechez de ese desfiladero y si bien ha impedido que los costos se descarguen con la brutalidad que desearía De Mendiguren sobre el sector laboral, tampoco ha consolidado su fortalecimiento. “Hay un clima de expectativa inflacionaria alta”, dijo De Mendiguren. Su propuesta fue “desagregar y analizar dónde están los retrasos salariales y los sectores que ya tuvieron una muy buena recuperación contra la inflación”. Para “desinflar las expectativas inflacionarias” propuso actuar sobre “la puja distributiva”, con pautas decrecientes. La idea del desagregado no es mala, si se aplicara en primer lugar a las patronales que han tenido en estos años ganancias extraordinarias.

Tolerancia cero

Al mismo tiempo, el gobierno nacional cerró las negociaciones de la paritaria docente con aumentos escalonados a lo largo del año, que deben obrar como un piso para los acuerdos de cada provincia. Aquellas que no estén en condiciones de pagar los mínimos acordados recibirán apoyo del fondo compensador que maneja el Estado Nacional y que el año pasado alcanzó a once provincias. Esto provocó una airada gritería, encabezada por Maurizio Macrì, cuya propuesta de tolerancia cero con los docentes significa que no prevé ningún aumento este año, por el gobernador de Chubut Mario Das Neves y por el cordobés Juan Schiaretti. De este modo se perfilan dos actitudes contrapuestas, entre quienes postulan el incremento de los ingresos de los asalariados y aquellos que preferirían congelarlos o dejar que se encargue de ellos el índice de precios al consumidor. La relación entre los niveles salariales y el IPC se suele dar por descontada, como una verdad autoevidente. Pero esta sabiduría no surge de la evidencia documental sino de la pugna de intereses, en la cual los de los trabajadores no son los que tienen mayor facilidad para hacerse escuchar. El gráfico que acompaña esta nota pertenece a un trabajo publicado el año pasado por el especialista Javier Lindenboim, “El empleo y los ingresos en debate ¿Dónde estamos parados?”.

Muestra que en las últimas cuatro décadas los asalariados perdieron el 15 por ciento de su participación real en el Producto Interno Bruto gracias a los altos niveles de inflación en ese lapso, incluyendo dos híper entre los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, pese a que en varios períodos hubo inflación con salarios congelados, sin paritarias y con la actividad sindical prohibida. Artemio López comenta la situación con escepticismo: “Nuevamente comenzó el tilín tilín de los grupos de poder y sus publicistas sobre el ‘efecto inflacionario de los aumentos salariales desmedidos’. Es un argumento falso, pero, mientan, mientan que algo quedará!”. El problema de la mentira es que está mejor distribuida que la riqueza.

El núcleo duro

El gobierno enfrenta en este rubro un problema no menor, derivado de la vandalización del INDEC. Si es asombroso que CFK aún no haya asumido que ése es el núcleo duro de la pérdida de credibilidad de la palabra oficial, contra el cual se estrellan todos los esfuerzos tanto económicos como comunicativos y en vez de asumirlo y remediarlo prefiere atribuir todas sus desdichas a los medios de comunicación, no deja de ser llamativa la indiferencia sobre el efecto que esto tiene en el momento de abrir las discusiones salariales para el año del Bicentenario. El ministro de Economía Amado Boudou ideó un retorno gradual a la normalidad estadística, mediante la creación de dos consejos asesores, uno de especialistas y académicos y otro de usuarios de las cifras del INDEC. El primero está en franca rebelión, ante la imposibilidad de acceder a los datos necesarios para formular un diagnóstico y una propuesta y comienza a disgregarse con renuncias anunciadas. El segundo ni siquiera llegó a constituirse. El vacío que deja esta situación patafísica permite que cualquier audaz con una oficina y un teléfono tire datos sin ton ni son, que luego condicionan las famosas expectativas. El precio de la carne de vaca (70 kilos por año por habitante) es uno de los rubros clave, no para la inflación pero sí para la merma del poder adquisitivo del salario. Las entidades patronales culpan a la política oficial por la reducción del stock ganadero, pero la verdad es que entre la dictadura y el menemismo el rebaño cayó de 61 a 47 millones de cabezas y nunca se recuperó. La liquidación no ha sido por falta de rentabilidad, que fue en esta década un tercio más alta que durante la convertibilidad, sino por la caída de la rentabilidad relativa respecto de la agricultura. Un trabajo en elaboración de CIFRA, el centro de estudios de la CTA, indica que durante la convertibilidad la rentabilidad de la ganadería llegaba al 67,8 por ciento de la rentabilidad promedio de los cuatro principales cultivos pampeanos, y hoy apenas supera el 30 por ciento. Lo cual permite deducir que el principal problema no fue la política oficial sino la resistencia de las patronales agropecuarias a las retenciones, que podrían haber equilibrado esos niveles de rentabilidad.

El tema de la inversión

Luego de la eyección de Martín Redrado los distintos departamentos del Estado comienzan a coordinar sus políticas. Ya no dependerá sólo de Julio De Vido el aumento en la inversión, como respuesta antiinflacionaria. También Economía y el Banco Central han comenzado a discutir la forma de orientar el crédito privado hacia la inversión productiva y no sólo al financiamiento del consumo, que ha sido la estrella de estos años, con ganancias descomunales para los bancos y escaso estímulo al crecimiento de la oferta de bienes. Esta semana la presidente volverá a reunirse con los peces gordos de la economía, que como de costumbre le contestarán con el bolsillo, por lo que es de desear que no les hable con el corazón. Mientras estas soluciones maduren, la actuación oficial sobre los oligopolios productivos y de comercialización es imprescindible si se pretende evitar el tipo de desequilibrios para los que se preparan Rattazzi Agnelli y Mendiguren. Entre los invitados estará esta vez la cúpula de la Asociación Empresaria, que conducen el Grupo Clarín y la transnacional italiana Techint. Está por verse cómo incidirán en estos regateos los dardos que el Poder Ejecutivo intercambia a diario con el CEO de Clarín, Héctor Magnetto. El gobierno incurre en un equívoco lesivo para sus propios intereses. Clarín y otros medios son objetables por la distorsión premeditada de su cobertura sobre las cuestiones políticas y económicas. Como dijo la presidente el viernes, “nos interpelan quienes llevaron el país al default, a la falta de energía, al nivel de endeudamiento. Nos interpelan a los que hacemos obras, mejoramos el piso salarial, a los que mantenemos una fuerte inversión del Estado en demanda agregada”, sobre lo que no es fácil encontrar información en los principales medios. Lo mismo vale para la crisis internacional, cuyo escamoteo dificulta valorar por contraste las políticas que el gobierno argentino implementó para conjurarla, contradiciendo lo que esos mismos medios recomendaban y/o vaticinaban. También se les puede enrostrar la subordinación del interés general a sus propios negocios o a los de sus accionistas y los pronósticos catastrofistas que contribuyen a la creación de las peores expectativas. Pero no que investiguen las condiciones de una contratación pública o el patrimonio de algún funcionario, casos en los que el gobierno y sus integrantes tienen la obligación de responder con información precisa y no con gestos de fastidio. Ésa es una de las razones de la existencia del periodismo y no es razonable reprocharle cuando la cumple, por aviesa que sea la intención de quienes emplean ese recurso para desgastar un proceso político y económico contra el que se alinean por otras razones, que tienen que ver con los aciertos oficiales y no con las desviaciones que pueda haber en algunos de sus departamentos.

Reformas y alianzas

Algo parecido ocurre con los diversos partidos opositores. Su posición es legítima cuando plantean reformas, en el INDEC o en el Consejo de la Magistratura, que el gobierno haría bien en aprovechar en procura de acuerdos que ayuden a mejorar las respectivas situaciones de deterioro, pero no cuando se limitan a bloquear iniciativas oficiales, como la del Fondo del Bicentenario, con el único propósito de lastimar al gobierno, sin razón ni proyecto alternativo. Con vistas a las sesiones ordinarias del Congreso que comenzarán el 2 de marzo, gobierno y oposición están haciendo todos los esfuerzos posibles para alcanzar el número necesario en cada Cámara, con el propósito de confirmar o rechazar el decreto de creación del FOBIC. El gobierno recurre para ello a los gobernadores, necesitados de los fondos que de otro modo no estarán disponibles, a los empresarios que reclaman crédito a tasas razonables que pasarán de utópicas a imposibles si el Estado requiere financiamiento para suplir el vedado uso de las reservas excedentes. De aquí a la primera semana de marzo habrá mil versiones, cambiantes cada día, sobre posibles mayorías en cada cámara. Recién entonces se sabrá quién logra su objetivo. Es posible, pero no demasiado probable, que el gobierno obtenga la aprobación del FOBIC, por una ajustada diferencia. Lo que no ha hecho hasta ahora es abrir una negociación seria con algún sector del sistema político en busca de acuerdos que permitan destrabar la impasse y formar mayorías más holgadas, como las que permitieron recuperar el sistema provisional o sancionar la ley de medios. Si no lo hace, los meses por venir se le volverán cuesta arriba y la política hará sentir su sombra negativa sobre una situación económica que es la mejor que el país ha conocido en medio de la peor crisis internacional, por decisiones oportunas adoptadas contra el sentido común de las clases medias urbanas, que un día baten records de consumo y al siguiente de insatisfacción.