La Unión Cívica Radical podría someter a un tribunal de ética a un afiliado y ex funcionario que trabajó como personal civil de inteligencia del Ejército durante la última dictadura. Se trata de Sergio Ezquerra, quien actuó como “agente de seguridad” de la Sección de Inteligencia 182 durante el gobierno de facto, y en democracia asesoró al ex concejal de Bariloche y ex legislador provincial Ricardo Spoturno. Dentro de la UCR “siempre se comentó” del pasado de Esquerra como servicio, admitió ayer el secretario de Gobierno del municipio, Jorge Franchini, quien reconoció “cierta inacción” por parte del partido y consideró que “debería renunciar o ser expulsado por el tribunal de ética”. Entre los nombres de los empleados civiles de la dictadura que difundió la Agencia de Noticias Bariloche (ANB), se encuentran Rodolfo Patricio Florido, que conduce un programa periodístico y niega su pasado como servicio, y Claudio Cepeda, referente local de GEN, quien aclaró que sólo cumplió “tareas de chofer y seguridad” a fines de 1983 y pidió que no se lo confunda con “gente que hizo cosas horrorosas”.

Los datos sobre el “personal civil de inteligencia”, PCI en la jerga castrense, fueron inaccesibles durante más de veinte años. Tras la reapertura de las causas, fiscales y jueces comenzaron a pedir sus nombres al Ministerio de Defensa. Ante el cúmulo de requerimientos y en base al “derecho de la sociedad a conocer su pasado”, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa elaboró y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 4/2010, que eliminó las restricciones al acceso a la información calificada como “secreto de Estado” entre 1976 y 1983.

En el caso de Florido, que conduce un programa en el canal de cable BTC, la información no es nueva. El ex “asesor universitario” del Ejército desde 1976, tal como figura en los registros oficiales, renunció al cargo de jefe de Prensa del Concejo Deliberante de Bariloche luego de que Página/12 informara sobre su actuación en dictadura, que el ex PCI niega pese a las evidencias. Florido fue procesado por el juez Martín Lozada por defraudación a la administración pública, por ocultar su beneficio previsional derivado de su paso por fuerzas de seguridad. Según informó ayer ANB, en los ’90 fue además empleado de la SIDE.

Cepeda, referente del partido de Margarita Stolbizer, explicó que ingresó a la Sección 182 en los últimos meses de 1983, tras cumplir con el servicio militar obligatorio y por necesidades económicas. Agregó que sólo cumplió “tareas de chofer y seguridad” de uniformados y que meses después renunció. Explicó que “soy una persona honesta, con fuertes valores democráticos”, aseguró que “no tengo nada que esconder” y admitió que “es un golpe muy duro, estoy destrozado, pero voy a apechugar y seguir”.

Ezquerra guardó silencio. El secretario de Gobierno Franchini admitió ante ANB que en las filas radicales “siempre se comentó” de su pasado como agente del Ejército, pero que nada se hizo para confirmarlo. Sugirió la posibilidad de que un tribunal de ética partidario analice su idoneidad, aunque expresó que “yo me iría directamente, no esperaría que me echen”.