La sede de la Asociación Bancaria fue allanada ayer por orden del juez federal Norberto Oyarbide en el marco de la causa por los medicamentos truchos. El magistrado dispuso el operativo en busca de documentación que permita rastrear la ruta del dinero de la obra social perteneciente al gremio liderado por el procesado Juan José Zanola. El propósito del juez es establecer las condiciones en las que la obra social recibía fondos del gremio.

El operativo ordenado por Oyarbide tuvo lugar en la sede de la Bancaria de en Sarmiento al 300. Allí, policías y funcionarios del juzgado federal llegaron poco antes del mediodía y secuestraron libros de actas, registros contables y material informático de la sede nacional del sindicato de trabajadores bancarios.

El secretario adjunto de la Bancaria, Sergio Palazzo, cuestionó la decisión de Oyarbide de allanar la sede del sindicato. El gremialista afirmó que el magistrado “está equivocando el rumbo de la investigación” y reiteró su pedido para que a Zanola le sea concedida la prisión domiciliaria. “Nosotros somos los primeros que buscamos saber si hay personas que cometieron estos delitos aberrantes”, expresó Palazzo en una conferencia de prensa que dio junto a secretarios y delegados del gremio.

Palazzo sostuvo que ante el pedido del magistrado se les entregó a los efectivos “toda la documentación correspondiente a movimientos bancarios de la institución, al sistema de adherentes y los registros contables y balances”. De acuerdo con el número dos del sindicato –que en ausencia de Zanola dirige el día a día de la Bancaria–, “esta documentación fue ofrecida en febrero, pero el magistrado recién la consideró ahora y la solicitó ahora a través de un allanamiento”.

En los últimos días, los investigadores detectaron que la plata de los últimos seis meses de los adherentes a OSBA (personas que no trabajan más en un banco pero que pretenden seguir bajo la cobertura del Policlínico Bancario) jamás llegó a la entidad. El operativo de ayer tuvo por objetivo averiguar el destino de ese dinero. Oyarbide intenta probar que el sindicato dirigido por Zanola utilizó su poder para desviar este dinero y ocultar los rastros de esa ruta.

Zanola está acusado de ser el líder de una asociación ilícita dedicada a la comercialización de remedios adulterados y vencidos. Actualmente se encuentra preso en el penal de Marcos Paz junto a su mujer, Paula Aballay, quien por entonces estaba a cargo de la Obra Social Bancaria.

Aballay, a quien la semana pasada la Cámara Federal le rechazó un pedido de excarcelación, recibió ayer dos noticias sobre su situación judicial. Por un lado, le fue dictada la falta de mérito en la causa por lavado de dinero, pero por el otro se amplió su procesamiento al ser acusada de adulterar un medicamento específico. Se trata del Beriate P 1000, un sustituto del plasma humano utilizado en pacientes hemofílicos.

Por la megacausa de los medicamentos truchos también se encuentran procesados Néstor Lorenzo, titular de la droguería San Javier, y dos ex funcionarios del área de Salud.