Mientras algunos sobrevivientes ven cada día más lejana la posibilidad de dar testimonio ante sus verdugos, que mueren sin condena o logran eternizar los procesos por achaques previsibles, otros dos juicios a represores se postergan por decisiones emanadas del Poder Judicial. El juicio a los penitenciarios de la Unidad 9, que debía comenzar el lunes en el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de La Plata, pasó ahora para el 12 de abril, esta vez por dificultades para cubrir la vacante que dejó Pablo Bertuzzi –subrogante en el tribunal que juzga crímenes en Vesubio– y por la demora en acondicionar el edificio de la AMIA, alquilado el mes pasado por iniciativa del juez Carlos Rozansky. El primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Mendoza, previsto para el viernes próximo, tiene óptimas chances de postergarse gracias a una decisión de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que apartó al juez Juan González Macías por su supuesta intervención anterior en la causa. Los abogados del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) presentaron ayer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, denunciaron que la decisión de Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda es arbitraria y contraria el criterio aplicado en el pasado por el mismo tribunal.

Si durante quince años la impunidad obedeció a decisiones políticas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, el principal obstáculo para el avance de las causas a partir de 2003 debe buscarse en los propios tribunales: instrucciones eternas, años para resolver recursos, recusaciones y excusaciones, dificultades para conformar tribunales y para conseguir salas adecuadas, excarcelaciones automáticas y un largo etcétera. Los juicios en curso ratifican la ineficacia de la corporación judicial. Los procesos por crímenes en ESMA, Atlético-Banco-Olimpo y Vesubio, con cientos de testigos y una docena de imputados como promedio, se desarrollan a un ritmo pasmoso porque tres tribunales comparten la misma sala de Comodoro Py. El ejemplo del tribunal de San Martín que juzga a los jerarcas de Campo de Mayo demuestra que con voluntad se pueden respetar todas las garantías en el gimnasio de una sociedad de fomento. Pero el ejemplo no cunde: la única alternativa que se barajó en Py fue la sala del Palacio de Tribunales, que está en reparaciones desde hace meses.0

El juicio a los agentes de la U9 se anunció primero para el 3 de diciembre. Los motivos de la postergación original no se conocieron de manera oficial, aunque sí trascendió una interna feroz entre los jueces. Bertuzzi, que llegó en reemplazo de Néstor Lorenzo, pidió de inmediato una auditoría y denunció a Rozansky por irregularidades en la tramitación de causas. Seis secretarios habrían renunciado durante el último año por idéntico motivo. El juez Horacio Insaurralde denunció luego por calumnias a injurias a Rozansky, su compañero en los juicios a Etchecolatz y Von Wernich, que antes había denunciado ante el Consejo de la Magistratura el supuesto “deterioro psicofísico” de su colega.

Previsto para el 15 de febrero, el juicio de la U9 volvió a postergarse para el 8 de marzo, por la jubilación de Insaurralde, que fue reemplazado por el marplatense Roberto Falcone. En el ínterin se conoció un comunicado de empleados y delegados gremiales del TOR: denunciaron que el conflicto entre magistrados perjudicaba el desarrollo de las causas y anunciaron su negativa “a cumplir órdenes sobre tareas ajenas a la función judicial”. Bertuzzi fue reubicado como subrogante en el TOF4 porteño. Su partida y los inconvenientes para reemplazarlo no son el único problema actual. Según la información que difundió ayer el Centro de Información Judicial, también inciden “las reformas que se requieren” en el teatro de la AMIA platense, alquilado el mes pasado a instancias de Rozansky para ampliar la concurrencia a las audiencias que deberá presidir.

Mendoza es noticia recurrente por el rol de sus jueces a favor de represores y por los propios antecedentes de Sus Señorías. Carlos Pereyra González renunció a la Cámara cuando un tribunal puntano ordenó investigarlo por encubrir torturas en dictadura. Por los mismos delitos están denunciados sus pares Otilio Romano y Luis Miret, amigo confeso del general Juan Pablo Saa, ex jefe militar de Cuyo. La Cámara excarceló a fines de 2008 a todos los imputados por crímenes de lesa humanidad. Organismos locales, la Secretaría de Derechos Humanos y hasta el ministro de Gobierno mendocino denunciaron ante el Consejo de la Magistratura a los camaristas, que sin embargo cuentan con el respaldo de Casación.

La Sala IV apartó ahora a González Macías con el argumento de que se pronunció en el pasado sobre cuestiones de fondo, al citar a indagatoria a un imputado cuando era juez de la Cámara. Según el recurso de Pablo Salinas y Viviana Beigel, abogados del MEDH, la sentencia es arbitraria porque el dato es falso. Peor aún, sostienen que las causas por las que se pronuncia Casación ya eran cosa juzgada, consentidas incluso por las defensas, por lo que anunciaron que pedirán el juicio político de los camaristas. Mientras los organismos siguen dando lucha, hace dos semanas murió impune y en libertad el coronel Orlando Dopazo, uno de los principales represores de Cuyo durante la dictadura.