El juez Gustavo Ricardo Recondo, a la sazón titular de la Asociación de Magistrados nacionales, sabe bien que lo que la presidenta Cristina Fernández dijo respecto de la Justicia argentina es la más purita verdad.

Al gremialista de los jueces, se le escapa la tortuga de su pasado radical y opera políticamente, como un aprendiz de comité, dejando de lado la cordura y la templanza que su cargo le exige. Se le nota.

Es doloroso que en el año del Bicentenario los referentes más notorios de la Justicia argentina se parezcan tanto a los que saquearon el país durante los 200 años que nos preceden a hoy, a cuyos desbordes políticos y económicos evidentemente jamás les pusieron límite.

Debe saber la sociedad argentina que Recondo fue subsecretario de Justicia durante el gobierno de Raúl Alfonsín. En tiempos de aquel gobierno, la Justicia dócil con los poderosos, “heredada” de la dictadura, no merecía del Estado democrático de entonces ni siquiera el status de ministerio. Recondo, pues, cumplía su labor burocrática bajo órdenes del secretario de la cartera, Ideler Tonelli, quien luego fuera ascendido a ministro del mismo gobierno, aunque en otra área: Trabajo.

Tonelli, sin embargo, carga una charretera aún más portentosa: él fue el autor del texto de la ley de Obediencia Debida, que –oh casualidad– Fayt se negó a declarar inconstitucional en 2004. Contingencias de la familia judicial, cuyas vinculaciones exceden a veces el apellido que portan sus protagonistas.

Una delgada costura une a la mayoría de sus integrantes en un tejido común: su pertenencia ideológica al rancio pensamiento oligárquico, a veces neoliberal; otras, fascista a secas.

Ese enclave oligárquico dentro del Estado, impermeable a los cambios coyunturales que operan en la superficie de la vida política y social, se resiste a las variaciones históricas a fuerza de los privilegios que le confiere la Constitución: cargos vitalicios, concursados en lo formal, con acuerdo del Senado, pero previo concierto del poder real, económico o eclesiástico, de las Fuerzas Armadas o las corporaciones mediáticas; muy bien remunerados pero sin carga fiscal (como sí tributa el resto de los asalariados argentinos que supera un límite determinado), y que hasta hace muy poco ni siquiera pagaban el impuesto a la patente de sus autos particulares, que usan para, entre otras tareas, ir a jugar partidos de polo mientras sus empleados atienden las urgencias del juzgado.

Será por eso que la Asociación de Magistrados y el mismo cortesano Carlos Santiago Fayt han opinado públicamente sobre la conveniencia de volver atrás la última reforma a la ley que regula el funcionamiento y composición del Consejo de la Magistratura.

La familia judicial, integrada por la corporación de jueces, académicos, abogados, quiere quedarse con la hegemonía absoluta de ese cuerpo colegiado, alejando de su quehacer cotidiano a la “chusma” política que gana elecciones y arrasa con el voto popular. Como el peronismo, mismamente, ese que tanto indigesta a Fayt.

Ahora, mire usted, Recondo saca turno en las radios y canales de noticias, para gozar él también de su minuto de fama en el cielo opositor. ¿Su leit motiv? La defensa de una declamada y no practicada “independencia judicial”, ese artilugio de los republicanos en abstracto, ideales, y que, en su visión con miopía y astigmatismo antiperonista y antipopular, el gobierno nacional vulnera repetidamente.

Es paradójico que la Asociación de Magistrados que él dirige se preocupe recién en estos años sobre la independencia judicial. Nunca se le escuchó pronunciar a esa entidad queja alguna cuando varios magistrados bondadosos con el poder político de entonces eran anotados por Corach y Domingo Cavallo en sus servilletas de papel tissue.

No se le conoce a la Asociación de Magistrados ninguna declaración contra la dictadura militar que removió de sus cargos a los jueces que, ellos sí independientes y soberanos, no aceptaron jurar por los estatutos de la junta golpista que usurpó el poder en marzo de 1976. Todo lo contrario.

La sede de la entidad sobre la calle Lavalle al 1300, donde ahora Recondo pasa buena parte del día y atiende por teléfono a las radios, fue comprada por la Corte Suprema de la dictadura y entregada en comodato al gremio de los Señorías un día de octubre de 1982. Hasta el día de hoy, no se ha escuchado a las autoridades de la Asociación pedir perdón públicamente por la conducta de tantos y tantas jueces durante los años del genocidio argentino.

Tienen la oportunidad, sin embargo. Una última oportunidad acercándose los 200 años desde el nacimiento de la patria.

El pueblo argentino espera que, al igual que su Presidenta, los jueces también lo miren a los ojos y le hablen con la verdad, y esclarezcan el secreto de la oscura trama que bordan por detrás de muchos de sus fallos más resonantes.

El pueblo reclama saber las vinculaciones de muchos de los jueces argentinos con los grupos económicos más concentrados, con los dueños de grandísimas extensiones de tierra fértil.

Quiere saber por qué la Asociación de Magistrados nada dijo sobre los jueces que asintieron quiebras fraudulentas durante los años ’90, para beneficio de empresarios que se alzaron con toda la riqueza y confinaron en la miseria y el desempleo a sus trabajadores.

Quiere saber por qué el Poder Judicial fue garante de los buenos negocios de clientes potentados, pero no de millones de argentinos violentados en sus derechos sociales más elementales plenamente insatisfechos: una casa, un trabajo, un salario que alcance, un sistema de salud que cure.

Quiere saber al detalle la relación existente entre el Opus Dei y los jueces que, todavía hoy, contrariando incluso leyes nacionales en vigencia, niegan sistemáticamente el derecho al aborto no punible a mujeres víctimas de delitos sexuales.

Ese pueblo, el nuestro, ya en las puertas de cumplir dos siglos de existencia social, como parte inseparable de una patria todavía inconclusa en su proceso de liberación, ansía saber de qué se trata escaleras arriba del Palacio de los Tribunales.

¿Se animarán a decírselo los jueces?

* Secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.