En apenas 35 minutos, un conglomerado opositor protagonizó un episodio de arrebato en el Senado de la Nación y, con ello, se mofó de su propio discurso, sustentado en el continuo reclamo de mayor calidad institucional.

Sin otro acuerdo que su inocultable voluntad común de paralizar la gestión del gobierno nacional, esta entente destructiva violó la ley y el propio reglamento de la Cámara alta para hacerse de la mayoría en comisiones parlamentarias que son decisivas para la gobernabilidad democrática.

Ya deslizándose irresponsablemente por un tobogán desquiciado, un grupo de legisladores presentó una increíble denuncia penal contra la presidenta de la Nación, su gabinete de ministros y el directorio del Banco Central.

Así, una oposición que, sin programa alternativo alguno, abruma con una monotemática demanda de diálogo, consenso y respeto a la institucionalidad, acabó promoviendo un escenario político de tal nivel de confrontación que torna imposible el debate de proyectos y la búsqueda de acuerdos.

Rara conjunción ésta, que arrastra a fuerzas de trayectoria diversa, agrupada ahora en un promiscuo accionar que, si fuera exitoso, tendría costos irreversibles, en especial para los sectores sociales más vulnerables. La evidente ambición de debilitar al Gobierno para mejorar las propias chances electorales no justifica la voluntad de empujar a la nación al mismo abismo al que muchos de ellos condujeron al país, con la aciaga secuencia de endeudamiento, ajuste y represión.

Ahora se caen todas las máscaras y ya no es posible disfrazar de legitimidad esta ofensiva que lidera la derecha. Ninguna de las fuerzas políticas que la acompañan puede ignorar que lo que acaba de nacer es el frente del ajuste, que desde la caída y derrota de la coalición que sustentó las reformas neoliberales del ’90 no encontraba una representación política acorde con sus intereses.

* Secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete. Fue secretario general y diputado nacional del Partido Socialista.