La jueza Claudia Rodríguez Vidal defendió, en diálogo con Página/12, la resolución con que congeló el Fondo del Desendeudamiento. “De ninguna manera mi decisión puede defoltear la deuda. La propia Ley de Presupuesto tenía partidas para afrontarla”, argumentó. Y ante la advertencia de Cristina Kirchner de que el Gobierno seguirá pagando con reservas del Banco Central, respondió: “Cualquier ciudadano que incumple un fallo incurre en el delito de desobediencia”.

–¿Qué va a hacer usted si el Gobierno no acata su resolución y empieza a sacar reservas del Fondo del Desendeudamiento para pagarles a los bonistas?

–Esto no es algo personalizado con la señora Presidenta, quiero que quede claro. Cualquier parte en un juicio que incumple con su obligación tendrá alguna sanción. Por ejemplo, si alguien no paga honorarios, se lo intima. Ante conflictos patrimoniales de ese tipo puede haber multas. En otras situaciones, cuando la otra parte (demandada) insiste en no cumplir una disposición, lo único que se hace es fotocopiar lo actuado y enviárselas a un juez penal.

–¿Cómo sería el procedimiento entonces?

–No es que yo voy a imputarles desobediencia, no voy a analizar eso. Se lo mando a otro juez para que evalúe. De todos modos, para llegar a ese punto primero la otra parte tiene que acreditar que efectivamente hubo pagos usando ese fondo creado por DNU. La Presidenta dijo “voy a cumplir con los pagos”, es sólo una manifestación. Aparentemente no han usando esos fondos todavía.

–Usted aceptó prolongar una medida cautelar que había inmovilizado el Fondo del Bicentenario, que fue derogado. ¿Por qué no siguió la línea de la Corte Suprema, que dijo que al no existir más aquel DNU el caso era abstracto?

–Yo suspendí el nuevo DNU hasta que el Congreso esté en condiciones de revisarlo. La Corte resolvió otro expediente, que es el de (Federico) Pinedo (PRO) y otros legisladores. Y lo dijo en el marco de un recurso extraordinario. En uno de los expedientes que yo tenía a estudio, el de Graciela Camaño, ni siquiera hay sentencia de la Cámara de Apelaciones sobre la primera medida cautelar y en el otro, el de legisladores de la UCR, si bien había sentencias de primera y segunda instancia, no estaba resuelto el recurso extraordinario. La discusión sobre las ampliaciones de la demanda a raíz del nuevo decreto van a llegar a la Corte.

–Hubo quienes interpretaron que ese pequeño fallo de la Corte era un mensaje para frenar la “judicialización” del conflicto, que los ministros consideran político.

–Yo no interpreté que la Corte había resuelto que está prohibido ampliar demandas. Cuando hay conflictos entre los poderes está llamado a intervenir el Poder Judicial.

–¿Cómo tomó las expresiones de Cristina Kirchner de que hay “jueces en alquiler” y otros alusivos a su pareja?

–Me quedé sorprendida. Sobre mi vida privada no voy a hacer comentarios. Por lo demás, no me siento aludida. Habría que hacer un estudio de mis 15 años de jueza. A veces resuelvo a favor de la posición que el Gobierno esgrime y a veces no. Sin ir más lejos, el mes pasado saqué una resolución sobre la Cuota Hilton donde decía que corresponde el procedimiento del Ejecutivo. No tengo ninguna percepción de ser una jueza que obstaculiza. No soy una jueza opositora. Incluso el fallo sobre el Indec, que pudo haber causado escozor (pidió que el organismo explicara cómo hacer los relevamientos) cuando fue a la Cámara, hizo toda una ampliación sobre 400 productos en detalle, de manera que no es que yo tengo ninguna cuestión de enfrentamiento. Me siento segura de mis decisiones.