La perplejidad de Luke Skywalker

Por José Natanson

Si Luke Skywalker y Han Solo aterrizaran el Halcón Milenario en la Argentina de hoy se encontrarían con un panorama curioso: por un lado, una economía que logró sortear razonablemente bien la crisis financiera mundial, sin colapsos ni quiebres de bancos, con una cosecha record de soja, la mejor temporada en Mar del Plata (670 mil turistas sólo en la primera quincena de enero), una producción de autos que en febrero más que duplicó la del mismo mes del año anterior y un crecimiento estimado para el 2010 en alrededor de 3 por ciento, con sólidas reservas, recaudación en aumento, superávit comercial, el dólar sin alteraciones y una inflación alta pero no desbocada. Y, al mismo tiempo, un sistema político al filo del conflicto de poderes, con el Gobierno y el Congreso enfrentados, sin ninguna capacidad de diálogo o concertación.

Del DNU al Senado

La semana política comenzó con el discurso de Cristina Kirchner en la apertura de sesiones legislativas. Como es habitual, rememoró, con abundancia de números, los logros de su gestión y la de su marido, insistió con aquello del “país virtual” versus el “país real” y sobre el final, cuando nadie se lo esperaba, anunció la firma de dos decretos, uno corriente y otro de necesidad y urgencia, para disponer el pago de la deuda con reservas. El primer decreto se apoya en una ley sancionada durante el gobierno anterior que permite pagar con reservas los compromisos con los organismos internacionales, en este caso 2187 millones de dólares, mientras que el DNU ordena disponer de 4382 millones para el resto de las erogaciones. Más prolijo que el anterior, el nuevo esquema establece un monto exacto en lugar de mencionar, como hacía el Fondo del Bicentenario, las “reservas de libre disponibilidad”. El diseño fue acompañado por una operatoria sigilosa y bien planificada: una oportuna reunión del directorio del Banco Central, un boletín oficial emitido fuera de horario y una rápida transferencia consiguieron evitar que la oposición frenara la medida con un recurso de amparo ante la Justicia.

Pero pensar que una ingeniería legal más prolija y una operación contable más ágil resolverían el problema equivale a ignorar el aspecto específicamente político de todo el asunto. Madrugada por el Gobierno, la oposición salió velozmente a impugnar la jugada. Y dos días después, en la primera sesión del Senado, contraatacó con todo: se quedó con la mayoría de las comisiones, en un gesto que desmiente sus frecuentes declaraciones sobre la necesidad de respetar las instituciones, y anunció el rechazo al pliego a Mercedes Marcó del Pont, que esta semana se tratará en el recinto, además de la decisión de impulsar la coparticipación del impuesto al cheque, una modificación de la ley del Consejo de la Magistratura y una nueva reglamentación de los DNU. Son pocos los puntos de acuerdo del variopinto conglomerado opositor, en general más orientados a arrebatarle resortes de poder al Ejecutivo que a definir cuestiones sustantivas, pero de todos modos parece dispuesta a avanzar en ellos.

No sería correcto establecer una asociación automática de causa-efecto entre ambas jugadas, como han hecho algunos: la oposición estaba decidida a quedarse con la mayoría de las comisiones antes del DNU, como demuestra la fracasada sesión del Senado la semana anterior. Pero lo que sí reflejan ambas decisiones es la dinámica peligrosamente centrífuga de la política actual y las dificultades para arribar a una solución de consenso a través de una ley. El oficialismo argumenta que la inclinación al bloqueo de la oposición hubiera frenado cualquier proyecto parlamentario. Es posible, desde luego. Pero desde un punto de vista institucional, si el objetivo del pago de la deuda con reservas es, como afirma el oficialismo, liberar recursos del presupuesto para evitar un ajuste, entonces el Congreso tiene todo el derecho del mundo a reclamar un lugar en la discusión, pues la asignación presupuestaria es una de sus funciones esenciales. Y aunque es cierto que el camino parlamentario quizás hubiese demorado o incluso frenado el proyecto, también es verdad que el hecho consumado del decreto ha generado otros problemas: si el Gobierno hubiera enviado una ley, ¿la oposición, muchos de cuyos integrantes habían guardado un respetuoso silencio cuando se anunció su designación, insistiría, como lo está haciendo, con el rechazo al pliego de Marcó del Pont?

Antecedentes

Como señalamos en otra oportunidad, no siempre oficialismo y oposición vivieron enfrentados. Hubo, desde la recuperación de la democracia, varios momentos de cooperación. En el final del alfonsinismo, la renovación peronista operó como un poderoso sostén ante los alzamientos carapintadas, frente al silencio e incluso las negociaciones subterráneas de los sectores más conservadores. En 1989, luego de la entrega anticipada del poder, los bloques de la UCR acompañaron en el Congreso durante seis meses, hasta que se produjo el recambio legislativo, la sanción de las leyes reclamadas por Carlos Menem. Durante la gestión de la Alianza, en un clima de crisis inminente, el peronismo se comportó, al menos en el Congreso, de manera constructiva: el Senado votó por 50 votos a 6 el impuesto a las transacciones bancarias, facilitó el quórum para la sanción de la Ley de Déficit Cero (que implicó un recorte brutal a jubilaciones y salarios estatales) y hasta ayudó a reunir los votos para aprobar los poderes especiales a Domingo Cavallo. Y, por último, el período de Eduardo Duhalde, un ensayo de presidencialismo parlamentarizado apoyado por casi toda la clase política: el peronismo (incluyendo al menemismo, que buscaba la finalización del mandato que habilitara una nueva candidatura de su líder), el radicalismo alfonsinista y un sector del Frepaso.

Como tantas otras cosas, el punto de quiebre hay que buscarlo en el 2001 (el gobierno de Duhalde, aunque comenzó justamente en aquel diciembre, se sostuvo en la ecuación institucional previa a la crisis: fue el último soportado por los viejos partidos). Fue en aquel momento, entre cacerolazos y piquetes, cuando el sistema político argentino voló por los aires, para recomponerse sólo parcialmente. En general, los sistemas políticos institucionalizados, con partidos orgánicos y disciplinados, tienden a morigerar o al menos encauzar el conflicto político. El partido que hoy está en la oposición puede ser gobierno en el siguiente período, y el que está en el gobierno sabe que en algún momento será corrido al otro lado del mostrador. Esto genera incentivos para la negociación y el acuerdo y crea una dinámica política más centrista, que reduce las tentaciones mayoritaristas, del ganador se lleva todo, y da como resultado cambios más moderados, más negociados y a menudo más permanentes.

En un sistema de este tipo, previsible y de baja volatilidad, los equilibrios interpartidarios se reflejan en sistemas institucionales más balanceados, que imponen límites al decisionismo y la concentración de poder, de un lado, y al obstruccionismo estéril, del otro.

Economía y política

La dinámica de nula cooperación, al filo del conflicto de poderes, se acentúa en un tipo de régimen como el nuestro. A diferencia de los parlamentarismos, donde es el Congreso el que designa al primer ministro y el gabinete, en una democracia presidencialista existen dos poderes con legitimidad de origen, el Ejecutivo y el Legislativo. La división de poderes, corazón de la república, supone una distribución de competencias o funciones, pero no la ausencia de articulación. Contra lo que suele proclamar cierta oposición, que alerta sobre cualquier incidencia del Ejecutivo en el Congreso como si se tratara de un golpe de Estado, y contra el comportamiento habitual del Gobierno, para el que ceder ante el Parlamento equivale a “cogobernar”, lo cierto es que el presidencialismo exige diálogo y negociación entre los poderes (y su cara oscura: intercambios, toma y daca, presiones).

En un escenario de gobierno dividido, con el Ejecutivo de un color y el Congreso de otro, la articulación se vuelve imperiosa: deja de ser un latiguillo televisivo para convertirse en una exigencia de gobernabilidad. Es cierto que el Ejecutivo dispone de recursos institucionales para evitar el bloqueo, como el veto y los DNU, pero también es verdad que el decisionismo extremo lleva inevitablemente a la exacerbación del conflicto, eventualmente a la parálisis e inevitablemente a la judicialización: ¿y dónde está el límite entre la función judicial de garantizar la constitucionalidad de los actos de gobierno y la interferencia de un poder sobre otro?

El Gobierno confía en que asegurándose las condiciones mínimas de gobernabilidad y garantizando un alto crecimiento económico logrará sortear los escollos que le pone la oposición. Pero si el escenario de confrontación y bloqueo se consolida, ¿hasta qué punto la economía logrará evitar los efectos de la política? El caso más clásico de estudio es la Italia de posguerra: una interminable serie de gobiernos con eje en la Democracia Cristiana que se formaban gracias a complicadas y variadísimas coaliciones, y que daban como resultado una inestabilidad mayúscula, con un promedio de duración de los gabinetes de diez meses, que llevó a analistas como Percy A. Allum y Giuseppe di Palma a hablar de una “República sin gobierno”. Paralelamente, la economía experimentó un período de prosperidad y desarrollo que recién se interrumpió en los ‘90, en simultáneo con el colapso del régimen político y la configuración de un sistema completamente nuevo, con eje en Berlusconi.

¿Se puede pensar en una economía próspera en un contexto de crisis política? Excepcionalmente sí, aunque en el caso de Italia hay que considerar el empuje de la reconstrucción, el factor crucial de su ingreso a la Unión Europea y el arrastre del impresionante crecimiento de las economías más grandes de Europa. Argentina se beneficia, hoy, de los excelentes términos de intercambio, la diversificación de sus exportaciones y el buen momento de las economías emergentes, en particular sus dos grandes socios comerciales, Brasil y China, pero sería insensato pensar que esta situación se prolongará para siempre.

Toda la vida es Carnaval

En una situación de virtual empate, si tanto el oficialismo como la oposición se niegan a construir coaliciones más amplias mediante la articulación con segmentos situados a uno u otro lado de la frontera K, el valor de cada voto se eleva, y los más difíciles o los más pícaros se cotizan a precio de oro. Así como en su momento el oficialismo recurrió a Ramón Saadi para el apoyo a Resolución 125 (su voto fue crucial para el empate que finalmente definió Cobos), ahora la oposición tiene que apelar a Carlos Menem para asegurarse el reparto de las comisiones en el Senado. Cada bando tiene el impresentable que se merece.

En una dinámica de mayorías ceñidas, cuando ambos bloques se muestran incapaces de encontrar puntos de contacto y recurren al imperio número y la fuerza de los hechos consumados como única estrategia, los personajes menores adquieren súbita relevancia: si hubiera aterrizado esta semana, Luke Skywalker probablemente pensaría que Menem es un actor de primer nivel y no un político acabado, en el ocaso definitivo de su carrera. Su protagonismo, como en su momento el de Saadi, es un reflejo de los déficit del juego político y de las incapacidades cruzadas que lo degradan. Los estudiosos del Carnaval, cuyo origen puede rastrearse en las fiestas paganas celebradas en honor de Baco, el rey del vino, aseguran que una de sus claves es la transgresión mediante una inversión de los roles que implica la suspensión transitoria de las jerarquías sociales. Quizá sea este clima de confusión carnavalesco el que permite que, en una semana agitada, Miguel Angel Pichetto acuse a la oposición de violar el reglamento o que Adolfo Rodríguez Saá, amo y señor de San Luis, se queje de que el Gobierno ¡no respeta la división de poderes!

Lo destituyente, una vez más

Por Sandra Russo

La escena podría inscribirse en el grotesco argentino: los que contrajeron deuda y quemaron reservas se enloquecen porque, sin haber dado ellos su consentimiento, el Gobierno se desendeuda con las reservas que él mismo acumuló. Los mercados bullen expectantes por la salida del default, pero ellos, que han sido históricamente los lobbystas de los mercados, se contorsionan en televisión para evitar contestar cómo pagarían ellos la deuda, si así como lo propone el Gobierno les repugna. Evitan decir “ajuste”. La pregunta fue formulada ayer hasta en TN, y eso tiene una lógica y merecimiento que forma parte de lo que los enloquece: la hizo por la mañana en cadena nacional Cristina Fernández. Los medios monopólicos no tuvieron más remedio que recoger el guante.

Están tan acostumbrados al periodismo servil de los medios monopólicos, que la pregunta del cronista de Duro de domar, un programa tendiente a lo farandulero, los ensombreció en la conferencia de prensa que dieron todos juntos todavía relamiéndose por haber rechazado el pliego de la directora del Banco Central: “¿La medida que toma el Gobierno ahora no está dirigida a pagar las deudas que contrajo en parte el gobierno de la Alianza y el default que decretó el doctor Rodríguez Saá?”. Allí estaban entre otros Rodríguez Saá y Gerardo Morales. Es una pregunta de estricto sentido común, pertinente y sencilla. Se rieron. Pusieron cara de “uh, éste vino a provocar”.

El sector mayoritario del periodismo televisivo está a sueldo de los medios concentrados. Ultimamente las nuevas camadas de periodistas que incorpora el monopolio Clarín no salen de la UBA sino de la maestría que ellos mismos crearon junto con la Universidad San Andrés. Hace unas semanas, en el suplemento Zona de Clarín, fueron publicados “algunos de los mejores trabajos” de esa maestría en periodismo. Una de ellas tomaba como fuente un mail anónimo que indicaba que los sueldos del programa 6, 7, 8, del que formo parte, eran de entre 90 y 40 mil pesos. Orlando Barone y yo cobrábamos 40 mil pesos, según ese correo sin firma que circuló por Internet. No sé si me molestó más la mentira, o que supusieran que yo aceptaría un sueldo tanto más bajo que el de mis compañeros. Una buena pieza de carne podrida, amplificada por Clarín, La Nación, Perfil y Crítica, todos con intereses extraperiodísticos.

Aunque el silencio es más elegante que el griterío, a veces uno cuando calla parece que otorga. Pero además esa información falsa en la que se basaron muchas notas reafirma un mecanismo discursivo que es más grave que la falsedad de la especie: en todo caso, la falsedad de la información estaba dirigida a desprestigiar opiniones que son estricta minoría en el universo mediático. Si los pobres van a los actos por la coca y el chori, nosotros vamos al canal por el cheque. Ni unos ni otros tienen convicciones, leales saberes y entenderes, conciencia.

La ley de medios está suspendida por una jueza mendocina, Pura de Arrabal, que fue la misma que falló a favor del grupo Vila Manzano y en contra de Canal 7. Los jueces de la Corte Suprema dicen que “el problema es político, no lo podemos resolver los jueces” (Zaffaroni), y que “los jueces no deben gobernar” (Lorenzetti). Pero hay jueces que fallan imbuidos de las mismas sospechas que la oposición. La oposición puede exponerse a actuar guiada por la sospecha, de hecho es uno de sus recursos más frecuentados. Pero que lo hagan los jueces es institucionalmente más grave.

Hay periodistas que han llegado a reclamar la censura a 6, 7, 8, con el argumento de que Canal 7 “es de todos”. La televisión pública debe garantizar prioritariamente la pluralidad de opiniones. Invito a cualquier argentino a recorrer la televisión de aire y a revisar cuántos programas incorporan el punto de vista del Gobierno, sobre todo en lo que hace a su modelo económico y social, en su análisis. No hay ninguno. El pensamiento único en materia de comunicación es el del monopolio. En los medios, hoy no se puede ser opositor a la oposición. Así le fue a Luis Novaresio, a quien Mariano Grondona echó de su programa después de haber hecho preguntas molestas a una diputada de la Coalición Cívica con respecto a la ley de ADN. Curioso: ningún medio habló de censura.

No la imaginamos, la vimos y la escuchamos a Carrió en el Senado, invitada especialmente por los honorables nuevos senadores. Esta mujer sin estribos dijo allí mismo que haría una denuncia penal “por estafa y quiebre del orden institucional” a la Presidenta y a Mercedes Marcó del Pont. No la aplaudieron, pero tenían ganas. Dijo que iría a la OEA a pedir apoyo. Ellos asentían. Gracias al sector de centroizquierda que sigue ciego a la operación golpista, Carrió tiene cancha ahora para desparramar sus paranoias. La loca de la casa siempre ha sido funcional a los señores.

Y hoy veo que los medios monopólicos, de manera idéntica a la oposición, incluido ese sector de centroizquierda, vuelven a calificar de “exagerada” la denuncia destituyente. Dirían lo mismo incluso si pudieran lograrlo. Dirían que “exageran”. La oposición puede decir que llueve de abajo para arriba: los periodistas monopólicos dan entidad a todas sus pavadas.

Hoy está muy claro que la defensa del Gobierno es la defensa de un modelo, que podría liderar hoy una fuerza política y alguna otra en el futuro. Pero habrá que pensar en hacerlo sin algunos aliados que parecían naturales y que demuestran que no lo son. Ellos seguirán marchando hacia sus condiciones prerrevolucionarias, que como no molestan mucho pueden incluso ventilar en TN.

Hoy hay una pelea concreta entre un modelo de Estado de bienestar y un modelo de Estado neoliberal, con todos los matices que uno le quiera agregar. Pero lo que se juega hoy es eso, no la inmortalidad de los ángeles ni el color de la cara de Dios. Es una pelea antigua, que comenzó a darse en la posguerra. Una pelea entre dos formas de capitalismo. Suena a poco, pero así de derechizado está el mundo. No es ninguna novedad que en Brasil a Lula lo acusan de “derechista” y en Estados Unidos a Obama lo acusan de “izquierdista”.

Cuando Patricia Bullrich dice que el Gobierno tiene que ir a decirles “qué cosas del presupuesto va a suspender para pagar la deuda”, ningún insert de Grecia o España ayuda a contextualizar el monstruo que asoma de su paladar. Dicen todos cualquier cosa a toda hora. Hacen recordar a otros personajes que no sólo cuentan con el apoyo de los medios, sino que son sus dueños: Roberto Micheletti en Honduras o Silvio Berlusconi en Italia.

No es una pizca de exagerado hablar de operaciones destituyentes. Las hay, las conocen, las ventilan, las analizan, las promueven o son cómplices por omisión. No lo blanquean porque son golpistas u oportunistas. Y si no hay ni habrá destitución, no es porque la oposición defienda la institucionalidad ni la Constitución, sino porque la gente no come vidrio, y porque en este país ya hemos sufrido demasiado.

Una maniobra electoral

Por Raúl Kollmann

El 14 de junio pasado, dos semanas antes de las elecciones, un domingo, Clarín publicó en su principal título de tapa, en la página 3 y en el editorial firmado por Eduardo Van der Kooy, que Néstor y Cristina Kirchner preparaban una gigantesca maniobra: en caso de perder las elecciones en la provincia de Buenos Aires, adelantarían los comicios presidenciales de 2011. Incluso dieron una fecha precisa: 10 de marzo de 2010.

Como es obvio, pasado mañana no habrá elecciones.

Y queda claro también que todo fue una operación política del diario, seguramente para crear el ambiente de derrota del Frente para la Victoria. También se decía por entonces –y la gran vocera fue Elisa Carrió– que el 28 de junio habría un gran fraude electoral. Lo cierto es que no lo hubo o, al menos, nadie lo denunció. Ni siquiera Carrió.

Aquel 14 de junio, Clarín señalaba que “el adelanto electoral fue escuchado por un dirigente que accede con periódica frecuencia a la intimidad de Néstor Kirchner, pero con quien mantiene diferencias”. Esa fue la fuente de la tapa del diario. Señalamos entonces que, como mínimo, Clarín debería haber explicado cómo se iba a hacer semejante maniobra.

Para adelantar las elecciones presidenciales, debe hacerse una reforma constitucional, porque la reforma aprobada en 1994 dice taxativamente que los comicios presidenciales deben ser convocados dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. O sea que, teniendo en cuenta que Cristina Kirchner termina el mandato el 10 de diciembre de 2011, por orden de la Constitución, las elecciones se tienen que hacer después del 10 de octubre de 2011.

Los comicios presidenciales están fijados por la Constitución, no son como los de diputados y senadores, cuya fecha se establece por ley. Por eso, para adelantar aquella elección al 14 de junio, el oficialismo requirió una ley, que fue aprobada por las dos cámaras. Clarín quiso sugerir en aquel momento que la derrota sería tan grave que la Presidenta iba a renunciar. Pero tampoco en ese caso habría elecciones. Como cualquier argentino sabe, cuando renuncia un presidente, asume el vicepresidente. El 14 de junio, cuando se dedicó la tapa del diario a esta supuesta maniobra, el vicepresidente era Julio Cleto Cobos y lo sigue siendo hoy. Clarín no decía, por ejemplo, que Cobos también renunciaría.

Cuando renunció Fernando de la Rúa, que no tenía vicepresidente por la renuncia de Carlos “Chacho” Alvarez, tampoco hubo elecciones. Asumió el presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, y la Asamblea Legislativa designó sucesivamente a Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde. Es que así lo establece el texto de la Constitución.

Está dicho, si la Presidenta renuncia, asume Cobos, y si también el vicepresidente dimite –nadie explicó por qué lo haría– la Asamblea Legislativa tiene que elegir a un diputado, un senador o un gobernador para que asuma la presidencia hasta el 10 de diciembre de 2011. Como cualquiera sabía en junio del año pasado, una derrota K en las elecciones lo pondría en una situación de minoría en el Congreso, por lo que la designación de un presidente para terminar el mandato de Cristina se haría con una mayoría anti-K, lo que significa que el oficialismo ni siquiera tendría capacidad para designar a alguien de su gusto.

Así las cosas, la gigantesca maniobra publicada por Clarín en plena campaña electoral terminó siendo eso: un acto de campaña. De hecho, Néstor Kirchner fue derrotado en territorio bonaerense y pasado mañana no hay elecciones. En aquel momento, Página/12 consultó a jueces, constitucionalistas y fiscales. Todos coincidieron en que lo publicado por Clarín no era viable. Estuvieron en lo cierto.