El desafío que lanzó el gobierno nacional, con respecto a discutir alternativas para el pago de los vencimientos de la deuda de este año, hasta el momento no parece haber despertado en la clase política el suficiente entusiasmo como para ponerlo en el centro de la escena. La consulta realizada por Página/12 entre las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria, buscando confrontar el proyecto del gobierno del Fondo del Desendeudamiento con otras posturas, se encontró, en general, con propuestas e ideas poco articuladas y mal justificadas. El planteo pareció tomar por sorpresa a estos actores, como si la asignación de recursos al pago de la deuda no fuera un asunto central de sus respectivas propuestas económicas. Pero una cosa está clara: aun en los sectores que más convencidos están política y filosóficamente de que la mejor solución viene por el lado del ajuste, se atreven a llamarlo por su nombre. El gasto “eficiente”, eliminación de “subsidios” y otras fórmulas retóricas han reemplazado en el lenguaje político las propuestas de reducción del gasto público.

“Si me traen una propuesta mejor, sin dejar de cumplir con las políticas sociales ni las obras de infraestructura necesarias, les juro que la pongo en marcha”, propuso la Presidenta de la Nación a la oposición el jueves último, por cadena nacional. En esta página se recogen algunas de las propuestas de tres sectores de la oposición, que tienen en común el rechazo al pago de los vencimientos de la deuda con reservas internacionales tal cual lo dispuesto por el gobierno nacional. Con matices claramente diferenciados en algunos casos, en otros con argumentos bastante más difusos.

El nuevo discurso de Unión-Pro (De Narváez y Macri) reemplaza la formulación del recorte del gasto público por el más elegante principio de “eficiencia” en el gasto. El concepto de que los subsidios al consumo de gas y el transporte beneficia a los sectores más pudientes en mayor medida que a los pobres ha sido una fórmula reiterada desde que el Estado volvió a meter mano en el terreno que el menemismo pasó a manos privadas, con tarifas mínimamente reguladas. Pero algo del viejo discurso de que “toda intervención del Estado es ineficiente” quedó reflejado en el enunciado como emblema del “gasto eficiente”. Lo que queda detrás de este telón no es otra cosa que la tradicional receta del ajuste.

Radicales y centroizquierdistas (Proyecto Sur) comparten el planteo de eliminación de subsidios al transporte y servicios públicos, pero sin medir el impacto que ello tendría sobre las tarifas que pagan los usuarios. Al menos, dentro del actual esquema de prestación de dichos servicios. Una transformación del modelo de concesiones heredado de la década de privatizaciones no parece ser el destino al que se oriente el Congreso en lo inmediato, en su actual composición. Es por ello que no está claro en qué se diferencian estos cuestionamientos de una política más explícita de ajuste del gasto público, con aumentos de tarifas incluido.

La propuesta de Proyecto Sur de elevar los aportes patronales de las grandes empresas al sistema previsional, regresando a los porcentajes de aporte previos a la reducción con la que los benefició Domingo Cavallo en 1993, y un cambio en el esquema tributario que impacta sobre las empresas de los sectores extractivos, marca una distancia de las posturas de los otros bloques de oposición. Aunque su efecto inmediato, en las cuentas de este año como para financiar el pago de la deuda, es dudoso, y por lo tanto suena como argumento insuficiente para rechazar el uso de las reservas internacionales para ese fin. La propia propuesta alternativa de uso de las reservas que hace Proyecto Sur, a través de un Fondo para el Desarrollo, no deja en claro el impacto final, en tanto no define cómo se “pesifican” las reservas para su uso en el mercado interno.

El debate propuesto por Cristina Fernández, en torno de propuestas alternativas al Fondo del Desendeudamiento, por ahora sigue pendiente.