A través de una breve declaración, los obispos católicos sumaron ayer su propia voz al debate político nacional, asegurando que “la situación actual requiere una actitud de grandeza de parte de todos los argentinos, en particular de sus dirigentes”, entre los cuales se incluyeron, al señalar que “también nosotros, como pastores, nos sentimos interpelados por esta situación y no nos excluimos del examen de conciencia que se debe hacer”. Tales afirmaciones forman parte de un texto difundido al término del segundo día de reuniones de la Comisión Permanente del Episcopado, que preside el cardenal Jorge Bergoglio.

Pero la veintena de obispos reunidos en la sede capitalina de la Conferencia Episcopal no se contentaron con emitir un comunicado, sino que al mismo tiempo solicitaron audiencia con la presidenta Cristina Fernández, los titulares del Senado y de la Cámara de Diputados y con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Según el portavoz del Episcopado, el sacerdote Jorge Oesterheld, de esta manera los obispos “quisieron sumarles un gesto a las palabras solicitando audiencia a los tres poderes del Estado”. Anoche, en fuentes del Gobierno se confirmó que desde el Episcopado se había adelantado el pedido de audiencia a la Presidenta y que se estaban realizando los pasos formales para concretar la solicitud.

La declaración episcopal, de apenas treinta líneas, titulada “La Patria es un don, la Nación una tarea”, comienza señalando que “la celebración del Bicentenario merece un clima social y espiritual distinto al que estamos viviendo”. Advierte también que “lo que sufre es la Nación toda” y que “no es momento para victimizarnos ni para procurar ventajas sectoriales”. Recordaron los obispos una frase de otro documento episcopal en el que ellos mismos habían señalado que, “aunque a veces lo perdamos de vista, la calidad de vida de las personas está fuertemente vinculada a la salud de las instituciones de la Constitución, cuyo deficiente funcionamiento produce un alto costo social”. Por este motivo subrayaron que “la calidad institucional es el camino más seguro para lograr la inclusión de todos en la comunidad nacional”, agregando que “es necesario que los poderes del Estado, de acuerdo a su naturaleza, actúen respetando su legítima autonomía y complementándose en el servicio al bien común”.

Los dos párrafos siguientes de la breve declaración episcopal estuvieron dedicados, el primero, a reiterar lo que ha sido una constante en todas las últimas declaraciones, la advertencia sobre la situación de los pobres, y el segundo, a un llamado para que las leyes respondan a las “necesidades reales” y no a intereses “que no tienen en cuenta la naturaleza de la persona humana, de la familia y de la sociedad”.

Sobre los pobres, los obispos sostienen que “si toda la Nación sufre, más duramente sufren los pobres”, afirmando que “este es un reclamo del cual nos volvemos a hacer eco, porque se trata de una deuda vigente y que se lee en los rostros de miles de hermanos que no llegan a vivir conforme con su dignidad de hijos de Dios”. La otra alusión pareció claramente dirigida a solicitar que se legisle sobre cuestiones que los obispos consideran fundamentales, dejando de lado otros temas, como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la despenalización del aborto, a los que la Iglesia se opone por considerarlos contrarios a “la naturaleza de la persona humana”.