Tienen cargos vitalicios, choferes algunos, generosas vacaciones, jugosas jubilaciones y una gigantesca influencia sobre la vida, el patrimonio y la libertad de la gente. Los jueces quedaron en el centro de la tormenta con las críticas de Cristina Kirchner y la defensa de la Corte Suprema. El timing de la polémica no parece ser casual, sino el preámbulo de una batalla que se está iniciando en el Congreso: quién y cómo consigue más poder para nombrar, echar o proteger a los magistrados. Por ahí pasa la pelea de fondo sobre la reforma del ya célebre Consejo de la Magistratura. Hay más de una decena de proyectos de ley presentados por distintas fuerzas, incluso del kirchnerismo, que lo modificó cuatro años atrás.

La posible reforma del órgano que elige y sanciona a los jueces fue incluida en la agenda parlamentaria por la oposición, que lo vislumbra como uno de los temas con chances de prosperar, siempre que primero logren ponerse de acuerdo entre ellos. Quienes promueven cambios drásticos creen en una ventaja de arranque: si bien los Kirchner, repasan, se anotaron un poroto con el recambio en la Corte y un esbozo similar con la Cámara de Casación, los resultados del achicamiento del Consejo de la Magistratura siempre dieron que hablar. Porque los concursos siguen siendo eternos, hay decenas de investigaciones cajoneadas, otras direccionadas, denuncias de manipulación de ternas y hasta fraudes comprobados en los exámenes para ser juez.

Poderes y amigos

La obsesión de la oposición es romper el llamado “poder de bloqueo” que tiene hoy el kirchnerismo en el Consejo de trece miembros: siempre hace falta al menos un voto del oficialismo para acusar a un juez o elevar una terna de aspirantes si en el plenario hay asistencia perfecta. Los que conocen la intimidad del organismo saben que esa facultad de impedir –o facilitar– no ha funcionado tanto en el recinto mismo, pero sí ha operado como una amenaza latente capaz de obligar a la negociación detrás de escena. La mayoría de los proyectos presentados por la UCR, la Coalición Cívica (CC), el Peronismo Federal, el PRO y GEN, apuesta a volver a agrandar el cuerpo con la meta de recuperar para sí y para la corporación de jueces y/o abogados el terreno perdido en 2006 por la reforma K. Algunos hablan de retornar a la composición original de 20 miembros, otros sugieren un número intermedio, pensando en hacer espacio a las togas.

El kirchnerismo difícilmente acepte cambios en el esquema vigente y menos que menos para darle lugares a la corporación judicial, a la que acusa de actuar en función de intereses sectoriales. Los comentarios de la Presidenta sobre jueces que cobran las excarcelaciones, los que guían sus fallos por la tapa de los diarios y los que “parecen alquilados” –más allá de reflejar el enojo por las resoluciones contra el uso de reservas– diversifican el debate al correr el foco de la cuestión meramente numérica. El propio titular de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, quizás en un desliz abonó la teoría presidencial de que hay jueces que actúan según sopla el viento. “Cuando los gobiernos nombran jueces amigos que se creen amigos, son amigos del poder y no del gobierno. Esa amistad va a cambiar en la medida en que se vaya inclinando (la política) hacia otro lado”, dijo al exponer en la Comisión de Justicia de la Cámara baja, en el mismo contexto donde, al rato, el diputado Alejandro Rossi disparó que los jueces tienen un perfil “conservador” y “aristocrático” que habría que cambiar.

Rossi presentó con otros diputados del Frente para la Victoria un proyecto que acepta una determinada re-reforma del Consejo sin cambiar su integración. Una de las firmantes, Diana Conti, que además es consejera, explicó: “Buscamos democratizar el Poder Judicial. ¿Cómo? Que los representantes de los abogados en el Consejo sean elegidos por el voto popular (junto con las elecciones presidenciales) y que los consejeros jueces sean elegidos entre los jueces de todo el país, no de un sector”. El ministro de Justicia, Julio Alak, dio una señal de aval al declarar que “hay que evitar que las reformas aristocraticen el Poder Judicial (...) hay que evitar que la representación de las corporaciones aumente en desmedro de la representación popular”.

El diputado Juan Pedro Tunnessi (UCR) es de los que piden “volver al Consejo de 20 miembros para quitarle predominio al sector político; esto no es dar más poder a las corporaciones, es más equilibrio”, le explica a Página/12. La fórmula del peronista federal Gustavo Ferrari para “diluir la representación del Gobierno” reemplaza a dos legisladores oficialistas por dos de la tercera fuerza, agrega un juez, un ministro de la Corte y un académico. Jorge Obeid introduce otra variante: aumentar a ocho los legisladores actuales para incorporar también al tercer partido o coalición; Paula Bertol (PRO) presentó un proyecto con clara preeminencia de jueces y abogados (cuatro magistrados y tres abogados, dos académicos más dos legisladores y un funcionario del Poder Ejecutivo). Claudia Rucci, en otro extremo, diseñó un cuerpo de 29, con mayoría de jueces y letrados.

En la oposición hay un acuerdo básico en “objetar la composición actual” del Consejo, “que es un punto neurálgico”, evalúa el radical Ricardo Gil Lavedra, que preside la Comisión de Justicia y mueve varios hilos en la discusión. “Queremos consensuar con el kirchnerismo, lo vemos posible, aunque nadie espera que Cristina diga que se equivocó”, vaticina. En el oficialismo nadie dice que no. “El asunto aquí es que la Constitución no definió qué quiso decir al hablar de ‘equilibrio’ entre los sectores representados, entonces cada cual interpreta lo que quiere”, señala el ex camarista del Juicio a las Juntas.

La diputada de la CC Marcela Rodríguez, ex integrante del Consejo, advierte que “pensar que cambiar la composición resuelve todas las trampas de este organismo es errado; las trampas pueden estar en la reglamentación interna”. Rodríguez analizó los últimos tres años del Consejo y los comparó con la etapa previa. Su proyecto de 135 páginas sugiere volver a 20 consejeros, con presencia de las tres primeras fuerzas legislativas, una integración proporcional en las comisiones y la corrección de los problemas detectados con auditorías; un sistema riguroso de concursos (a prueba de triquiñuelas) que prioriza la calificación en el examen; otro para evitar el cajoneo de investigaciones y otro de caducidad de los cargos técnicos; más la participación de ONG en la elección del representante del Ejecutivo y los académica. “Democratizar no pasa por clase e ideología sino por darle voz a la soberanía popular”, dice.

Quién manda más

El riguroso plan de Rodríguez cosecha elogios por lo bajo, pero casi nadie lo respaldaría íntegro en la cancha. El meollo de la negociación se juega entre radicales, kirchneristas y peronistas, inmersos en cálculos de futuro político, y está concentrado en cuatro puntos:

- Si se eleva el número de diputados y senadores. Se discute la hegemonía del poder político sobre los demás. Jueces, abogados y académicos, reclaman protagonismo.

- Si se incluye la tercera fuerza legislativa, presente en el viejo Consejo, una opción tentadora para los partidos más chicos que pocos radicales –por ejemplo– ven con agrado.

- Si en lugar de los legisladores se nombra a representantes para cumplir la función de consejeros. Los que defienden esa idea –presente en proyectos como los de Ferrari y Bertol– dicen que difícilmente un legislador puede hacer las dos cosas juntas y bien. Sus detractores, como la diputada Rodríguez, alegan que al ser esos delegados abogados en ejercicio, su papel en el Consejo puede favorecer conflictos de intereses y tráfico de influencias. El Observatorio de la Justicia, que dirige el abogado y ex consejero Beinusz Szmukler, sugiere que haya representantes pero sometidos a una consulta pública.

- Si se reincorpora un juez de la Corte Suprema para conducir el Consejo. La mayoría del alto tribunal, empezando por su titular, Ricardo Lorenzetti, quiere que así sea. Pretenden recuperar la administración del Poder Judicial y el manejo del presupuesto. Al menos seis proyectos abonan el regreso supremo.

- Si se modifican mecanismos que favorecen la discrecionalidad en la selección y acusación de jueces, fijando por ejemplo límites de tiempo para los consejeros y también para el Ejecutivo en la elección de jueces; sistemas exigentes en los exámenes; plazos para investigar a un juez.

Para mediados o fines de abril, cantan los pronósticos en Diputados, podría haber un dictamen consensuado en las comisiones especializadas, base de una posible ley. Mientras tanto, la Comisión de Justicia seguirá escuchando a ONG del ámbito del Derecho y a entidades de jueces o abogados. Las apuestas enfilan hacia un consejo más grande que el actual pero más chico que el anterior, con un juez de la Corte y sin legisladores de la tercera fuerza. No sería raro que se agreguen más jueces inferiores. Por ahora no asoman grandes cambios en la lógica que impera en el Consejo desde sus inicios, por la cual la mayoría –sean políticos, jueces o abogados– cuidan su quintita y la de su grupo.