Desde que asumió como jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el 10 de diciembre de 2007, Mauricio Macri vetó 49 leyes, la mayoría de ellas sancionadas por la Legislatura con el propósito de proteger derechos humanos y sociales. El informe con el detalle de las normas rechazadas lo difundió el Centro de Estudios Porteños (CEP), que conduce el senador Daniel Filmus, e incluye un dato asombroso: casi nueve de cada diez leyes vetadas por el jefe de gobierno habían sido respaldadas por la propia bancada de legisladores PRO.

Filmus analizó que los vetos de Macri ocasionan “un serio resquebrajamiento institucional, ya que el Ejecutivo termina deslegitimando el rol del Poder Legislativo de la ciudad”. El senador kirchnerista señaló, además, que “estas circunstancias nos conducen a pensar que el problema se encuentra en la construcción del espacio político que gobierna la ciudad, ya que el Ejecutivo y sus legisladores parecen no compartir las propuestas ni el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar la vida de porteños y porteñas”.

En enero trascendió que Macri había vetado dieciocho leyes en un solo mes. La mayoría habían sido aprobadas por unanimidad, es decir con el respaldo del bloque mayoritario, que en teoría responde al jefe de gobierno, e implicaban importantes avances en materia de derechos humanos y sociales. Página/12 informó entonces sobre los vetos a la creación del Comité de Prevención de la Tortura, del Registro de ex Presos Políticos, de un subsidio para la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y de la creación de los Foros de Seguridad (Fosep), que tenían como finalidad promover “la efectiva participación comunitaria en la elaboración, diseño, evaluación y seguimiento de las políticas públicas de seguridad”.

“En aquel momento dijimos que, mientras los diputados nacionales de PRO criticaban al gobierno nacional por los vetos de la presidenta Fernández de Kirchner, la actitud de Macri revelaba no sólo un fuerte desprecio hacia el rol legislativo sino también una contundente señal de autoritarismo aun al interior de su partido, al cual maneja con rasgos de verticalismo empresarial”, recordó Filmus.

Según el informe del CEP, la situación es aún más grave si el análisis se extiende en el tiempo. Desde que asumió al frente de la ciudad, sostiene el informe, Macri impugnó 49 leyes, de las cuales el 87 por ciento habían sido apoyadas por su propio bloque. Peor aún, en algunos casos (leyes 3274 y 3101) fueron votadas y vetadas dos veces, en ambas oportunidades con respaldo de los legisladores PRO.

En materia de derechos humanos, las normas vetadas incluyen, además de las citadas, las destinadas a crear la Oficina contra la Trata de Personas, el Fondo para la Localización y Restitución de Niños y Niñas Secuestrados/as o Nacidos/as en Cautiverio en la Argentina, o la que adoptaba medidas para el tratamiento periodístico de la violencia de género en los medios.

Entre las que apuntaban a fortalecer derechos sociales, la Ley de Emergencia Habitacional, que disponía la creación de un fondo para soluciones habitacionales provisorias o definitivas y la suspensión de los desalojos, y la ley que creaba un laboratorio estatal de producción de medicamentos en el ámbito de la ciudad, con el objetivo de elaborar medicamentos genéricos con bajo costo. Macri impugnó también la modificación de la ley de beneficiarios del programa Becas para Educación Superior, que ampliaba el acceso a egresados del nivel medio de establecimientos de gestión estatal y privada, y la ley de cruces vehiculares a desnivel, destinada a facilitar las condiciones ambientales y circulatorias a ciudadanos con necesidades especiales.

“Se trata de un abuso o de un uso indiscriminado de este recurso, que revela la falta de comunicación o vinculación entre el jefe de Gobierno con su propio bloque, ya que al parecer ambos poderes no comparten los lineamientos y políticas para la ciudad que gobiernan”, reflexionó Filmus, en referencia a lo paradójico de vetar leyes aprobadas por los legisladores macristas. Como consecuencia “se genera una destrucción de los consensos alcanzados en el ámbito legislativo, además de desdibujar el rol del bloque oficialista de la ciudad, cuyas posturas carecen de consistencia al no ser avaladas luego por el Jefe de Gobierno”, agregó.

“El veto a tantas leyes en tan poco tiempo no sólo es grave por el deterioro institucional que supone desoír las decisiones de la Legislatura. También porque la mayoría de las iniciativas eran leyes sustantivas que significaban importantes avances en políticas públicas sobre derechos humanos y sociales. En este sentido, los vetos marcan una dirección ideológica contraria a la ampliación de derechos, a la inclusión social o a la solución de los problemas de los más necesitados”, concluyó Filmus.