El fiscal Guillermo Marijuan pediría el lunes que sea sorteada entre los jueces federales la causa por las tres cuentas en paraísos fiscales atribuidas al senador cordobés Luis Juez. Tras la confirmación pública por parte de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría de que –tal como adelantó en exclusiva Página/12– existen dos denuncias sobre cuentas en Islas Caimán y Bahamas, el fiscal argumentaría que semejante cantidad de dinero no podría provenir únicamente de la malversación de fondos relacionada con dinero proveniente de la Secretaría de Medio Ambiente. Por lo tanto, Marijuan cree que se debe abrir un expediente distinto a ser sorteado entre todos los magistrados federales.

Una mujer, cuya identidad es mantenida en reserva, ratificó la denuncia en el juzgado de Servini y, tras el dictamen de Marijuan, la magistrada debe resolver cómo continuar con la investigación. Durante la semana, desde el juzgado adelantaron a este diario que librarán exhortos a los dos paraísos fiscales para que ratifiquen o rectifiquen la existencia de las cuentas, con un saldo total de 5.090.000 dólares. El senador negó rotundamente cualquier vínculo con ese dinero, pero el viernes sus allegados hicieron un curioso análisis ante un diario cordobés: dijeron que alguien podría haber abierto cuentas a nombre de Juez, sin que éste lo supiera.

La denuncia consta de tres hojas. En la primera, hay un resumen de las cuentas, con fecha de apertura y el saldo a junio de 2009. La supuesta información es completa: números de cuenta, denominación de empresas ficticias que a su vez les dan nombre a las cuentas. Y, por último, está el dato más importante, los nombres de las personas, de carne y hueso, que están autorizadas a mover los fondos: en dos de las cuentas, se trata de Luis y Daniel Juez, hermanos mellizos; en la tercera, además de Daniel Juez figura Martín W. Cartada. En la segunda hoja de la denuncia está la declaración jurada de bienes de Luis Juez correspondiente a 2007. Allí figuran inmuebles por 565.000 pesos y vehículos por 155.000, mientras que en inversiones financieras apenas figuran 1100 pesos. “Me cago de risa, ojalá tuviera esa plata –disparó Juez cuando este diario le consultó–. No tengo cinco palos verdes. No tengo ni cinco escarbadientes. Es una operación.” La tercera hoja es un texto dirigido a la jueza en la que se le pide que investigue esos fondos relacionados con la malversación del dinero recibido por la Municipalidad de Córdoba en tiempos en que Juez era el jefe comunal. Esto es lo que habría ratificado la denunciante que, según algunas versiones, sería cordobesa. Pero Servini no quiso confirmar ese dato.

En diálogo con La Voz del Interior de Córdoba, Juez sostuvo dos hipótesis respecto al origen de la operación. Por un lado, señaló al dirigente radical Enrique Nosiglia “por el tema judicial de Oscar Aguad en Corrientes”. Juez se refiere al procesamiento del diputado radical por irregularidades en un crédito de 60 millones de dólares que tomó la Municipalidad de Corrientes cuando Aguad fue interventor. Aguad negó todo vínculo de Nosiglia con la denuncia y dijo que la mención de Juez es “descabellada”. La otra hipótesis que manejó Juez respecto de lo que considera una operación en su contra es que la denuncia tiene como origen a la SIDE. “Me quieren silenciar”, afirmó el senador.

Desde su círculo de allegados salió una versión extraña: que cualquier persona podría haber abierto las cuentas sin que el senador lo supiera. Ese descargo apareció también en el diario cordobés y un magistrado, con vasta experiencia en investigar cuentas en el exterior, consultado por Página/12, consideró que ese argumento no tiene sustento: “Los habilitados para mover los fondos son siempre los verdaderos titulares de las cuentas. Imagínese que una persona va directamente a una sucursal del banco, a una de las agencias que tienen en una oficina y que llaman representación, exhibe su documento, y transfiere los fondos a otra cuenta en otro país. El que tiene capacidad para hacer eso es el dueño de la cuenta. Nadie abre ninguna cuenta a nombre de otro para escracharlo y arriesgar una cifra sideral como esa”.

Si los datos de la denuncia son fidedignos –algo que la Justicia tiene que determinar todavía–, dos de las cuentas figuran a nombre de Lantral Inc., denominación de fantasía. Son sociedades offshore armadas sólo para manejar dineros en el exterior. La primera fue abierta en febrero de 2005 y el 12 de junio de 2009 tenía un saldo de 751.116.81 dólares. Está en el Bank of America, aparentemente de Islas Caimán, algo que no está del todo claro en la denuncia. Las personas habilitadas para mover los fondos son Juez, Luis Alfredo y Juez, Daniel. La segunda cuenta sí figura claramente que está en Islas Caimán, en el Delta Bank, y figura al mismo nombre y titulares. Su saldo al 12 de junio de 2009 era de 1.418.151,36.

La tercera cuenta es la de Bahamas y la más voluminosa. Fue abierta en febrero de 2006 en el BNP Paribas Private Bank & Trust, Bahamas Ltd. La empresa de fantasía es Displak Inc. y las personas autorizadas a mover los fondos son Juez, Daniel, y Cartada, Martín. El senador afirma que no conoce a ninguna persona de ese nombre. El saldo al 12 de junio de 2009 era de 2.921.114, 81.