El jefe del bloque de diputados de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, acusó ayer al Gobierno de haber tenido en los últimos años una “política pasiva” en torno de la problemática de soberanía sobre las islas Malvinas y propuso –mediante un proyecto de ley– sanciones para las empresas que “actúen al mismo tiempo en territorio continental argentino y en Malvinas”. El diputado precisó que el próximo paso será impulsar la “solidaridad activa” de los gobiernos de Brasil, Chile y Uruguay para aplicar una medida similar y extender ese reclamo a los países de América latina para que “impidan el abastecimiento en sus puertos de buques que tengan como destino Malvinas”. Además, el proyecto de Solanas dispone, en uno de sus artículos, que toda “sociedad comercial o extranjera” que opere en la Argentina deberá contar también con autorización previa para realizar “transacciones” con firmas relacionadas con la actividad petrolera en el archipiélago. Solanas alertó acerca de que “el país tiene al Banco Berkley como auditor del canje de la deuda, cuando este mismo banco actúa en sociedad con una de las petroleras que explora en las islas”.