El Gobierno anunciará una modificación sustancial del régimen de asignaciones universales que se lanzó a fines del año pasado. En una decisión que se hace eco de algunos planteos críticos de organizaciones sociales e incluso de la Iglesia Católica, el Ejecutivo incorporará a los hijos de los monotributistas de las categorías más bajas al plan social que distribuye 180 pesos mensuales por cada menor de 18 años. También se está evaluando subir el monto del salario mínimo. Ese incremento ampliaría el universo que recibe el seguro universal, ya que uno de los criterios para su asignación, al menos en el caso de los trabajadores no registrados, es que los padres a cargo cobren haberes menores a la cifra correspondiente al salario mínimo. Otro cambio que podría anunciarse mañana es la incorporación de los trabajadores temporarios al conjunto de beneficiarios. Según los cálculos que circulan en el Ejecutivo, estas medidas sumarían 150 mil niños y jóvenes a la población que ya está cobrando el seguro universal de 180 pesos. Las cifras de la propia Anses estiman en 3.384.546 chicos el universo actual de beneficiarios.

El anuncio que hará la Presidenta buscará dejar sin argumentos a una parte de la oposición. En octubre del año pasado, tras el lanzamiento del seguro universal, varios espacios opositores salieron a cuestionar la forma en que se había decidido implementar la iniciativa. Descartando los proyectos que provenían de la oposición, el Ejecutivo había optado por una alternativa propia: la de ampliar el Régimen de Asignaciones Familiares que se estableció en 1957.

Ese régimen es el que prevé que los trabajadores registrados reciban un adicional por cada hijo –la asignación familiar– cada vez que cobran sus haberes como empleados en relación de dependencia. La propuesta que terminó implementando la Anses había surgido del diputado y apoderado de la CGT, Héctor Recalde; también de especialistas en políticas sociales como Mariano Grandoli, un ex juez del fuero laboral que forma parte del espacio Carta Abierta. La alternativa elegida por el Ejecutivo fijaba como universo de beneficiarios a los hijos de desocupados, de trabajadores no registrados que cobran menos del salario mínimo; también a los hijos de las empleadas domésticas y de los monotributistas sociales, como se llama a los pequeños emprendedores vinculados con la economía social.

Quedaban fuera de esa población los trabajadores en negro que cobraran haberes apenas superiores al salario mínimo pero que seguían dentro de la categoría de pobres –sobre todo si se analizaba la pobreza por ingresos–. También resultaban excluidos los hijos de los monotributistas de categorías bajas. Esas excepciones motivaron las críticas de la oposición, que a fines del año pasado cuestionó a la Rosada por no cumplir con el criterio de la “universalización”. Esta semana, con los anuncios que tiene en carpeta, el Gobierno espera satisfacer esos planteos. “Mientras la oposición está pensando en recortarnos el Presupuesto, con una disminución de las retenciones o la coparticipación a las provincias del impuesto al cheque, nosotros seguimos ampliando la política social”, analizó ante Página/12 un funcionario interesado desde siempre en temas sociales.