La pelea de competencia entre dos juzgados demora un fallo sobre la composición de la Comisión Bicameral que analiza los decretos de necesidad y urgencia. Por lo tanto, la oposición parlamentaria sigue sin tener impedimento judicial alguno para intentar anular el decreto de necesidad y urgencia que creó el Fondo del Desendeudamiento. La situación es así: el juez Enrique Lavié Pico rechazó ayer por “extemporánea” la recusación que un grupo de senadores kirchneristas presentó para apartar al juez Ernesto Marinelli, a quien le devolvió el expediente. Marinelli, dicen cerca de su despacho, no firmará ninguna resolución hasta que quede firme al frente de la causa o separado de ella. Los legisladores tienen cinco días para apelar la decisión de Lavié Pico y será la Cámara del fuero contencioso administrativo la que dirá qué juez tendrá que decidir si concede la medida cautelar que pidió el kirchnerismo.

Según Lavié Pico, los senadores K encabezados por Miguel Pichetto recusaron a Marinelli fuera de término. Debieron haberlo hecho, argumentó, en su primera presentación en la causa o en la siguiente, pero dejaron pasar ambas oportunidades. La recusación sin causa puede ser usada una única vez en el expediente y el juez está obligado a aceptarla. Marinelli la admitió y a diferencia de su colega, interpretó que la entrega de documentación por parte de un abogado enviado por los legisladores (que no es su apoderado) no podía contabilizarse como segunda presentación. Estas sutilezas legales y tecnicismos de los que echan mano los jueces son las que demoran una resolución y, como consecuencia, le dan aire a la oposición para avanzar en declarar la nulidad del DNU 298/2010 que habilitó el pago de vencimientos de deuda con reservas.

Pichetto amenazó con promover una investigación contra Lavié Pico, nombrado por el propio kirchnerismo. “Estamos ante un juez que no nos garantiza la Justicia y cuya conducta vamos a tener que analizarla en el Consejo de la Magistratura, porque lo que hizo Lavié es una gran irresponsabilidad”, advirtió. El ministro de Justicia Julio Alak le reprochó al juez su “excesivo rigorismo formal para dilatar y evitar el pronunciamiento acerca de una cuestión de altísima gravedad institucional”. Alak advirtió que cuando “los reclamos son en contra del Gobierno y efectuados por la oposición, algunos jueces actúan velozmente, impidiendo la ejecución de legítimos actos de gobierno” pero “ante la primera presentación efectuada por un legislador oficialista cuestionando la legitimidad y la constitucionalidad de un acto opositor, los jueces dilatan el procedimiento y evitan la resolución del problema”. “En enero último asistimos a un verdadero festival de medidas cautelares solicitadas por la oposición a la Justicia”, insistió.

La medida cautelar que pidieron los senadores del Frente para la Victoria (FpV) pretendía impedir que se reuniera la Comisión Bicameral que analiza los DNU, un objetivo que no lograron al seguir en veremos una definición judicial. El planteo decía que la Comisión ya se había conformado el 22 de diciembre en base al procedimiento que fija la ley y “respetando la proporción de las representaciones políticas” que ella fija, con ocho lugares para el oficialismo y ocho para la oposición. Pero en la sesión del 3 de marzo, los “anti-K” cambiaron el tablero, se quedaron con nueve puestos y dejaron al kirchnerismo con siete. “Los derechos adquiridos no pueden ser vulnerados ni avasallados”, advierte el texto de la demanda K. Pero cada quien hace una interpretación a su medida de qué es la “proporción”.

A Marinelli le tocó el tema por sorteo, en un juzgado que subroga. Es uno de los jueces cuestionados por Cristina Kirchner en sus últimos discursos antifamilia judicial. Lo señaló como pareja de la jueza Claudia Rodríguez Vidal, la magistrada que suspendió el DNU del Fondo del Desendeudamiento y volvió a bloquear las reservas el Banco Central. El ha tenido decisiones a favor y en contra de los Kirchner. A favor, por ejemplo, avaló el canje de la deuda en causas iniciadas por tenedores de bonos. En contra, recientemente benefició a Papel Prensa al rechazar la unificación del precio del papel que pretendía el Gobierno. Para los senadores era fácil predecir que no les concedería la medida cautelar, porque casi por definición Marinelli no admite demandas de legisladores por considerar que “carecen de legitimación” a menos que se demuestren afectados muy directamente. El caso más cercano es la cautelar contra el pago de la deuda que le rebotó a Fernando “Pino” Solanas. Así las cosas, Pichetto y compañía optaron por recusarlo.

Cuando la causa volvió ayer a su juzgado, Marinelli notificó la situación a los senadores, que a partir de hoy tendrán cinco días si quieren apelar la resolución de Lavié Pico que revocó la recusación. La lógica indica que van a apelar, pero voceros del bloque dijeron a este diario: “Estamos evaluando cómo seguir, no hay nada decidido”. Si no apelan, pasados los cinco días Marinelli podrá darse por consentido y fallar.

Sea quien sea el juez que quede a cargo del entuerto, si objeta la legitimación de los legisladores o dice algo así como que la integración de las comisiones parlamentarias no es algo que puedan interpretar los jueces, habrá esquivado el bulto. Si se mete de lleno en la discusión, tendría todavía la potestad de suspender el dictamen de la Bicameral –que sugirió la anulación del DNU– y cualquier decisión de las cámaras, donde la oposición intenta rechazar el DNU.