El juez federal Sergio Torres citó a indagatoria en el caso Greco al ex procurador general del Tesoro Osvaldo Guglielmino, separado de ese cargo en enero. El ex jefe de los abogados del Estado tendrá que declarar como sospechoso de haber sustraído un dictamen suyo que avalaba un pago millonario al grupo empresario y reemplazarlo por otro donde decía que no correspondía su intervención. En la causa ya hay cinco ex funcionarios del Ministerio de Economía camino a juicio oral.

Guglielmino había asumido en la Procuración en 2004. Cristina Kirchner le pidió la renuncia en pleno verano, tras la lluvia de medidas cautelares que inmovilizaron las reservas del Banco Central que le atribuyó no haber podido frenar. Ahora está citado a indagatoria para el 6 de abril, según confirmaron a Página/12 allegados a la causa.

Greco quedó envuelto en la trama del caso casi tres años atrás, a partir una presentación del abogado Ricardo Monner Sans y de un dictamen del fiscal Miguel Angel Osorio. Ambos señalaron el reemplazo de un dictamen por otro, en un mismo día, en el expediente que tramitaba dentro del Palacio de Hacienda como consecuencia de una causa civil que habían iniciado los Greco. El poderoso grupo –que llegó a manejar 45 empresas y alcanzó a concentrar más de la mitad de la producción vitivinícola del país– pedía un resarcimiento económico por pérdidas sufridas durante la última dictadura. En agosto de 2005 el juez Francisco Soto los reconoció como acreedores y dispuso homologar una deuda que le reclamaban al Estado por 332.396.128,64 pesos. Al computarse en bonos, con actualización e intereses el monto llegaba a los 600 millones de pesos.

Según allegados a la causa, un primer dictamen de la Procuración del Tesoro, que no firmaba Guglielmino sino otro funcionario, le decía a la cartera de Economía que en la contienda judicial había “cosa juzgada”, lo que podía implicar convalidar el pago de los 600 millones. Pero el mismo día, el ex procurador habría mandado retirar ese documento para reemplazarlo por otro que decía que no correspondía la intervención de su área en ese trámite. Esta segunda postura quedaba en línea con la decisión que adoptó días más tarde la ex ministra Felisa Miceli, de separar a los funcionarios que habían intervenido en el trámite administrativo del –finalmente frustrado– pago durante la gestión de Roberto Lavagna.

Guglielmino le dijo a este diario que está convencido de que no tiene ninguna responsabilidad en la maniobra. “Hace 16 años que el expediente principal del caso Greco no está en la Procuración. Cuando nos consultaron, lo devolvimos al servicio jurídico del Ministerio de Economía y nada más. Nunca participó la Procuración en la liquidación del pago”, señaló.

Cuando imputó a los ex funcionarios de Economía que actuaron en el trámite de la causa civil, el juez Torres señaló que habrían pactado con el holding mendocino desconociendo que no era el Estado el que tenía deudas millonarias con los Greco sino ellos con el Estado, pese a lo que había señalado el juez Soto. Con la orden de este juez de pagar y cuando ya Miceli encabezaba la cartera económica, el Gobierno envió al Congreso un proyecto para que el pago fuera incluido en el Presupuesto. Llevaba las firmas de la ex ministra, del ex presidente Néstor Kirchner y del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández. Tuvo media sanción en Diputados. Cuando llegó al Senado lo frenó un grupo de radicales que alertó sobre posibles irregularidades al ver que figuraba como un “pago a proveedores”.

La Sala II de la Cámara Federal confirmó tiempo atrás los procesamientos de los ex funcionarios acusados de haber favorecido el pago de una deuda que Torres considera inexistente, para lo cual se los acusa de haber evitado iniciativas como, por ejemplo, apelar el fallo de Soto. Los implicados que van rumbo a juicio oral son el ex subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial Juan Intelisano, el ex subsecretario Legal Osvaldo Siseles, la ex directora de Asuntos Jurídicos Yolanda Eggink, el ex director de Asuntos Judiciales de Entes Liquidables Daniel Alberto García y la abogada del área Beatriz Pernás. La última resolución de la Cámara le ordenó al juez Torres profundizar la pesquisa en torno de las responsabilidades de funcionarios jerárquicos, lo que explicaría la citación a Guglielmino.