“Fue una guerra en la cual se empeñó toda la Armada”, declaró el capitán Antonio Pernías en 1986, cuando aún conservaba la esperanza de que las Fuerzas Armadas asumieran su responsabilidad por la represión ilegal y los miles de desaparecidos. “Toda la dotación de la Escuela de Mecánica integró el Grupo de Tareas 3.3”, destacó el marino que en cautiverio se hacía llamar Martín, Rata o Trueno, y lamentó que “por errores de contrainteligencia” sólo el puñado de identificados por los sobrevivientes quedó “en el candelero”. “Si la guerra fue institucional se debería procesar a todos o a ninguno de sus miembros”, consideró sin suerte en 2007 ante el juez federal Sergio Torres, responsable de la instrucción de la megacausa ESMA. Las extensas declaraciones de Pernías, el imputado que más veces prestó testimonio, fueron leídas ayer en el juicio oral y público a Acosta, Astiz & Cía., que continuará recién el miércoles 31.

Para dimensionar la impunidad de la que gozan los marinos (una veintena estaba presente en la sala), Pernías hizo un cálculo sobre “los rotativos formados en el Centro de Instrucción y Adiestramiento de Infantería de Marina” con vistas a “la lucha contra la subversión”. Hubo entre seis y ocho cursos por año, con ciento cincuenta hombres por curso, dijo. “En dos años se habrían formado 1500 hombres. Muchos oficiales cursantes fueron a distintos grupos de tareas. ¿O sólo al 3.3?”, planteó ante el juez Torres. Su indignación se comprende mejor si se compara la cifra con la cantidad de marinos procesados en todo el país: apenas 180, según los registros del CELS. Pernías coincidió con el razonamiento del ex presidente Néstor Kirchner cuando dijo que hubo 300 centros clandestinos y un número similar de detenidos. “¿Se cuidaban solos? En esto debo coincidir. No fue una guerra de fantasmas, ni un juego de escondidas”, razonó.

Una condena segura

La jornada comenzó con la lectura de testimonios del capitán Raúl Scheller, alias Mariano o Pingüino en los sótanos de la ESMA. A diferencia de Jorge Acosta o del ex canciller Oscar Montes, que no ratificaron declaraciones anteriores, Scheller pidió que las suyas se leyeran completas. Las primeras son de 1985, cuando estaba destinado en el Estado Mayor General de la Armada. Admitió haber participado en interrogatorios, pero negó haber torturado. Se seguían “procedimientos doctrinarios previstos para la circunstancia de enemigo capturado”, dijo. También admitió secuestros, “captura de terroristas” en la jerga naval. Por el grado de detalle sobre antecedentes e información “brindada” por los secuestrados es evidente que disponía al momento de declarar de los archivos de inteligencia, que en teoría se incineraron en 1983 y que la Armada siempre negó conservar. Datos similares a los que aportó en 1985 publicaba dos años después el diario pronaval La Nueva Provincia de Bahía Blanca (“Primicia. Antecedentes terroristas de los acusadores”, 27-2-87).

Scheller admitió el relatar “capturas” como la de Lázaro Gladstein, que les vendaban los ojos a los secuestrados antes de trasladarlos a la ESMA. Todos los que recordó, sin juramento de decir verdad, “pasaron a trabajar para las Fuerzas Armadas en su misión de aniquilar a la subversión”, aseguró. Al concluir una declaración, para que el juez militar no creyera que conocía a los “terroristas” por “relaciones personales”, le sugirió sin éxito reclamar “una explicación oficial de la Armada”.

Tras dos horas de lectura, Scheller pidió declarar. Dijo que ingresó a la Armada a los doce años y que la UT 3.3.2 “fue un destino más”. Afirmó que el juez Torres “acumuló papeles sin investigar nada” en el marco de “una avalancha judicial” en la que “los hechos reales fueron marginados y tapados para dar lugar a una condena segura”. Igual que Astiz, justificó su trabajo con una arenga de Perón sobre la necesidad de “exterminar a los psicópatas para bien de la República”. Reprobó al Tribunal Oral Federal 5 por tener que ingresar con esposas a la sala, consideró que “la independencia de los poderes se está deflecando”, y señaló como honrosa excepción al supremo Carlos Fayt.

Antes de negarse a responder preguntas, Scheller citó un relato sobre una supuesta reunión de 1975 entre el entonces presidente provisional Italo Luder y los comandantes de las Fuerzas Armadas. Contó que Videla planteó cuatro hipótesis para “parar a los terroristas”. Se optó por “la descentralización: gran capacidad operativa de los niveles inferiores, con el riesgo de un escaso control sobre los niveles operativos”. “Pero en un año y medio el terrorismo se controla”, dice que prometió Videla y aceptó Luder. No explicó por qué fue necesario el golpe de Estado.

Pernías, a quien los sobrevivientes recuerdan como Martín, Rata o Trueno, dijo no recordar apodos “aunque tuve varios indicativos” (sic). Explicó que su defensor le aconsejó no declarar, con lo cual comenzó la lectura de sus indagatorias anteriores. Ex miembro de la UT 3.3.2 entre 1976 y 1978, “participé básicamente de operaciones ofensivas”, declaró hace casi un cuarto de siglo. “Cumplí órdenes por la vía de comando, convencido de que esta guerra era necesaria para lograr y afianzar la paz en el país”, dijo. “Participé de algunos interrogatorios, que se efectuaban sin presiones o violencia. No hubo apremios, ni tormentos físicos, ni psicológicos”, aseguró ante un juez de instrucción militar. La lectura continuará el miércoles 31.

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