“Comencé (la carrera) por el final: por la Filosofía del Derecho, no por el estudio de las leyes en sí. Así aprendí temprano que el destino de toda contienda de opiniones era otra opinión: la del juez.”
Héctor Tizón (escritor, abogado, juez), Tierras de Frontera

“En los anales de la jurisprudencia argentina jamás se ha visto una apelación como la del vicepresidente. Estoy seguro de que tampoco la hay en la jurisprudencia comparada mundial.” Un juez de instancias superiores comparte el asombro con este diario. El exotismo ubica al país a tiro de lograr un nuevo record Guinness. Es una noticia digna de mención en un año signado por varios campeonatos mundiales deportivos: la celeste y blanca llegará al podio, al menos en materia de hallazgos institucionales. Julio Cobos es muy competitivo en esas innovaciones insostenibles, que en los buenos tiempos de la Resolución 125 lo lanzaron al estrellato. Ahora, tal parece, meterse de lleno en los vericuetos de la política menuda lima su imagen pública, tanto que hay correligionarios radicales que analizan discutirle la candidatura a presidente en 2011. Otros aliados del “Grupo A” cooperan limando al vicepresidente, quien pierde eminencia metiéndose en el barro en la controversia diaria. Cada vez es más arduo producir la hazaña de mostrarse ecuánime ante la opinión pública, siendo al mismo tiempo el principal candidato opositor.

Para colmo de males, el vicepresidente puede morder el polvo en la Cámara de Apelaciones. Por ahora emparejó para abajo confundido con el scrum opositor, perder sería un moño fatal. Nada es seguro en casos inéditos, pero ese desenlace es factible. Por añadidura, una supuesta victoria sería pírrica: habría que volver luego al Senado a reformar la composición de la Comisión Bicameral, ralentando aún más el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia.

Cobos se plegó a un reflejo emocional del arco opositor: bronca al probar la propia medicina. La judicialización permanente, potenciada por la ligereza con que jueces de primera instancia resuelven medidas cautelares, es un camino de ida. No del Congreso a Tribunales (al fin y al cabo son pocas cuadras) sino de pérdida de volumen de los poderes políticos.

Lo que sorprendió el miércoles, un fallo favorable al oficialismo, alguna vez tenía que ocurrir. Fue una paráfrasis jurídica del relato atribuido a Bertolt Brecht. Primero los jueces frenaron medidas del Ejecutivo: sus rivales festejaron. Luego algunos magistrados fascistas suspendieron los efectos de sentencias de sus pares, resintiendo brutalmente el funcionamiento del Poder Judicial, la mayoría de la oposición calló. Ahora un magistrado decreta una medida de no innovar referida al funcionamiento del Congreso... ya es tarde.

Cobos apeló y dijo que esos actos del Senado son “no judiciables”. Un argumento que borra con el codo las acciones previas (y futuras) de sus compañeros de ruta... amén de un error.

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La ley y la ligereza: El Poder Judicial ejerce el control de constitucionalidad y cualquier acto de otros poderes es, en principio, revisable. Eso no disculpa la liviandad de la judicatura en los años recientes (sugestivamente exacerbada desde que se aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual), bartoleando sin tino ni responsabilidad medidas de no innovar. Pero el principio general es que, si el Congreso o el Ejecutivo están sospechados de haber infringido la Constitución, cualquier magistrado puede revisar el acto y anularlo. ¿Hasta los reglamentos internos? Aun ellos, en casos muy extremos. Probemos una demostración por el absurdo. Imaginemos que el “Grupo A” cambia la normativa en Diputados ordenando amordazar a Carlos Kunkel y Diana Conti antes de cada sesión. La medida, seguramente sería festejada por algunos medios como “Otra derrota K en el Congreso” pero eso no le restaría inconstitucionalidad. El caso imaginado es una demasía impensable (por ahora), mas vale para probar que el “principio Cobos” no es absoluto. La Corte Suprema abrió el camino al denegar el rechazo de la Cámara de Diputados al pliego al genocida y corrupto Antonio Domingo Bussi. El artículo 64 de la Constitución estipula que “cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez”. El máximo tribunal restringió la interpretación de esa norma, drástica y amplia. Fue, piensa el cronista, una pésima sentencia por su contenido y por sus pobres fundamentos, pero incluyó el reconocimiento de la revisabilidad.

De cualquier modo, la judiciabilidad no da carta blanca para interferir en el funcionamiento de los otros poderes. La inconstitucionalidad debe ser sopesada con cuidado y denegarse en caso de duda. Los jueces, en parte presionados y en parte engolosinados por las ovaciones mediáticas, abusan de sus potestades. Sobre todo cuando optan por el atajo de las medidas cautelares, que tienen efectos similares a la sentencia pero se resuelven sin que haya debate, intervención de la parte afectada ni producción de pruebas.

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Judicializar por arriba: La Corte Suprema ocupa el laberíntico cuarto piso del Palacio de Tribunales. En voz baja, uno de sus integrantes deplora la profusión de medidas cautelares resonantes mientras resalta, por contraste, cómo procede ese tribunal en cuestiones de Estado. “En vez de producir efectos espectaculares que alteran la ecuación política, la Corte trata de ser una mediadora de nivel superior.” Habla, en especial, de los pleitos entre provincias y el Estado nacional que van directamente a la Corte (“competencia originaria”, en jerga).

Las audiencias orales y públicas, una sana costumbre instalada por la actual integración, ponen en escena los conflictos, los visibilizan. La intención primera no es llegar a paso redoblado a sentencias que ahonden las diferencias sino motivar el acercamiento y la negociación entre las partes. “Judicialización por arriba” la llama el magistrado.

En la semana pasada, le tocó el turno al reclamo de Santa Fe. El gobernador Hermes Binner estuvo presente y sustentó su posición. Santa Fe, como las demás provincias, cedió al Estado nacional una parte de la coparticipación federal. La transferencia se acordó mediante un pacto fiscal, que requirió la aprobación de las legislaturas provinciales. El pacto rigió hasta 2005 y desde entonces fue prorrogado por los sucesivos presupuestos nacionales. El Estado nacional alega que, al aprobarlos, las provincias consintieron las renovaciones, Santa Fe alega que esa remisión general es ineficaz, expresa apenas la preeminencia nacional en el Congreso y le falta la aprobación por la Legislatura.

La política agrega argumentos, dobleces y complejidades. El senador peronista federal Carlos Reutemann hizo gestos de apoyo al socialista Binner en la escena visible. Por otros carriles, los peronistas santafesinos le hacen saber a los Supremos que las carencias de la provincia se deben a la floja administración de Binner, quien recibió la provincia con un superávit de más de mil millones de pesos y ahora afronta un déficit de mil doscientos. El gobernador se queja de que los compañeros justicialistas le impiden realizar una imprescindible reforma impositiva.

El Estado nacional, a su vez, persiste en un caballito de batalla: buena parte de los fondos transferidos vuelven a las provincias por vía de las prestaciones que garantiza la Anses. Entre ellas, sin agotar la lista, la asignación universal por hijo (AUH).

El debate tiene sus bemoles y los cortesanos (sin gritarlo y sin decirlo de ese modo) adhieren al clásico proverbio: como regla, es mejor un arreglo que un juicio. Para ellos fue auspicioso que, en una contienda análoga, el gobernador cordobés Juan Schiaretti y el Ejecutivo nacional encontraran una solución que (aunque repugne al sentido común dominante) se expresa en plata, la lengua franca de la política. La Nación accedió a aliviar las penurias financieras cordobesas, el pleito tuvo el mejor desemboque.

La proliferación de esos reclamos dramatiza un problema recurrente. La Ley de Coparticipación Federal exige un trámite incumplible, lo que la ha tornado una misión imposible desde 1996. Todo sistema de reparto, pues, es un parche sujeto a cinchadas.

La posible reunión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quizá explore un conjunto de acuerdos que organicen ese conflicto. Discutirlos de a uno, como en fila india, es un mecanismo precario, en una coyuntura en la que el poder político está más diseminado.

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Coparticipación, arriba y abajo: La reforma al llamado impuesto al cheque agrega una instancia nueva a esa querella permanente. Los gobernadores y legisladores ansían mejorar la cantidad de recursos propios. Saben que se exponen a que la Nación reformule la asignación de recursos por otras vías que son, al unísono, más discrecionales y usualmente más generosas en recursos. En la fallida sesión senatorial del miércoles el peronista disidente Juan Carlos Romero reconoció un dato crucial, tal vez distraídamente porque su afán era hacer tiempo más que sentar doctrina. El ex gobernador salteño expresó que la reforma podía ser fiscalmente neutra para el Estado nacional, si éste redireccionaba recursos.

La susodicha ley es, al menos parcialmente, una cuestión de poder. También “corta” distinto entre provincias de distinto rango: el esquema de coparticipación vigente es más beneficioso para las “chicas”, en detrimento de las “grandes”, en especial la de Buenos Aires.

La desigualdad se propaga, hecho menos conocido, al interior de cada provincia. La coparticipación con los municipios reproduce la contienda entre centralismo y municipios. En Buenos Aires, nuevamente los damnificados son los más poblados (y pobres) del conurbano. Un blog de primer nivel, llamado precisamente “El Conurbano”, disecciona con rigor y data la doble asimetría: “la provincia” versus las demás, los partidos bonaerenses más habitados versus los más desahogados.

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Código de Barra: En las escalas más altas del Poder Judicial no se engañan: el híper protagonismo de jueces poco avezados es un problema, una bola de nieve. “La Corte no llega hasta ellos –explica un baqueano de los pasillos de Tribunales–, quienes influyen son otros.” Nadie ignora, en la “familia judicial”, que el fuero contencioso administrativo congrega capas geológicas de magistrados de distintas camadas y que la primera es hechura de Rodolfo Barra, cuando era ministro del menemismo. “Barra se cansó de pedirles audiencias a (Ricardo) Lorenzetti, que se las negó todas. Pero por abajo, el hombre entra a muchos despachos”, describe el baqueano. María José Sarmiento es una magistrada de esa camada. Su Señoría introdujo el viernes una nueva variante de impunidad: según ella los parientes de los jueces deberían estar dispensados de responsabilidades por el terrorismo de Estado. Pavada de canonjía, que reduce la exención de impuesto a los réditos a una bicoca.

Volviendo al núcleo, jueces con millaje deploran el facilismo de sus colegas de primera instancia aunque los alivian con algunas excusas. “Para muchos de ellos, estos casos son un presente griego. Saben que se exponen a una acusación ante el Consejo de la Magistratura, sea cual fuere la decisión que tomen.” Enrique Lavié Pico, discurre el confidente, intentó zafar del brete de decidir rechazando la recusación a su colega Ernesto Marinelli. Se la rechazaron, no le quedó otra que resolver exponiéndose a la vindicta opositora. En el primer nivel de Tribunales, esperan (confían, acaso rezan para) que los políticos sienten cabeza. Difícil que el chancho chifle, por ahora.

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Dos caras del empate: La gula y la inorganicidad del “Grupo A” le vienen costando caro. Pudieron lograr media sanción de la reforma al impuesto al cheque hace dos semanas, si asumían su derrota con el pliego de Mercedes Marcó del Pont. Negaron quórum, quedaron expuestos en su doble discurso y ahora padecen una demora que se prolongará hasta el mes que viene.

Con la Bicameral, también patearon contra su propio arco. Si la reformularan los Diputados podrían votar contra el DNU en un par de semanas. Si se empantanan en los juzgados, hummm.

Entre tanto, se hacen patentes sus internas. Gerardo Morales contra Felipe Solá fue uno de los clásicos de la semana. Mauricio Macri revisó la Constitución y lapidó el ansia presidencial (muy flojita de papeles) de Francisco de Narváez.

Al oficialismo, el empate parlamentario le viene mejor. Le queda la acción ejecutiva, los números de la economía entusiasman. Varios analistas (Miguel Bein, Juan Llach, entre ellos) proyectan un crecimiento del PBI superior al cinco por ciento. La reapertura del canje de deuda da la impresión de estar a punto de salir. Los bonos públicos recuperan cotización. La reglamentación de la AUH, demasiado restrictiva, está por ser corregida, el número de beneficiarios (estancado desde hace más de un mes) puede aumentar. Haciendo base en esos números reales, el kirchnerismo confía en recuperar terreno.

La dispersión opositora impacta en otros protagonistas. Aun en las corporaciones empresarias surgen sospechas sobre la virtualidad del “Grupo A” para gobernar el día de mañana. “La foto” de la Comisión de Acuerdos del Senado, un tren fantasma del pasado, impresiona incluso a opositores con uso de razón. Una reunión del establishment empresario reflejó el nuevo estado de ánimo. La convocó la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA). Como dijera Macedonio Fernández faltaron tantos que si faltaba uno más no entraba. Héctor Méndez de la UIA, desautorizado por sus pares. Hugo Biolcati y Mario Llambías pegaron el faltazo por el “campo”. Volvieron el crecimiento y el consumo, la oposición genera incertezas. Para algunos emprendedores domésticos es tiempo de poner en pausa la confrontación con el Gobierno, desensillar hasta que aclare, sin renunciar a llevársela con pala.

Cuando mira enfrente, el kirchnerismo recobra fuerzas. También debería hacer introspección, repasar por qué fue vencido por esa amalgama improbable en las elecciones. Y hacerse cargo de la inflación, un problema del mundo real que pega en la cotidianidad de las gentes de a pie y en la popularidad de cualquier gobierno.

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