Una Cámara de Apelaciones conformada especialmente para el caso AMIA confirmó ayer los procesamientos de Carlos Menem, Munir Menem, el comisario retirado Jorge Palacios, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, el juez Juan José Galeano y otro policía federal, Carlos Casteñeda, por el delito de encubrimiento. En concreto, se trata de los hechos ocurridos el 28 de julio de 1994, diez días después del atentado contra la mutual judía, cuando se ordenó una profunda investigación sobre el ciudadano sirio-libanés-argentino Alberto Kanoore Edul, lo que incluía también el allanamiento de sus domicilios. La Cámara consideró probado que la familia de Kanoore Edul hizo una gestión, a través de Munir Menem, para que esa investigación no avanzara y, como resultado, se suspendieron las escuchas telefónicas que le estaban haciendo al sospechoso. Antes de proceder a los allanamientos, Palacios hizo una llamada en la que supuestamente avisó lo que iba a ocurrir, desaparecieron las cintas con las escuchas anteriores y se produjeron otras tantas irregularidades descriptas por el fiscal Alberto Nisman y el juez Ariel Lijo.

A raíz de sucesivas recusaciones, la sala ad hoc de la Cámara Federal quedó formada por Gustavo Bruzzone, Jorge Rimondi y Carlos González. Los tres, por unanimidad, confirmaron los procesamientos por el delito de encubrimiento y exhibieron más dureza que el propio juez, ya que elevaron los embargos de 300 mil a 400 mil pesos. Este aspecto de la causa AMIA había producido un fuerte cruce entre el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, por un lado, y los familiares de las víctimas de la AMIA, por el otro. Estos últimos insistían en la responsabilidad de Palacios en las irregularidades de la investigación del atentado y Macri sostenía que la actuación de quien él mismo había nombrado al frente de la Policía Metropolitana había sido impecable. Ahora, no sólo el juez Lijo sino también la Cámara les dieron la razón a los familiares.

Alberto Kanoore Edul aparecía en el centro de la escena diez días después del atentado:

• Desde un celular de su propiedad se había llamado a Carlos Telleldín, último tenedor de la Trafic que estalló en la mutual judía.

• Ni Kanoore Edul ni sus colaboradores supieron explicar –según la Justicia– para qué se hizo esa llamada.

• En sus agendas aparecían numerosos talleres mecánicos, lo que lleva a la hipótesis de que podría haber armado la Trafic.

• En la hoja de ruta del camión que dejó un container frente a la AMIA cinco minutos antes del atentado, figuraba un predio en la calle Constitución al 2600, al lado de los domicilios de Kanoore Edul.

• En las agendas también figuraba el teléfono de Mohsen Rabbani, el agregado cultural iraní, que según la investigación oficial está sospechado de haber sido pieza clave en la organización del atentado.

En este terreno, la investigación no pudo avanzar y Kanoore Edul sigue hoy en la mira, aunque nunca se lo procesó. De todas maneras, en aquel 28 de julio de 1994 estaba más que bajo sospecha y la postura, tanto del fiscal como del juez, es que la investigación se frustró de manera intencional a raíz de la visita del padre de Kanoore Edul a la Casa Rosada. Allí habló con Munir Menem, hermano del entonces presidente de la Nación, y la pesquisa se trabó. Eso es lo que convalidó ayer la Cámara procesando a todos los involucrados por el delito de encubrimiento, que consiste en obstaculizar o frenar la acción de la Justicia.

Con el fallo confirmado por la Cámara, es seguro que el juez Lijo preparará todo el expediente para que sea elevado a juicio oral. En esa instancia deberían sentarse en el banquillo de los acusados todos los procesados, incluyendo también el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.

En la confirmación de ayer, los camaristas señalaron que “Carlos Menem fue el instigador de las maniobras. Estaba al tanto de cada paso que se daba y la vinculación entre las familias del sospechoso y la del mandatario marcó un quiebre en el obrar de todos los procesados”. Al ex mandatario también lo consideraron “autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad”. Pero rechazaron los pedidos de prisión preventiva para los imputados que formuló el fiscal Nisman, por considerar que no demostró cómo podrían entorpecer hoy por hoy, a dieciséis años del atentado, el avance de la causa que los involucra.

La prueba recolectada “permite tener por materializada la voluntad inicial” de instigar el encubrimiento “por parte de ambos hermanos (Carlos y Munir Menem) para llevarla a cabo en forma mancomunada, uno emitiendo el pedido que su alto cargo tornaba, si no imperativo decididamente influyente, y otro actuando como portavoz y a la par determinador de la inquietud presidencial”.

–Sí, papá está en la Casa Rosada –dicen desde el domicilio de los Edul en las escuchas que la SIDE tenía en su poder y que habían desaparecido.

–Al que vaya, díganle que hablen por este tema con Munir –se afirma en otra escucha.

La visita de Kanoore padre a Munir Menem está probada a través de las escuchas y la orden de frenar la pesquisa surge de numerosos datos, entre ellos del testimonio de Claudio Lifschitz, secretario de Galeano, quien propuso profundizar la investigación y le dijeron: “No podemos hacer nada. En qué quilombo querés que nos metamos si cuando lo detuvimos a Edul llamó el hermano del Presidente. No es el momento de seguir con eso”, le dijo el otro secretario de Galeano a Lifschitz.

Según el fallo, está probado que el llamado de Munir Menem condujo al ex juez a “favorecer” y “diluir las sospechas” sobre Kanoore Edul, “sustrayendo medios de prueba y falseado documentalmente la realidad”. El “silencio” y la “complacencia” de Galeano frente a una cadena de procedimientos irregulares, dicen los camaristas, también fueron funcionales al ocultamiento de aquella pista.

Los allanamientos realizados el 1º de agosto por el comisario Palacios a los tres domicilios de Kanoore fueron considerados una parodia. Existen numerosos testimonios de que los efectivos llegaron a las 8 de la mañana y la orden librada por el juez Galeano indicaba que debía irrumpirse en Constitución 2633, 2695 y 2745. El primero directamente no fue allanado, el segundo se concretó a las 17.30 y el tercero a las 19.20. En las escuchas telefónicas se verifica claramente que los allanados ya sabían que se estaba por hacer el procedimiento. Sólo en uno de los domicilios se llevaron documentación y la agenda de Kanoore recién se analizó un año más tarde.

A todo este cuadro de sospecha se agregan dos llamadas consideradas por el juez y ahora por la Cámara como virtuales avisos de Palacios a Kanoore. Las comunicaciones se hicieron ese 1º de agosto desde el celular 4411-5884, que figuraba a nombre de Palacios, a los teléfonos 4941-0024 y 4942-9146 de Kanoore Edul. La primera de un minuto y medio, la segunda de 45 segundos. Palacios dijo que él no tenía el celular y no hizo la llamada. Argumentó que a su nombre había una flota de teléfonos. El informe de Movicom lo desmiente y, además, demuestra que desde ese celular Palacios llamaba a su casa, es decir que era su aparato personal.

La actuación de la SIDE va en el mismo sentido. Las sospechas sobre Kanoore llevan a un pedido urgente de que se intervenga el teléfono. Eso ocurre el 27 de julio, nueve días después del atentado. Después del 1º de agosto las escuchas se suspenden, sin orden judicial. Posteriormente se produce otro hecho asombroso. La SIDE le entrega a Galeano la transcripción de las escuchas del celular de Kanoore realizadas hasta el 2 de agosto. Oficialmente Galeano le dijo al Tribunal Oral que no las tenía. Desaparecieron. Y, en forma paralela, algo igual ocurrió con el comisario Palacios: recibió las transcripciones 1 a 4 de esas cintas y nunca más aparecieron.

La teoría que sostuvo Anzorreguy en su defensa –que desconocía los detalles de la investigación por haberla delegado a cuatro días del atentado– es para los camaristas “una burla, precisamente, a la inteligencia de los que tenemos que valorar su situación en aquel momento. Y si se aceptara por nosotros, sería una burla a la inteligencia de los argentinos”. En cuanto a Palacios, advierten que “es evidente que no es claramente ni inepto ni torpe, todo lo que hizo y no hizo, fue para eludir la línea de investigación que podía afectar al gobierno de Menem (...) culminando ello con una premiación al ser designado jefe del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA)”.

Según el tribunal, “casi todos los que tuvieron alguna intervención” en la pesquisa del ataque terrorista obraron con el objetivo común de tapar todas aquellas huellas, como la de Kanoore Edul, que pudieran “afectar potencialmente a Carlos Saúl Menem”.