Carlos Menem. Cuando estalló la bomba que voló el edificio de la AMIA, era el presidente de la Nación y probablemente el hombre más poderoso del país. Ahora, cuando finalmente lo alcanzó la decisión de la Cámara Federal porteña, que confirmó su procesamiento como “instigador” del encubrimiento del atentado, es un hombre acabado, que hace algunos días recuperó circunstancialmente algo de fama y espacio en los medios gracias a las negociaciones de la oposición por lograr el control parlamentario. Menem ya está muy lejos de la época en que decidía con soberana voluntad sobre sus asuntos privados y sobre las cuestiones de Estado como si fueran la misma cosa.

La Cámara decidió procesarlo por considerar que Menem utilizó su poder para evitar que la investigación del atentado avanzara sobre Alberto Kanoore Edul, un empresario con vínculos con la familia Menem que se remontaban a algunas generaciones, hasta los desiertos de Siria. El fallo sostiene que Menem “tenía cabal conocimiento de la información” relacionada con la causa que investigaba el ataque terrorista y que él, con “íntima vinculación con la familia Kanoore Edul”, fue “instigador” del encubrimiento y “era permanentemente informado de los avances de la investigación”.

Menem, que además está siendo investigado por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, será juzgado en el marco de la causa AMIA por “instigador penalmente responsable de los delitos de encubrimiento, falsedad ideológica –reiterada en ocho oportunidades que concurren realmente entre sí–, violación de medios de prueba y autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad”.

Jorge “Fino” Palacios. El comisario retirado era el encargado de los allanamientos a las oficinas de Kanoore Edul, y fue el último eslabón en la cadena del encubrimiento. Desde ese rol, retrasó el procedimiento y se sospecha que le avisó al sospechoso horas antes de llevarlo a cabo. Según el fallo, “es evidente que no es inepto ni torpe, todo lo que hizo y no hizo fue para eludir la línea de investigación que podía afectar al gobierno de Menem”. Por eso, la Cámara confirmó su procesamiento como “autor intelectual” del encubrimiento.

Según las pruebas que enumeró el fiscal Nisman, recibió la orden de ingresar al domicilio de Kanoore Edul a primera hora de la mañana y realizó el allanamiento a las cinco y media de la tarde. En el interin, se registraron dos llamados entre un celular a nombre de Palacios y el del sospechoso.

Palacios volvió a la fama el año pasado, cuando fue designado por Mauricio Macri como el primer jefe de la flamante Policía Metropolitana, cargo que debió abandonar luego de que quedara al descubierto una red paraestatal de espionaje que montó desde su rol en la administración porteña. Entre las víctimas de las escuchas había familiares de víctimas del atentado a la AMIA e incluso se espiaba a la misma mutual judía. Por esa causa ahora se encuentra detenido y procesado por asociación ilícita.

Palacios, además, está sospechado de haber tenido tratos con la banda que secuestró y asesinó a Axel Blumberg, más precisamente con el reducidor de autos que vendía las partes que robaba la banda del Oso Peralta, y también se le imputa la participación en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. Ahora, procesado por las causas AMIA y por las escuchas telefónicas, espera preso el momento de los juicios.

Juan José Galeano. Hace dos semanas, la Corte Suprema de Justicia dejó firme una resolución del Consejo de la Magistratura que en 2005, debido a “graves irregularidades” en la investigación del atentado a la AMIA, decidía remover de su cargo al hasta entonces juez. Galeano había llegado al proceso ante el Consejo que decidió su remoción acusado de 27 cargos. Durante el juicio oral que acabó con su remoción se probaron diversas irregularidades, entre ellas el pago de aquellos 400 mil dólares a Telledín a cambio de su falso testimonio, la destrucción de medios de prueba, la coacción a testigos, escuchas telefónicas ilegales y hasta la irregular detención y torturas a un imputado.

Galeano, que había accedido a su cargo como juez por sus vínculos con Anzorreguy, ahora está procesado como “autor material” del entorpecimiento de la investigación. La Cámara dio por probado un diálogo telefónico con Munir Menem (también procesado), en el que el hermano del entonces presidente se informaba sobre la situación de Kanoore Edul y le indicaba al juez que “lo favorezca, sustrayendo medios de prueba y falseando documentalmente la realidad”.

Desde ese momento, sostiene la investigación, “se comenzó a obrar con la finalidad de favorecer al nombrado”. Y lo más importante del fallo es que considera que su “complacencia” ante “la larga lista de las extrañas situaciones luego constatadas no puede ser tomada ingenuamente como un desafortunado conjunto de negligencias y torpezas”. Más bien, al contrario, “da cuenta de una explícita decisión para diluir las sospechas que pudieran existir sobre Alberto Kanoore Edul y su entorno en relación con el atentado”.

Hugo Anzorreguy. El número uno de la SIDE al momento del atentado fue quien, según sostiene el fiscal Alberto Nisman, y refrendaron el juez Ariel Lijo y la Cámara Federal, armó el dispositivo por el cual se desvió la atención para que no cayera sobre Kanoore Edul. El ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado ya reconoció ante el magistrado haber entregado, por orden de Carlos Menem, 400 mil dólares de fondos reservados de ese organismo al ex juez Juan José Galeano; el propósito era que éste le pagase al reducidor de autos Carlos Telleldín para que involucrara en la causa a tres policías bonaerenses.

Anzorreguy está acusado de ser “autor material” del encubrimiento, por haber realizado este pago. En su defensa, el ex espía sostiene que desconocía los detalles de la investigación porque la delegó cuatro días después del atentado, argumento que, según el fallo, “es una burla, precisamente, a la inteligencia de los que tenemos que valorar su situación en aquel momento”. Pero las irregularidades no se quedan ahí: después del atentado, la SIDE recibió la orden de intervenir el teléfono de Alberto Kanoore Edul, cosa que se hizo durante menos de una semana antes de interrumpir la vigilancia sin orden judicial. Además, los cassettes con las escuchas de esos días fueron entregados, algunos al juez Galeano, otros al comisario Palacios, y todos han desaparecido.

Al igual que Menem, Anzorreguy también está siendo investigado por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, realizada entre 1991 y 1995. Hasta ahora, el tribunal que tramita esa causa no consiguió que el ex espía se presente a declarar, ya que según informaron, “aparentemente está de viaje”.