El enojo con el Gobierno y en especial con las críticas generalizadas de Cristina Kirchner al Poder Judicial ha sido la faceta más publicitada del malhumor de la Corte Suprema en el contexto del conflicto por los DNU y las reservas. Pero hay otro aspecto, menos visible, que es el disgusto del tribunal con los jueces que desde enero hicieron proliferar medidas cautelares a pedido de diputados y senadores de toda estirpe. Los supremos tuvieron la intención de frenar la escalada, primero al rechazar una demanda de San Luis contra el uso de las reservas y luego al declarar abstracto el fallo que había suspendido el Fondo del Bicentenario (Fobi). Pero no tuvieron eco. Ahora, según pudo saber Página/12, ya están embarcados en pensar qué “límites” fijar a los magistrados inferiores cuando les llegue alguna apelación que les dé la chance de un nuevo pronunciamiento.

“Están todos locos”, gritó un juez supremo –y otros asintieron con cara de espanto– al enterarse de que la jueza Claudia Rodríguez Vidal había frenado el DNU que creó el Fondo del Desendeudamiento Argentino (Fondea). Para bloquear las reservas la magistrada amplió los efectos de la medida cautelar que antes había congelado el Fobi, y lo hizo a pesar de que ese mismo día la Corte había dicho que el caso del propio Fobi se había vuelto abstracto tras su derogación. La frase “están todos locos” se reeditó el día en que el juez Enrique Lavié Pico, luego de un intento fallido por declararse incompetente, ordenó retrotraer la comisión bicameral revisora de los DNU a su composición original, de ocho legisladores para la oposición y ocho para el oficialismo.

“Aaah... ¿usted dice el fuero contencioso legislativo?”, ironiza un juez consultado por este diario, en alusión al “contencioso administrativo”, fuente de las medidas cautelares. Es el fuero –al que el ex ministro menemista Rodolfo Barra le dio cimientos– especializado en analizar contratos, tarifas y privatizaciones, entre otras tantas cuestiones sensibles que incumben al Estado.

Los reproches que se oyen en el alto tribunal no distinguen si las cautelares dictadas son a favor o en contra de la Rosada. Apuntan a otro concepto que ya hicieron público tanto Raúl Zaffaroni como Ricardo Lorenzetti al sugerir que no se judicialicen los problemas políticos que –interpretan– deberían encontrar salida en su ámbito natural de discusión. Lo que no quita que, en reflexiones café de por medio, más de un ministro de la Corte ponga en tela de juicio la utilización de fallos para complicar decisiones de política económica de un gobierno.

Una partecita de los argumentos de los supremos responde a que quisieran ahorrarse de antemano la responsabilidad de tener que saldar una discusión que ha tomado una escala inusitada y no escapará a lecturas políticas. Otro tanto tiene que ver con que –casi por definición– la mayoría de ellos prefiere las salidas conversadas, que como mucho los erija en mediadores. Tercero, dice un juez con voz de mando, “tampoco es cuestión de permitir el gobierno de los jueces”.

Las razones jurídicas, técnicas, también abundan. Por empezar, el que promueve un amparo y una cautelar debe tener “legitimación”, es decir, tiene que verse directamente afectado. Es una rareza admitir demandas de diputados y/o senadores, asevera un integrante del tribunal. “Tendría que ser algo tan flagrante como que le saquen el sueldo de legislador”, ilustra. La Corte, en esa línea, rechazó el pedido de la provincia de San Luis contra el Fondo del Bicentenario. Es igualmente dudoso desde el punto de vista legal, sigue el juez, “anular algo que es una cuasi ley, con efectos a nivel nacional” y que aún tiene chances de revisión parlamentaria. Ese criterio, dice, deja otro peligro en puerta: cualquiera puede ir a cualquier juzgado de cualquier rincón del país y encima conseguir lo que pretende, “como está ocurriendo con diversos planteos contra la ley de medios”. En otro despacho refrescan que más de una vez la Corte dijo que a la hora de evaluar “la razonabilidad” de una norma los jueces tienen que tener en cuenta también las “consecuencias” de sus fallos.

La jueza María José Sarmiento, luego las camaristas Marta Herrera y Clara do Pico, y también Rodríguez Vidal reconocieron “legitimación” a dirigentes de buena parte del arco opositor en su embestida contra el uso de reservas para el pago de la deuda externa: el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el peronismo disidente obtuvieron sus peticiones. El argumento de base era que se les había obstruido su facultad legislativa de revisar un DNU. Primero porque el decreto del Fobi se firmó justo antes del receso parlamentario de enero. Frente al nuevo DNU, el 298/10, se acusó al Ejecutivo de pretender burlar nuevamente al Congreso y eludir el cumplimiento de una medida judicial con una expeditiva transferencia de reservas al Tesoro. Tanto Sarmiento como Rodríguez Vidal suspendieron los decretos hasta que se expidiera el Congreso. Pero el panorama se complicó todavía más con la medida cautelar del juez Lavié Pico, que ordenó reconfigurar la comisión bicameral que acababa de emitir un dictamen para anular el decreto creador del Fondea. Lavié repuso en el cuerpo a la senadora del Frente para la Victoria Beatriz Rojkes de Alperovich, a la única que le reconoció legitimidad de un grupo encabezado por Miguel Pichetto.

Un camarista del fuero contencioso y un asesor supremo coinciden en que existen antecedentes en los que la Corte admitió como “cuestión justiciable” la revisión de decisiones de las cámaras legislativas. Una fue cuando, ante un reclamo del genocida Antonio Domingo Bussi (que también benefició a Luis Abelardo Patti), dijo que el Congreso no estaba facultado para impedir el ingreso de un legislador electo. Otra, cuando declaró nula la votación del Senado que rechazaba el ascenso para el marino Julio César Binotti, luego procesado en la causa ESMA. Amén de los antecedentes, en el máximo tribunal hay un criterio casi uniforme que marca un tope: aquel que tácitamente indica que ningún tribunal debería interferir en el funcionamiento de los demás poderes, ni entrometerse en los conflictos entre ellos, ni en los enredos intrapoder. Salvo que exista una crisis institucional descontrolada.

En la Corte confiesan cierto encono hacia el Gobierno, que comenzó el día del discurso de Cristina frente a la Asamblea Legislativa. Más allá de sus críticas a los jueces en aquel contexto, los comentarios anti Corte Suprema, de viva voz, del secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, fueron fuente de ira para Juan Carlos Maqueda, que estaba sentado una fila adelante y se sintió destinatario. Maqueda, paradójicamente, es uno de los jueces de mejor feedback con el poder político.

Aquel episodio, al que luego se agregaron las referencias de CFK a “jueces alquilados”, fue uno de los disparadores de la declaración que firmó el alto tribunal pidiendo “mesura” a quienes “tienen funciones de gobierno”, “diálogo” y “respeto a la independencia judicial”. La cocina de aquel comunicado, que tuvo como telón de fondo mucha presión de parte de la corporación judicial y sus asociaciones, fue complicada. Enrique Petracchi no lo firmó por una interna eterna que lo enfrenta con el titular de la Corte, Lorenzetti. Pero Raúl Zaffaroni era reticente por otras razones: temía, con motivo, que el texto se interpretara exclusivamente como un ataque al Gobierno, cuando la intención era extender la advertencia a los legisladores y a los mismos jueces, ya sea por ceder a presiones o entusiasmarse con el protagonismo. Al final firmó.

En estos días, la nueva etapa judicial de discusión sobre los DNU y la bicameral estará en la Cámara del fuero contencioso administrativo. Los expedientes sobre el Fondea están repartidos en dos salas de ese tribunal, la I y la IV, a riesgo inclusive de que puedan tener diferentes criterios, quién sabe. El caso de la bicameral le toca a otra sala, la III, con un juez recusado.

La Corte, está –salvando las distancias– como los padres que hablan de poner límites a sus hijos. Al Ejecutivo, intentará señalárselos con un fallo que “limite” el uso de los decretos de necesidad y urgencia para cualquier cosa, aunque procurará evitar firmarlo en el medio del incendio en curso. A los jueces, si cuadra (ante una apelación concreta), los invitarían a evitar el despilfarro de medidas cautelares que son capaces de traer consecuencias institucionales impredecibles.