La Cámara Nacional de Casación Penal volvió a dejar al ex presidente Carlos Menem en situación de procesado por el delito de “estrago doloso agravado por muerte de persona”, a raíz de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida en noviembre de 1995.

La Sala IV de la Cámara, con las firmas de los jueces Mariano González Palazzo, Augusto Diez Ojeda y Gustavo Hornos, rechazó un recurso de “nulidad” presentado por Menem. La decisión implica un retroceso al estado de “procesamiento” y el envío del expediente a la Justicia federal de Córdoba para que emita a su vez una nueva resolución, lo que hará que la causa quede cerca de estar en condiciones de ser elevada a juicio oral.

Menem fue procesado en agosto de 2008 por el juez federal de Río Cuarto Armando Valentinuzzi, pero la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba anuló el llamado a indagatoria, con lo que dejó sin efecto el procesamiento.

La querellante, la abogada Ana Gritti –viuda de una de las víctimas de la explosión en Río Tercero–, patrocinada por los abogados Ricardo Monner Sans, Horacio Viqueira y Aukha Barbero, apeló la medida y consiguió dejar sin efecto esa decisión. Así, Menem volvió a quedar acusado por su responsabilidad en la voladura de la fábrica. El ex presidente insistió con el pedido de “nulidad”, pero fracasó.

Menem está ahora nuevamente procesado por “estrago doloso agravado por muerte de persona” y la Cámara Federal de Córdoba debe pronunciarse por ratificar o revocar esa situación. En el caso de que decida confirmarla, el expediente, que se inició hace quince años, quedaría en condiciones de pasar a juicio oral y público.

La Fábrica Militar de Río Tercero explotó el 3 de noviembre de 1995 y provocó siete muertos y un centenar de heridos. La Justicia determinó que la explosión fue deliberada y que tenía el objetivo de ocultar que de esa guarnición militar se sacó armamento que fue vendido de manera ilegal a Ecuador y Croacia a través de dos decretos presidenciales.

Por la venta de ese armamento, Menem está siendo juzgado por un tribunal en lo penal económico junto a ex funcionarios de su gobierno.