La suerte del Fondo del Desendeudamiento Argentino (Fondea) volverá a delinearse en tribunales antes que en el Congreso. La Cámara en lo Contencioso Administrativo tiene previsto expedirse antes de Pascua sobre el último DNU, el 298/10, que destinó reservas al pago de la deuda. Es probable que la Sala IV de ese tribunal revoque una de las medidas cautelares de la jueza Claudia Rodríguez Vidal que suspendieron el decreto. Pero esa decisión no bastaría para que queden liberados los fondos del Banco Central. También debe fallar la Sala I, en un caso casi idéntico, y todavía quedan dudas sobre el criterio que adoptarán los jueces que la integran.

Mientras las cámaras legislativas continúan entrampadas en su discusión por los DNU y el destino de las reservas, en tribunales hubo dos medidas cautelares que siguieron su ruta. Una fue presentada por el radicalismo, otra por peronistas disidentes. Ambas cuestionaron el decreto que reemplazó al del Fondo del Bicentenario (Fobi), derogado por el Poder Ejecutivo. La jueza Rodríguez Vidal les hizo lugar y volvió a bloquear las reservas –esta vez por 4300 millones de dólares– en una extensión de la decisión que había tomado María José Sarmiento, que la subrogaba en enero. Argumentó que el nuevo DNU era una artimaña para eludir una medida judicial vigente y esquivar al Congreso.

Los dos expedientes están desde esta semana en la Cámara del fuero contencioso, que interviene en disputas administrativas que implican al Estado. En la Sala IV todo indica, pudo saber Página/12, que habría una decisión unánime de dejar sin efecto la medida cautelar promovida por los radicales Gerardo Morales, Oscar Aguad y Ricardo Gil Lavedra. Los camaristas Jorge Morán, Sergio Fernández y Luis María Márquez intentaban sobre el fin de semana acordar una línea argumental. La primera pista sobre su parecer la dieron hace dos semanas, cuando, ante un pedido de los abogados del Estado, declararon abstracta la resolución que afectaba al (ya inexistente) Fobi. Teniendo en cuenta que era la base del expediente, una conclusión posible es que caerían las actuaciones posteriores.

Pero hay varias opciones en estudio que podrían llevar al mismo de-senlace. Una parte de que las cautelares de Sarmiento y Rodríguez Vidal inmovilizaban las reservas hasta que se cumpliera el procedimiento de revisión del DNU en el Congreso, para garantizar su intervención. Pero el Parlamento ahora funciona. Esto complicaría, además, reconocer la “legitimación” a los legisladores para demandar porque deberían demostrar un perjuicio directo. Otra doctrina tampoco descartada es la que encasillaría el conflicto entre los asuntos “no justiciables”, a resolver por el Congreso.

Así las cosas, la llave para liberar las reservas estaría en manos de la Sala I, que incluso podría fallar antes que la Sala IV, informaron allegados al expediente. Los camaristas Clara Do Pico, Néstor Buján y Pedro Coviello se reunirán el lunes a debatir y podrían decidir ese mismo día. O podrían coincidir el martes con la otra sala.

Buján, que estuvo de turno la primera quincena de enero, fue uno de los camaristas que intentaron una salida política que culminaría con una exhortación al Congreso, pero quedó abortada por una recusación de Federico Pinedo (PRO). Luego intervino Do Pico, y junto con Marta Herrera mantuvo la cautelar contra el Fobi. Coviello tiende a evitar inmiscuirse en asuntos parlamentarios. A estos tres jueces, cuentan en tribunales, les cuesta congeniar. No sería raro, cantan los vaticinios, que alguno vote en disidencia. En sus despachos circulan dudas sobre la “legitimación” de los legisladores, pero también sobre los plazos del Congreso para la revisión del DNU 298/10, un escenario que se tornó más complejo cuando el juez Enrique Lavié Pico ordenó –ante una demanda de senadores kirchneristas– retrotraer la comisión bicameral que dictamina sobre los decretos a su composición de ocho legisladores del oficialismo y ocho de la oposición. El dictamen que firmó ese cuerpo pero integrado por mayoría opositora quedó en un paréntesis.

En el Congreso la pulseada se prolonga. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Finanzas declararon nulo el decreto del Fondea y ahora la oposición intenta unificar un proyecto para ser tratado en el recinto la primera semana de abril. Pero el oficialismo ya planteó una impugnación y la amenaza de volver a la Justicia.

Si, finalmente, la Sala I y la IV de la Cámara coinciden en liberar las reservas, el Gobierno podría transferir los fondos al Tesoro. Pero bastará que una diga algo distinto para que el problema continúe en la misma telaraña. Si queda una cautelar en firme, el caso podría volver a la Corte Suprema, que intentó dar un mensaje para frenar la judicialización del conflicto cuando declaró abstracto el caso del Fobi promovido por Pinedo, pero no tuvo mucho eco. Ahora, como informó este diario, ya piensa cómo poner un límite.