A sus 60 años, Prudencio Mochi aún arrastra la secuela de las torturas que padeció cuando tenía 25, aplicadas por la Inteligencia policial de Mendoza en 1975. “Una vez que soy liberado, comienzo a padecer crisis epilépticas. Recibí tratamientos en Italia, en Francia y en Holanda. Luego me descubren un trauma en el lóbulo frontal derecho, producto del golpe que recibí cuando me detuvieron. Durante años me traté con Misoline”, dijo en un reportaje telefónico que concedió desde México.

Su caso es uno de los que fundamentan la solicitud de juicio político contra los actuales camaristas federales Otilio Romano y Luis Francisco Miret. Mochi, doctorado en Ciencias Políticas en Italia y en la actualidad profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, recuerda bien al entonces juez Miret, porque ante él denunció las torturas que padeció y no obtuvo que las investigara. En cambio sólo sabe que Romano era el fiscal de la causa, pero no cree haberlo conocido entonces.

Mochi fue detenido en agosto de 1975, en un operativo conjunto del Ejército y de las policías Federal y provincial en el barrio Maipú. Mochi volvía a su casa cuando le dispararon desde lejos. Intentó correr pero cayó herido en una pierna. Perdió mucha sangre y lo golpearon con la culata de un arma en la cabeza hasta que se desvaneció, origen de su problema epiléptico. Se despertó en la D2, la temida Dirección de Inteligencia de la policía de Mendoza, donde también había otros once detenidos, algunos eran sus compañeros de militancia estudiantil, en la Facultad de Derecho de Santa Fe, y gremial, en la formación de la Coordinación Sindical en Villa Constitución. En la D2 estuvo dos semanas, durante las cuales no recibió atención médica por la herida en la pierna. Por el contrario, los torturadores además de aplicarle la picana eléctrica, le introducían un hierro en la herida. Mochi se desmayó varias veces. “Decían que se me iba a gangrenar la pierna.” Sus lesiones fueron constatadas por un médico policial.

Al cabo de esos quince días lo llevaron al juzgado federal a cargo del juez Miret, quien blanqueó la detención ilegal con una orden de arresto. Lo acusaron de asociación ilícita, de portación de armas de guerra (“Yo nunca tuve armas, no tenía relación con las organizaciones armadas”, dice Mochi). En cuanto estuvo a solas con el juez le informó de las torturas que había recibido, que por otra parte eran evidentes. Miret se negó a dejar constancia de esa denuncia y en cambio intentó “indagarme sobre mi actividad política, pero yo me negué absolutamente a declarar en esos términos. Con los otros detenidos actuó en forma similar. Legalizó todas las detenciones de los que caímos antes del golpe”.

Luego de la declaración ante Miret lo trasladaron a la Cárcel de Mendoza. “Estuve mucho tiempo en la Enfermería, porque me encontraba en muy malas condiciones de salud. Interviene el abogado Oro, que era defensor de presos, pero luego fue secuestrado. Después de su secuestro, durante años de detención mi familia no tuvo posibilidad de poner a otro abogado, porque además, por miedo, se negaban a representarme. En una oportunidad se propone como defensor un abogado de apellido Balestrini, que le pide dinero a mi hermano. Pero se enteran que era conjuez de Miret”, dice Mochi.

Sabe que Romano era el fiscal de la causa, pero no lo recuerda. “Mi trato era con Miret. Lo conocía antes de ser detenido, era famoso en Mendoza. Miret se comportaba como un milico más. Tenía un lenguaje castrense. Es uno de miembros de la incubadora del golpe militar en Mendoza”, dice.

En la Cárcel de Mendoza estuvo detenido alrededor de un año, luego fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata y por último a la Cárcel de Caseros. En la Unidad 9 lo alojaron en el Pabellón 1, el denominado “Pabellón de la Muerte”, donde estuvo Dardo Cabo, “a pesar de que yo no tenía relaciones con Montoneros. Fueron años muy difíciles, sobre todo por la incerteza de la vida o la muerte”.

A fines de 1978 o comienzos de 1979 su familia pudo designar como abogado a Carlos Washington Lencinas, descendiente del ex gobernador y senador radical homónimo. “A los cuatro años de mi detención, en 1979, Lencinas logra un arreglo para que me den una condena por los cuatro años que ya había estado detenido. Quedo formalmente a disposición del PEN y en 1980 me exilio a Italia”. Allí denunció lo sucedido ante la Liga por los Derechos de los Pueblos. “Pero en ese momento se priorizó la denuncia contra la actuación militar, porque la participación de los miembros de la Justicia no era un tema que en ese entonces tenía la relevancia que hoy ha alcanzado. Además mi caso era complicado, porque tenía las dificultades de quienes fuimos detenidos antes del golpe militar, durante un gobierno constitucional.”

–¿Siguió durante estos años la actuación de Miret?

–No, me entero que Miret sigue actuando en la Justicia a través de las notas de prensa que se publicaron estos días. Nunca me hubiera imaginado que semejante personaje siguiera en la Justicia. Un tipo tan quemado, que había avalado todo lo que hacían los militares, tan conocido por esto. Nunca me imaginé que un tipo así fuera camarista. Miret era el incubador de la dictadura en Mendoza. Me parece increíble. No resiste el menor análisis. ¡Este señor ha estado juzgando a personas durante 35 años! No se puede entender.

La semana pasada, durante los preparativos de la movilización por la vigencia de la ley de servicios de comunicación audiovisual, Miret salió a la puerta con actitud desafiante para escuchar si había cánticos que lo aludieran. Uno de los manifestantes tomó la foto que ilustra esta nota.

Entrevista: Mercedes González.