La culpa de que Manuel Gonçalves se haya criado con una identidad falsa es de su mamá. En lugar de registrarlo como Dios manda y acompañar al centenar de militares que la visitó con óptimas intenciones, Ana María Granda lo anotó con apellido falso y se resistió a entregarse hasta morir acribillada. También son responsables sus padres y los de su compañero, entonces desaparecido, pues al igual que cientos de abuelos en 1976 no estuvieron donde debían para recuperar al nieto. El razonamiento que hará furor en Marcos Paz lo suscribe el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, en el sobreseimiento de Juan Carlos Marchetti, juez de menores que en lugar de buscar a la familia de Manuel falseó el expediente de adopción para entregarlo a personas de confianza. La fiscal federal María Marta Poggio y los abogados Ana Oberlin y Lucas Ciarniello Ibáñez, que representan a Manuel, a la Secretaría de Derechos Humanos y a Abuelas de Plaza de Mayo, apelaron la decisión, que ahora evalúa la Cámara Federal de Rosario.

El juez tampoco encuentra motivaciones para indagar al suboficial Abel César Scollo, periodista protegido del poder político de Baradero que relató el estallido de marzo y que en 1998 admitió en televisión que “con anteojos ahumados” cazaba “subversivos”. Varios testigos lo recuerdan infiltrado en un grupo de teatro hasta la desaparición de uno de sus miembros, a quien extorsionó para sacarlo de “listas negras”. La causa hibernó un año y medio en manos de Villafuerte Ruzo y lleva un año estancada en la Cámara de Rosario.

Marchetti fue juez en San Nicolás durante la dictadura. En 1983 sobreseyó a Luis Patti por dos homicidios. Días atrás logró la absolución de policías acusados de vejaciones. Es abogado de privatizadas como Ternium Siderar, AES América y EDEN, y del ex secretario de la CGT, Naldo Brunelli, titular de la UOM nicoleña que avaló la designación de Villafuerte Ruzo. Scollo trabajó para el intendente de Baradero, Pedro Carozzi, y cuando éste murió para el hijo y sucesor, Aldo. Es titular de FM Tiempo, la radio que el pueblo apedreó tras quemar la municipalidad (ver aparte).

Manuel es hijo de Gastón Gonçalves y Ana María Granada. Su padre fue secuestrado en Zárate el 24 de marzo de 1976. El cuerpo fue enterrado como NN en Escobar. A su abuela, Matilde Pérez, la torturaron para que entregara a la nuera. Para preservar su vida y la del hijo en gestación, Ana María se radicó en San Nicolás con identidad falsa y, cuando nació Manuel, lo registró como Valdez. El 19 de noviembre, cien militares ametrallaron la casa: asesinaron a Ana María y a la familia Amestoy, incluidos dos niños. Sobrevivió Manuel, a quien su madre envolvió en un colchón mientras se resistía a caer en manos del terrorismo de Estado.

Manuel fue trasladado a un hospital por orden del coronel Fernando Saint Amant, quien dio intervención al juez. Marchetti dispuso una custodia ante “el rumor de que iban a retirar por la fuerza al niño”, contó un médico. Pese a que era obligación y práctica del juzgado publicar edictos, Marchetti no lo hizo. Un oficio policial sugiere que “las citaciones cursadas a familiares arrojaron resultado negativo”, pero el firmante dijo que no conoció al magistrado y que por su grado no pudo haberlo suscripto. El juez no pidió las actuaciones en las que se identificó a los Amestoy por sus huellas dactilares, no contactó a los deudos que retiraron los cuerpos, no buscó fotos de Ana María para publicar y no consultó sobre su identidad a los militares, que conocían a sus enemigos aunque los enterraran como NN. “Evitó voluntariamente la identificación”, resumió la fiscal Poggio.

Marchetti recurrió a la familia: su primo Eduardo Larrañaga y la esposa, Esther González, se convirtieron en padrinos del niño, que en febrero de 1977, sin informe socio ambiental ni opinión del asesor de menores, fue otorgado en guarda a Luis Novoa y Elena Rodríguez, prima de González. Cuando un asesor le preguntó si los adoptantes eran cónyuges, un requisito necesario, el juez informó falsamente que estaban casados. También le mintió a González cuando le dijo que había publicado edictos para dar con la familia. No requirió un solo informe para saber cómo se desarrollaba la guarda. En el camino quedó la familia Ricardi, que pretendía la guarda. Tras visitar a Manuel durante tres meses, se enteraron de que lo habían sacado del hospital por orden del juez. Ante la insistencia por ver al niño, Marchetti les gritó: “Muerto el perro, se acabó la rabia”.

Para sobreseerlo en la causa por apropiación y supresión de la identidad, el juez simuló ignorar el terrorismo de Estado y la responsabilidad de los funcionarios, que transfirió a las víctimas. “Quien suprimió la identidad de Manuel desde el momento de su nacimiento fue su madre”, que “imposibilitó que la Justicia pudiera lograr la determinación sobre el origen biológico”, escribió. Lo contrario sostuvo el tribunal de Lomas de Zamora, que anuló la adopción: “No hubo abandono por parte de los padres”. Villafuerte Ruzo no se conformó con culpar a los padres: “Me resulta imposible concluir que los abuelos o parientes no se hicieran presentes en el juzgado de menores”, se indignó. “El Poder Judicial debió ser el órgano encargado de tutelar el debido proceso y los derechos de las personas”, le recordó la fiscal. “Los responsables de que Ana María cambiara su identidad para preservar su vida y la de su hijo fueron los integrantes del Estado terrorista, del cual algunos funcionarios judiciales no eran ajenos sino un engranaje más”, enfatizó.

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