La tradicional marcha por el esclarecimiento de la desaparición de Jorge Julio López esta vez sumó el reclamo de conocer la verdad sobre el asesinato de Silvia Suppo, una de las testigos clave del juicio contra el ex juez Hermes Brusa, asesinada el 29 de marzo pasado en Rafaela.

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) convocó a una movilización para hoy en la que exigirá el desmantelamiento del aparato represivo, y el juicio y la cárcel común y efectiva para todos los genocidas. Por su parte, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), junto con Adolfo Pérez Esquivel y otros representantes de organismos de derechos humanos, pidieron una audiencia a la Presidenta para expresarle su “preocupación por la notoria precariedad de la acción del Estado dirigida a garantizar la tranquilidad, la seguridad y el derecho a testimoniar contra los responsables del terrorismo de Estado a los sobrevivientes de dicha acción y a cualquier testigo”.

Según expresaron, “esta situación, que se funda en la impunidad con que aún cuentan los desaparecedores de Julio López, y de casi todas las otras acciones de intimidación y amenazas, se ha potenciado ante el asesinato –sean cuales fueren sus motivos– de la compañera Silvia Suppo, luchadora ejemplar contra la impunidad”. La aclaración sobre las razones del asesinato tiene que ver con que la Justicia evalúa que se trató de un robo, aunque también tomó medidas para investigar la hipótesis de que el crimen haya estado vinculado con una represalia por la participación de Suppo en el juicio que terminó con la condena de Brusa y otros represores, como sostienen sus familiares y los organismos. Además del Premio Nobel de la Paz y militante del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), firmaron la carta José Schulman (LADH), María Adela Antokoletz (Herman@s), Marcelo Bagnatti (Instituto de Relaciones Ecuménicas), Miguel Monserrat (APDH), Arturo Blatesky (MEDH) y Ricardo Peidro (Derechos Humanos-CTA).

“Más allá de los problemas de ausencia de una estrategia estatal única, incide negativamente la persistencia de una lógica inspirada por la experiencia de lucha contra el narcotráfico, que es incompatible con el objeto de estos juicios”, apuntaron. Y concluyeron que “es justamente la impunidad de los genocidas la causa principal de la inseguridad, y es hacia los imputados y responsables del terrorismo de Estado que debe dirigirse la labor de inteligencia para impedir que actúen”. En tal sentido, instaron a Cristina Fernández a que “ordene la entrega a la Justicia de la lista de los civiles y militares que participaron” de la represión y “la haga pública”.

Hoy, a tres años y siete meses de la desaparición de López, testigo clave del juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz, el EMVJ vuelve a pedir su aparición con vida con una movilización que partirá a las 17.30 desde Avenida de Mayo y 9 de Julio.