Las diferencias entre la oposición en la Cámara de Diputados frustraron en la madrugada de ayer la inclusión de dos de los artículos que le otorgaban mayores atribuciones al Congreso en la modificación a la ley que controla los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Los dos artículos, impulsados desde el núcleo duro opositor, autorizaban a la Comisión Bicameral a evaluar la decisión política de considerar de “necesidad y urgencia” una situación y definir la “nulidad” de los decretos. Pero el bloque de Nuevo Encuentro y el interbloque de Proyecto Sur –que respaldaron en general la iniciativa– no acompañaron esas definiciones y los artículos no alcanzaron los 129 necesarios para su aprobación. El conglomerado opositor igual festejó la media sanción del proyecto como un triunfo político, pero por lo bajo reconocen que el reacomodamiento que necesitará el articulado” provocará modificaciones en el Senado que devolverá el proyecto a la Cámara baja. Para más, admiten que difícilmente consigan el aval de los 37 senadores para transformarlo en ley.

El proyecto, que encabezó desde la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales la peronista disidente Graciela Camaño, unificó una docena de iniciativas opositoras. Pero el texto final no dejó conformes por igual a todas las bancadas de la oposición.

Camaño, que también ofició de miembro informante del proyecto en el recinto, fue la encargada de resignar el artículo más polémico de la iniciativa. Lo propuso Margarita Stolbizer y establecía que “esta ley no puede ser vetada”, prohibiendo así atribuciones presidenciales establecidas en la Constitución. “Tenemos el convencimiento de que el Ejecutivo no puede ejercer poder de veto sobre la futura ley. Pero a fin de zanjar algunas diferencias en relación con el artículo 20, adelanto que vamos a suprimir el artículo”, sostuvo la peronista disidente. Una postura que enseguida respaldó Elisa Carrió.

El proyecto que propone que los DNU deberán tener el respaldo de las dos Cámaras del Congreso, y que si el Parlamento no se pronuncia dentro de los 60 días corridos el decreto quedará sin vigencia fue aprobado en general antes de la medianoche del miércoles. Camaño afirmó que se iban a “corregir” algunas cosas “en función de las observaciones planteadas”. Carrió defendió el actual funcionamiento de la Cámara para hilvanar los “consensos” y “modificar artículos”, comparándolo con “los tiempos que esto era una escribanía del Gobierno”.

Pero la discusión en particular, ya en la madrugada de ayer, volvió a desnudar las diferencias entre los opositores. La porteña Vilma Ibarra, del bloque Nuevo Encuentro y autora de uno de los doce proyectos unificado en el dictamen, cuestionó varios artículos. El 8 porque –explicó– la nulidad de los decretos no es una atribución del Congreso y porque esa nulidad tendría efectos retroactivos que “sólo salvaguardan los derechos de terceros pero deja indefensos al Estado nacional y a los provinciales”. El 9 porque “la Bicameral puede rechazar o aprobar el DNU pero no puede evaluar la decisión política sobre la necesidad y urgencia”. Y el 18, donde proponía que “el rechazo del decreto de promulgación parcial por mayoría simple de cualquiera de las Cámaras” del Congreso.

Sin embargo, Camaño aceptó algunas correcciones surgidas desde el Grupo A, aunque no hizo lugar a las modificaciones que propuso Ibarra. Algo falta de reflejos y un poco nerviosa confundió varias veces los artículos del dictamen con el de la ley, que corrigió Eduardo Fellner desde la presidencia Camaño pidió pasar a votar la totalidad de los artículos sólo con los cambios aceptados.

Vilma Ibarra solicitó que se dejara constancia de su votación en contra de esos artículos. Fue entonces cuando el jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, pidió que se votara en bloque aquellos artículos donde “el Grupo A tiene coincidencias” y aparte los cuestionados. Fellner tomó la sugerencia y no hubo objeciones.

La oposición ratificó su supremacía numérica en la votación en bloque (142 a 95), pero no pudo contener a todo el amplio abanico de fuerzas políticas detrás de los artículos cuestionados: en el 8 y el 9 sólo cosecharon 127 voluntades. Dos menos que los 129 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, la mayoría especial que requiere la sanción de una ley reglamentaria de la Constitución.

La oposición perdió el apoyo en esa votación de cuatro diputados de Nuevo Encuentro y de ocho de Proyecto Sur. Aunque también sufrieron la deserción del peronista disidente cordobés Jorge Montoya y la macrista Silvia Majdalani, presentes en la votación en general pero ausentes en la votación en particular, y que le hubieran aportado a la oposición los dos votos que le faltaron.

Camaño propuso entonces que se votara la inclusión de las modificaciones propuestas por Ibarra pero Rossi volvió a terciar: “No se puede votar porque no hay dictamen de minoría”. La propuesta opositora perdió dos artículos de la iniciativa por las que había batallado Carrió incansablemente: por un lado, la posibilidad de declarar “nulos de nulidad absoluta e insanable” los decretos y, por el otro, poder hacerlos evaluando la “necesidad y la urgencia” de los mismos.

Ya fuera del recinto, Camaño manifestaba su malhumor en una conversación con la cívica Marcela Rodríguez mientras pasaba frente a la sala de periodistas de la Cámara baja: “Son los dos artículos que propusiste vos. Eso pasa por confiar en la izquierda, que vienen a todas las reuniones y después votan lo que quieren”.

Ayer por la tarde, la líder de la Coalición Cívica buscaba quitarle trascendencia al traspié opositor: “Lo importante es la ley, esos dos artículos son irrelevantes”, sostenía en público Carrió. Hacia dentro de su bloque, la opinión era diferente: “Eso pasa por confiar en Ibarra. Yo dije que no había que confiar y lo arrastró a votar equivocado a Pino”, sostenía, en cambio, ante los íntimos.

Dentro del arco opositor quedó un sabor agridulce por la modificación del proyecto aunque no estaban dispuestos a expresarlo en público. “El conveniente ordenamiento del articulado de la ley (que debe realizar la secretaría parlamentaria de Diputados antes de girar el proyecto al Senado) seguramente provocará modificaciones en el Senado y el proyecto tendrá que volver a Diputados”, afirmaba a Página/12 un encumbrado legislador opositor. Otro diputado de la oposición era menos optimista aún ante la consulta de este diario: “El proyecto puede quedar frenado en el Senado. Va a ser muy difícil conseguir ahí los 37 votos necesarios”.

El apuro por mostrar triunfos políticos en el Congreso volvió a jugarle una mala pasada al conglomerado opositor.