No es el único intendente del conurbano con problemas con los movimientos sociales. Pero es un caso paradigmático. En Esteban Echeverría, Fernando Gray puso a un militar a cargo de la logística del programa de cooperativas Argentina Trabaja. El teniente coronel Roberto Luis Muñoz Betelú dejó el Ejército hace apenas unos días, el último 6 de abril, con un retiro voluntario; entre 1999 y 2000 fue jefe del Ejército de Caballería de Tanques Nº 8 de Magdalena y más tarde agregado militar argentino ante el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Aunque no tiene acusaciones puntuales, su sola presencia puso en guardia a las organizaciones y movimientos del partido. En los últimos días renunció un funcionario vinculado con el Movimiento Evita, pese a que la organización no quiere –aún– cortar los puentes con el intendente. El caso que está circunscripto a ese distrito revela las tensiones que está generando la implementación del Argentina Trabaja entre algunos de los caciques territoriales y las organizaciones.

“¡Yo no nombré a nadie!”, dice Gray a Página/12. “Sólo convoqué a alguien experimentado, pregunté a uno y a otro, lo llamé para trabajar en logística para que me ordene este tema, que es muy complicado, yo sé que si hago otra cosa se me descontrola todo. Y, además, ¿qué tiene de malo? Tampoco voy a discriminarlo.”

El teniente coronel Muñoz Betelú nació el 16 de agosto de 1956, ingresó al colegio militar en febrero de 1973 y egresó como oficial ingeniero militar el 7 de diciembre de 1976. Según datos del Ministerio de Defensa, el 6 de abril de 2010 obtuvo el retiro voluntario con el grado de coronel. Datos de las organizaciones de derechos humanos que siguen las denuncias contra los militares durante los años de la represión, indican que hasta ahora no tiene abierta ninguna causa.

Aun así, en Esteban Echeverría su presencia incomodó a las organizaciones beneficiarias del Plan Argentina Trabaja. Al reclamo se sumó el Frente Darío Santillán y algunos integrantes del Movimiento Evita, alineado al kirchnerismo. “No estamos discutiendo una cuestión jurídica y legal”, indicó a este diario Eduardo Madía que hasta hace unas semanas era director de la Unidad de Gestión para el Fortalecimiento de la Economía Social. “Lo que decimos es que instalar en un área tan sensible como la de las cooperativas a un militar es una provocación, una cosa completamente fuera de lugar.”

A Gray, los kirchneristas lo encuadran entre los jefes territoriales oscilantes, pero suelen reconocer que está cuando tiene que estar. Puso el cuerpo a comienzos de marzo cuando viajó al Chaco para la reasunción de Néstor Kirchner en el PJ; se pronuncia como de centroizquierda, y le puso el pecho al negocio de la basura en sus comienzos, otorgándole el control de la licitación y de las auditorías a asociaciones civiles que promocionan políticas de transparencia como Poder Ciudadano y ahora Cippec, por cierto, financiada por empresas del establishment. Sus detractores siempre le recuerdan el pasado de vocero de Eduardo Duhalde, pero dicen menos del momento en el que cumplió esa misma función con Alicia Kirchner. Y hablan de sus relaciones políticas, donde aparecen nombres ligados a sus viejos espacios. Por eso, desde el kirchnerismo suelen contarlo entre los propios, advirtiendo que también puede estar en otro lado.

“Acá lo que tiene que quedar en claro es que el que se fue no es el Movimiento Evita, sino un compañero nuestro”, explica un dirigente de ese espacio. “El Movimiento Evita considera que no tiene que abandonar lugares para ayudar al compañero intendente a que comprenda cómo son los espacios de construcción.”

La intervención de Muñoz Betelú en el área del programa de cooperativas responde en realidad a un replanteo más general que impulsa el intendente. Empezó a controlar las asistencias; descuenta los días de falta; y desplazó las mediaciones territoriales abriendo cajas de ahorro para que los beneficiarios puedan cobrar directamente desde los bancos. Lo que para él es un abono en la línea de la transparencia, para los movimientos sociales es una vuelta a la política “de orden y de mano dura”.

“Acá hubo dos etapas”, explica un referente provincial del Argentina Trabaja. En la primera, los programas estuvieron monopolizados por los intendentes, que no entregaban los programas a los movimientos porque no les respondían. La segunda etapa empezó hace unos meses, con la incorporación de los movimientos. En este tiempo, los movimientos empezaron a ganar autonomía porque accedieron al programa directamente desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, saltando el control de los intendentes. A ojos de ese referente, eso disparó varios conflictos que siguen activos en varios distritos como Berazategui, Almirante Brown o Esteban Echeverría, donde están algunos de los 60 mil trabajadores de las cooperativas de movimientos u organizaciones, ubicados en 39 municipios. “La diferencia –sigue la misma fuente– es que algunos intendentes acuerdan o negocian, y a otros les cuesta o no lo hacen.”