La Corte Suprema intentará resolver sin dilaciones la suerte de la medida cautelar de la Justicia mendocina que suspendió la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así lo informó un encumbrado vocero del tribunal, donde ya llegó la apelación del gobierno nacional, que plantea la “gravedad institucional” de privar al sistema de medios del régimen jurídico aprobado por el Congreso. Los jueces supremos rozaron el tema en su plenario de ayer, pero acordaron como fecha para debatirlo en profundidad el 19 de mayo. Como mucho, especulan en los despachos cortesanos, firmarán un fallo en junio.

En múltiples tribunales de todo el país existen cerca de treinta expedientes contra la ley de medios. La mayoría están promovidos por particulares, en especial licenciatarios de radio y TV, que piden que se declare la inconstitucionalidad de uno o dos artículos, como el que exige la desinversión (para evitar los monopolios) y el que fija un plazo de un año para concretarla. A diferencia de todos esos casos, el que llegó a la Corte fue impulsado por un diputado, el mendocino Enrique Thomas (Peronismo Federal), que puso en tela de juicio el proceso de sanción de la ley y consiguió una medida cautelar que suspendió la aplicación de toda la norma. La única demanda similar es la que inició en Salta la diputada Beatriz Daher, del mismo partido.

Ante la Justicia de Mendoza, Thomas señaló supuestas violaciones reglamentarias en el trámite parlamentario. La jueza Olga Pura de Arrabal le dio la razón y dictó una medida cautelar que paralizó la aplicación del nuevo marco legal, íntegro, para los medios audiovisuales. Su fallo señalaba “la política acelerada que se ha impreso, tanto a la sanción de la ley como a los actos implementados para hacerla efectiva”. Ayer la magistrada denunció ante la Corte una supuesta presión (ver aparte). La semana pasada, la Cámara Federal mendocina confirmó la cautelar y señaló “vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional”. Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad de Aplicación de la ley, advirtió que “se suspende una ley democrática por un supuesto vicio parlamentario y vuelve a regir una ley de la dictadura”, en alusión a la 22.385.

En la Corte desmintieron que el propósito del tribunal sea esperar otros expedientes del mismo tema, lo que podría prolongarse por meses, algo deseable para los multimedios. Una cuestión elemental es que cualquier medida cautelar requiere la mayor celeridad posible para su tratamiento. Por eso, los jueces acordaron que se reunirán en dos semanas para dirimir un primer escollo formal: resolver si rechazan in limine o habilitan el recurso extraordinario presentado por el Gobierno, que apuesta a que se levante la suspensión de la ley.

Un primer dato que lleva a suponer que aceptarán el planteo es que hasta lo hizo la propia Cámara de Mendoza que previamente avaló la cautelar. Cerca de Sus Señorías especulan, además, que un rechazo de plano sería un exceso de confrontación con el oficialismo, ya que mantendría la norma en el limbo por lo menos hasta que otro asunto parecido llegue a sus escritorios. Y si es por los rigorismos legales, acotan, la Corte debería “abrir el recurso” –como dicen los entendidos– porque la parálisis de la ley íntegra tiene el efecto de una sentencia definitiva.

Así las cosas, el 19 de mayo comenzará una segunda y crucial etapa en esta batalla. La Corte le pedirá un dictamen al procurador general, Esteban Righi, algo usual frente a temas tan trascendentes. Todo indica que ese órgano demoraría unos quince días en pronunciarse. Luego se tendrán que expedir los supremos: no sobre la legalidad de la ley en sí, y ni siquiera sobre los pormenores de su sanción, sino sobre la medida cautelar que la puso en el freezer. Pero esa sola cuestión tendrá el poder de definir si se aplica de una vez la nueva norma.

El recurso que presentó el Gobierno, elaborado por la Procuración del Tesoro, afirma que la “gravedad institucional” surge de la prohibición de una norma general, que regula servicios públicos, en detrimento de facultades del Estado. Cuestiona la legitimación de Thomas para pedir la cautelar porque –dice– no sufrió ningún perjuicio personal, ya que participó del debate de la ley y tuvo acceso a los dictámenes. Y señala que el proceso de formación de las leyes no es una “cuestión justiciable”: su revisión por parte de la Justicia implicaría una invasión a otro poder. Agrega que fue distinto el fallo de la Corte que –a favor del genocida Antonio Domingo Bussi– concluyó que el Congreso no estaba facultado para impedir el ingreso de un legislador electo, o el que anuló la votación del Senado que rechazaba el ascenso del marino Julio César Binotti. No había leyes en juego, advierte, y en el segundo caso tocaba un derecho individual.

Esta misma discusión sobre la judicialización de la política es la que viene rodeando la polémica por los DNU que destinaron reservas al pago de la deuda, suspendidos por medidas cautelares. En el calor de ese debate ganó difusión el enojo de la Corte con el Gobierno y con las críticas generalizadas de Cristina Kirchner al Poder Judicial y a los jueces que fallaron contra sus decretos. Pero una faceta menos publicitada fue el disgusto del tribunal con los jueces y tribunales que durante el verano dieron rienda suelta a medidas cautelares a pedido de cualquier diputado y senador que les tocara la puerta. Trataron de dar una señal al rechazar una demanda de San Luis contra el Fondo del Bicentenario, pero como no tuvieron eco desde entonces esperan un caso que les permita “fijar un límite” a los jueces para evitar la multiplicación de cautelares, que se convierten en condenas anticipadas. Ahora estudian si el expediente sobre la ley de medios les provee una base potable para dar ese mensaje. Quizá se sepa el mes que viene.