Mientras José Alfredo Martínez de Hoz continúa internado con prisión preventiva en el sanatorio De los Arcos, producto en teoría de una descompensación que sufrió cuando la policía se aprestaba a detenerlo, el juez federal Norberto Oyarbide le corrió vista ayer al fiscal Federico Delgado para que se pronuncie sobre un pedido de arresto domiciliario formulado por los abogados del ex ministro de Economía de la última dictadura. El abogado Rodolfo Yanzón, que en 2006 solicitó la reapartura de la causa y la inconstitucionalidad del perdón presidencial concedido por Carlos Menem, recordó ayer que días antes de la detención varias personas vieron a Martínez de Hoz caminar sin inconvenientes por la Plaza San Martín, cercana a su residencia en el edificio Kavanagh. Hoy se conocerán los resultados de una tomografía computada realizada al imputado por peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia.

Oyarbide dictó el miércoles la “prisión preventiva de cumplimiento efectivo” para Martínez de Hoz, como coautor junto con Jorge Videla y Albano Harguindeguy del secuestro extorsivo de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, forzados en 1976 a renegociar desde la cárcel un contrato privado con comerciantes de Hong Kong. Días antes la Corte Suprema había declarado inconstitucional el indulto de Carlos Menem, que había permitido archivar el expediente judicial. Martínez de Hoz había sido procesado en 1988 por el juez Martín Irurzun y excarcelado por la Cámara Federal, que continuaba con la investigación cuando se decretaron los indultos.

Los efectivos de Interpol que el miércoles fueron a buscar a Martínez de Hoz terminaron sacándolo del Kavanagh en camilla y escoltando a una ambulancia, que trasladó al imputado a la clínica privada. “Parece un circo montado para sustraerse de la posibilidad de la cárcel o para mejorar su situación”, reflexionó ayer Yanzón, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, querellante en el proceso. “Me permito dudar seriamente sobre los problemas de salud de Martínez de Hoz”, sostuvo el abogado, porque “personas que trabajan en la zona de Plaza San Martín me informaron varios días antes de la detención que lo vieron caminando tranquilo y por su propia cuenta”. “Dijeron que se lo veía bien de salud y apuntaron que fue insultado por algunos transeúntes”, agregó.

La excarcelación, o en el peor de los casos el arresto domiciliario, del ex hombre fuerte de Videla fue solicitada en el juzgado de Oyarbide días antes de que el magistrado ordenara la detención. Antes de decidir el destino final de Martínez de Hoz, el fiscal sólo debe escuchar la posición de los defensores y del fiscal Delgado, no de las querellas particulares. Tal vez el caso más parecido sobre el que debió pronunciarse Oyarbide ocurrió en octubre de 2008, cuando le revocó el arresto domiciliario al dictador Videla y ordenó su traslado al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, que poco después se convirtió en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. A priori, aunque sin causas conocidas, sólo se alojan allí militares retirados imputados por delitos de lesa humanidad.