Una decisión del tribunal que está juzgando los crímenes cometidos en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo (ABO) podría cambiar el rumbo de ese proceso. A pedido de las partes querellantes y de la fiscalía, los jueces que integran el Tribunal Oral Federal 2 resolvieron agregar cinco casos a los 180 por los cuales están siendo juzgados 17 represores, entre ellos Julio Simón, alias el Turco Julián, Samuel Miara y Raúl Guglielminetti. En 2007 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) había identificado los cadáveres de esos cinco ex detenidos del Olimpo.

El 6 de diciembre de 1978 Cristina Magdalena Carreño Araya, Isidoro Oscar Peña y su hermano Jesús Pedro, Helios Serra Silvera y Santiago Villanueva fueron “trasladados” junto con casi todos los detenidos que estaban cautivos en ese campo de exterminio. “Era el momento final, se vació el centro clandestino y ahí decidían quién vivía y quién no”, explicó el abogado Gerardo Fernández, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Muchos fueron asesinados en los “vuelos de la muerte”, pero alguna sudestada inoportuna o la marea hizo que los verdugos no pudieran concretar su intención de desaparecerlos. Entre el 16 y el 17 de diciembre se encontraron quince cadáveres en la costa bonaerense, once fueron enterrados en el cementerio de General Lavalle, tres en el de General Madariaga y uno en el de Villa Gesell. El EAAF y la Cámara Federal, en particular el juez Horacio Cattani, rastrearon este hallazgo hasta que en agosto de 2007 los expertos del Equipo lograron la identificación de nueve restos, entre ellos los de Carreño Araya, Serra Silvera, Villanueva y los hermanos Peña.

Según explicó el abogado Fernández a Página/12, lo que se pidió al tribunal es que se consideren estos hechos como delitos continuados, y los jueces Jorge Tassara, Ana D’Alessio y María Laura Garrigós de Rébori aceptaron que estos cinco nuevos casos sean considerados como secuestro, detención, tortura y muerte. “Los imputados formaban parte del personal del Olimpo en la fecha de ese traslado, y en sus diferentes jerarquías cada uno contribuyó al plan criminal”, afirmó Fernández.

¿Cuál es la importancia de la resolución del tribunal?, quiso saber este diario. “Nos va a permitir sumar a los imputados el homicidio agravado de cinco personas, lo cual habilita a la fiscalía y las querellas a pedir la condena a prisión perpetua”, explicó el letrado. La intención hubiera sido que se pudiera juzgar a todos los casos de esta forma, no sólo a aquellos cuyos restos aparecieron, porque quedó probado que, según dijo Fernández, el “traslado era sinónimo de muerte”. Pero destacó que por primera vez en uno de estos juicios se puede cambiar una calificación a mitad del proceso. En tal sentido, anunció que a partir del lunes Miara, Simón y los demás genocidas serán nuevamente indagados por estos cinco casos. Ya habían respondido por las torturas y privación ilegal agravada de ellos y de las demás 180 víctimas cuyos casos están a punto de obtener su tardía justicia. “Del juicio surge más información que la recogida durante la instrucción; hay muchos sobrevivientes que hablan de ese gran traslado”, agregó el abogado del CELS.