La Justicia argentina, al menos en primera instancia, cerró la posibilidad de investigar los crímenes del franquismo. La jueza federal María Servini de Cubría rechazó las denuncias presentadas en el país por familiares de víctimas de la dictadura que encabezó Francisco Franco, alegando que hay causas abiertas por crímenes de lesa humanidad en España. La demanda es la primera que busca que un tribunal argentino aplique el principio de justicia universal, consagrado en tratados internacionales suscriptos por Argentina.

“Me basé en los pronunciamientos del fiscal Federico Delgado”, precisó la jueza, en referencia a una resolución de la fiscalía de fines de abril que había recomendado desestimar las denuncias por los mismos argumentos.

Los representantes de las víctimas del franquismo se habían presentado en marzo en los tribunales federales de la Capital porque en Madrid sectores de la derecha española lograron frenar la investigación iniciada por el juez Baltasar Garzón, quien fue llevado a proceso acusado de prevaricato (dictar a sabiendas una resolución injusta). El escrito recayó en el juzgado de Servini de Cubría, quien a su vez lo delegó en el fiscal. Pero Delgado no estuvo de acuerdo con avanzar en el planteo, que había sido avalado por las entidades locales que son parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Comité de Acción Jurídica (CAJ).

La denuncia se basó en los testimonios de dos familias de víctimas del franquismo, residentes en Argentina: Darío Rivas, de 90 años, hijo de Severino Rivas, quien fue ejecutado cuando era alcalde en la localidad gallega de Castro de Rei, en Lugo, víctima directa de los hechos; e Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado a comienzos de la Guerra Civil, en 1936, cuando también era alcalde y diputado provincial en Salamanca.

En su dictamen, el fiscal Delgado no rechazó el principio de jurisdicción universal, sino su aplicación a este caso en concreto. “Cualquier país está habilitado para juzgar los crímenes contra la humanidad, pero a condición de que no lo haya hecho el país al que incumbía el ejercicio de la jurisdicción conforme al principio de territorialidad”, argumentó. A su criterio, la investigación de Garzón está paralizada pero no cerrada, sino “a la espera de que el Tribunal Supremo español se expida sobre el punto”, y hay, además, otros tribunales locales que están investigando en la actualidad estos sucesos. Delgado también planteó que la ley de amnistía de 1977, en base a la cual Garzón fue frenado, “no impide que los tribunales españoles investiguen los crímenes”.

Ahora las víctimas del franquismo tienen que acudir a la Cámara Federal, que es el tribunal ante el cual puede ser apelada su decisión.