El ex aviador naval Julio Alberto Poch, imputado por su participación en los vuelos de la muerte durante la última dictadura, negó ayer ante el juez federal Sergio Torres haber piloteado los aviones desde los cuales la Armada Argentina arrojaba al mar a los secuestrados de la ESMA. En una declaración indagatoria que se prolongó durante casi nueve horas, en la cual respondió preguntas del juez y del fiscal Eduardo Taiano, Poch responsabilizó a sus ex compañeros de la aerolínea holandesa Tran-savia por un supuesto “malentendido” y negó incluso tener conocimiento sobre el método argentino de desaparición de personas, que el ex capitán Adolfo Scilingo admitió públicamente hace ya quince años. Sus colegas europeos fueron quienes denunciaron que durante una cena en un restaurante de Indonesia el piloto argentino contó “cuando a bordo de su avión se echaba fuera de borda a personas con vida con el fin de ejecutarlas”.

Un día después de llegar extraditado desde España y luego de su primera noche en el penal de Marcos Paz, Poch se defendió ayer aduciendo que mantenía “una interna laboral” con sus denunciantes, según relató una fuente judicial. Para demostrarlo presentó una serie de declaraciones de concepto favorables, firmadas por otros pilotos de Transavia ante un escribano de Amsterdam. “Algunos dijeron haber estado en esa cena y no haberlo escuchado jactarse de arrojar gente viva al mar”, contó la fuente.

El teniente de fragata retirado reiteró los dichos que había desarrollado ante la Justicia en España: dijo que se había especializado en pilotear aviones caza bombarderos y que no estaba capacitado para manejar aparatos de transporte como los Electra o los Skyvan, los dos modelos de la Armada en los que admitió haber arrojado personas el ex capitán Scilingo, condenado en España a más de mil años de cárcel.

La confesión de Poch ante sus compañeros de Transavia ocurrió durante una cena con buen vino en un restaurante de la isla de Bali, en Indonesia, luego de que los holandeses calificaran de “régimen criminal” a la dictadura argentina. “Poch dijo que teníamos una imagen errónea de la época, que hubo una guerra y en la guerra muere gente”, relató el piloto Tim Weert. Luego contó “cuando a bordo de su avión se echaba fuera de borda a personas con vida con el fin de ejecutarlas”, agregó. “No hay problema, estaban drogados”, les aclaró Poch. “Su comportamiento era impresionante. Defendía el hecho de haber arrojado gente al mar”, destacó Edwin Brouwer, impresionado “por su gesto, el movimiento que hizo con la mano, como si dejara voltear un avión para dejar escapar la carga”. A diferencia de lo que ocurre en las aerolíneas argentinas, donde no han faltado relatos de pilotos y mecánicos que en los ‘80 tomaron distancia de las Fuerzas Armadas, cuando los testigos holandeses informaron sobre la confesión, su jefe Geert Geroen Engelkes denunció a Poch ante la Policía Nacional. “Era mi obligación como persona y ciudadano del mundo”, explicó.

Poch tiene 57 años y se retiró de la Armada en 1981. Ya en democracia se radicó junto con su esposa y sus tres hijos en Zuidscherme, una localidad a 25 kilómetros de Amsterdam, capital del Reino de los Países Bajos. Trabajó para la aerolínea Transavia hasta el 22 de septiembre pasado. Durante su escala en Valencia, donde había comprado una casa y pensaba radicarse para gozar de su jubilación, fue detenido por la policía española a pedido de la Justicia argentina. El juez Sergio Torres había solicitado su captura internacional luego de escuchar en persona, en Holanda, a los testigos de la confesión.

Ante los jueces de la Audiencia Nacional de España, Poch anticipó que se consideraba “malinterpretado” por sus colegas y aseguró que no tenía “nada que ver” con los vuelos de la muerte. El proceso de extradición continuó y fue aprobado por el Consejo de Ministros de España. El piloto argentino llegó a Ezeiza el jueves por la madrugada. Luego de la extensa indagatoria de ayer, de la que también participaron el secretario Pablo Yadarola y el abogado del imputado, Gerardo Ibáñez, Poch fue enviado nuevamente al penal de Marcos Paz junto con Etchecolatz, Von Wernich & Cía. El juez Torres debe resolver su situación procesal dentro de los próximos diez días hábiles.