El juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino El Vesubio se resiste a poner segunda. A dos meses y medio de la audiencia inicial, luego de varias postergaciones por dificultades para conformar el tribunal y para acondicionar una sala adecuada en Comodoro Py, el inicio de la ronda de declaraciones de sobrevivientes y familiares de desaparecidos que debía comenzar mañana deberá esperar una semana más. El motivo, inédito en la historia de los procesos a represores, es el intento de renuncia en pleno proceso del cuarto juez del Tribunal Oral Federal N° 4, el subrogante César Osiris Lemos, quien al conocer el cronograma de audiencias testimoniales adujo “problemas de agenda” en función de su cargo en el fuero penal económico. El testimonio de Jorge Watts, el primer sobreviviente que podrá desmenuzar frente a verdugos y jueces los pormenores del campo de concentración del Primer Cuerpo de Ejército por el que pasaron más de dos mil quinientos secuestrados, podrá escucharse recién el lunes 17 de mayo.

La causa por privaciones ilegales de la libertad, torturas y homicidios en El Vesubio, que dependía del Regimiento III de La Tablada, comenzó a instruirse en plena dictadura gracias al trabajo del juez Carlos Oliveri, ya fallecido, una rara avis que a comienzos de los ’80 recibía denuncias de los organismos. Tras la anulación de las leyes de impunidad la instrucción estuvo a cargo del juez federal Daniel Rafecas, que elevó la causa a juicio en 2006. Luego hizo cola en el TOF5 porteño hasta marzo de 2009, cuando la Cámara de Casación redistribuyó los expedientes que por conexidad se abarrotaban en ese tribunal. El proceso sufrió después dos postergaciones, a mediados de diciembre y de febrero, por dificultades para conformar el tribunal tras la jubilación de una jueza. Comenzó el 26 de febrero al atardecer, a contraturno de los procesos por la ESMA y el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo, por falta de salas alternativas en Comodoro Py. Las audiencias, en horario atípico para la burocracia judicial, se prolongaron hasta el martes, cuando se terminó de instalar un blindex (“para proteger de agresiones a los imputados”, sic) en otra sala del subsuelo de tribunales, donde a partir de junio también se juzgará al primer grupo de represores de Automotores Orletti.

La lectura de la elevación a juicio de Rafecas insumió las primeras diez audiencias, distribuidas en seis semanas. El 19 de abril se abrió la ronda de indagatorias, que inauguró el general retirado Héctor Humberto Gamén, ex segundo comandante de la Brigada de Infantería X. Según las crónicas de las audiencias que pueden leerse en el sitio web del Centro de Estudios Legales y Sociales, el militar de 84 años se limitó a enfatizar su grado y el acento de su apellido. Gamén, quien días antes había admitido en un diálogo privado que escuchó media sala su frustración por no “haberlos matado a todos”, negó haber tenido algún apodo y explicó que “de acuerdo con lo conversado y acordado” con sus abogados defensores prefería no declarar.

Un día después pasó al frente el coronel retirado Pedro Alberto Durán Sáenz, oficial de Inteligencia de la Brigada que oficiaba de jefe en El Vesubio y que alternaba torturas y violaciones a secuestradas en su residencia, durante la semana, con misas dominicales en familia en sus pagos de Azul, la ciudad natal de Alfredo Astiz. Con la cabeza gacha, sin despegar la mirada del piso, el militar a quien sus subordinados llamaban “Delta” negó haber usado apodos y también se negó a declarar, por lo cual debieron leerse sus declaraciones en la etapa de instrucción.

Luego comenzaron a desfilar los ex agentes de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal que actuaron como guardias en El Vesubio. “En esta sala se me... se me... se, eh... perdóneme, estoy nervioso”, tartamudeó Ramón Antonio Erlán, 65 años, quien negó haber pisado el centro clandestino, desmintió que le hubieran asignado el alias “Pancho” y apuntó que en su familia lo llaman simplemente “Moncho”. Ricardo Néstor Martínez, alias “Pájaro”, también negó haber usado apodos. “Nunca presté servicio en El Vesubio ni conocí ese lugar. Niego expresamente todas las causas que se me imputan. Jamás he privado de la libertad ni hecho tormentos (sic) a ninguna persona”, fueron sus palabras. En el último turno, Héctor José Maidana, 59 años, alias Paraguayo, recordado como uno de los guardias más crueles del centro clandestino, anunció que declararía pero que no respondería preguntas. A poco de comenzar, con ostensibles signos de nerviosismo, olvidó el libreto y dio por terminada la exposición. El fiscal federal Félix Crous y los abogados querellantes apuntaron que las palabras de Maidana no constituían una declaración y el tribunal accedió a que se leyeran sus indagatorias anteriores.

El 21 de abril fue el turno del penitenciario Diego Salvador Chemes, recordado por los sobrevivientes por su apodo, “Polaco”, quien trabajó en una agencia de seguridad privada hasta el día de su detención. Chemes también anunció que iba a declarar pero no a responder preguntas. Luego leyó los nombres de las 156 víctimas por las que se lo juzga y negó su intervención “en todos y cada uno de los hechos”. A pedido del tribunal, el agente comenzó a enumerar sus destinos. Cuando iba a nombrar al regimiento del que dependía El Vesubio, el defensor oficial lo interrumpió. Comenzó entonces una extensa discusión sobre cuestiones procesales, que consumió el resto de la audiencia. Finalmente el tribunal consideró que Chemes no había declarado y se leyeron sus declaraciones anteriores.

El martes pasado, en sala nueva y por primera vez en horario de tribunales, debía declarar Roberto Carlos Zeolitti. Pero no fue posible. El tribunal informó de la renuncia del juez Lemos –que en 1989/1990 recorría juzgados para puntear causas de futuros indultados como abogado del Poder Ejecutivo a cargo de Carlos Menem– y de un cuarto intermedio de seis días, que dejó helados a los presentes. La Cámara Nacional de Casación Penal finalmente rechazó la renuncia y designó a un juez subrogante en el puesto original de Lemos. El Sapo Zeolitti pasará al frente mañana. El martes, a puertas cerradas, tendrá la palabra el coronel Hugo Pascarelli. Por sus problemas en el corazón declarará en una habitación aislada, frente a una cámara, acompañado sólo por su abogado y un médico.